Por Eduardo Fernández (presidente de Apyme)
Desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) estamos estudiando qué resoluciones deja sin efecto, sobre todo el nuevo techo del 500% de aumento al sector porque el fallo habla de dejar sin efecto resoluciones como esta. Nosotros habíamos propuesto la necesidad de un defensor, un ombudsman que hubiera abarcado esto mismo que la Corte marca con respecto a los derechos colectivos y que nos parece que sí contemplaba el dictamen de la procuradora Gils Carbó, cuando habla sobre la progresividad y en caso esencial para la subsistencia de medianas y pequeñas empresas.
A nosotros nos coloca en un momento de estudiar más profundamente el fallo. Esto ha provocado angustia en los pequeños y medianos empresarios, desde febrero sobre la energía consumida. Si esto se extendiera a otros servicios habrá un cúmulo de deuda.
Apyme emitirá un comunicado de un análisis del fallo porque el criterio de la Corte deja a las pyme en situación de desprotección. Existe un universo de representaciones, pero reconoce al usuario residencial y desconoce a más de 600 mil pymes.
El hecho de que se aplique el fallo al usuario residencial implica que ese monto de dinero que iba a ir a las prestadoras de servicios monopólicas podrá ser volcado en el mercado interno. Eso es una buena noticia. Pero para las pequeñas empresas es un acta de defunción.
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