Perú: represión y muerte en un escenario incierto

Como una espiral inacabable, un fatídico Día de la marmota político, Perú vuelve a transitar una crisis de gobierno que tiene a un presidente destituido y encarcelado, una presidenta interina con casi nula legitimidad, que empieza a trastabillar más allá de haber sido originalmente sostenida por los sectores de extrema derecha; en un contexto de protestas nacionales, represión y muertes y con la imagen popular del Poder Legislativo por el suelo.

En apenas una semana de gestión en reemplazo de Pedro Castillo, tras el golpe parlamentario de la semana pasada, la hasta entonces vicepresidenta Dina Boluarte anunció ayer una recomposición del Gabinete, después de la renuncia de los ministros de Cultura y de Educación en rechazo a la represión, que ya deja al menos una veintena de fallecidos. En su breve lapso de gobierno, Boluarte fue modificando su discurso de cuándo convocaría a elecciones y finalmente envió un proyecto de ley el viernes para llevarlas a diciembre de 2023 con cambio de gobierno en 2024. La propuesta no obtuvo la mayoría calificada que se exige para ser tratada por el Congreso, al deberse a una reforma constitucional, y finalmente la sesión fue suspendida sin nueva fecha por el titular del cuerpo, José Williams.

“El Congreso tiene que reflexionar y actuar de cara a los intereses país. El 83% de la población quiere el adelanto de elecciones”, indicó Boluarte en una conferencia de prensa posterior a la fallida sesión, haciendo referencia a una encuesta reciente.

“Señores congresistas, no busquen pretextos para no adelantar las elecciones, no se abstengan en el voto, voten directamente de cara al interés del país. No se escuden detrás de una abstención. O es blanco o es negro, a medias tintas no se resuelven los problemas del país”, apuntó Boluarte, a la vez que descartó su renuncia: «¿Qué se resuelve con una renuncia mía? Acá vamos a estar, firmes, hasta que el Congreso resuelva el adelanto de elecciones”, dijo. En esa línea, Fuerza Popular, el partido de extrema derecha de Keiko Fujimori, la respaldó. “Guste o no, Dina Boluarte es la actual presidenta del Perú y ella debe liderar un proceso que no se da de manera inmediata y menos con amenazas”, dijo en un comunicado que repudia las protestas y pide el adelanto de elecciones.

Las fuerzas de izquierda -entre ellas Perú Libre, el partido con el que Castillo se presentó en 2021 y llegó a convertirse en presidente- piden en cambio que las elecciones se realicen en abril, para que el cambio de mandato pueda realizarse el mismo año, el 28 de julio, que es la fecha oficial en que asume cada nuevo gobierno. El otro reclamo que se instaló en estos sectores es de aprovechar la jornada electoral para presentar un referéndum constitucional y así redactar una nueva Constitución. “Lo que estamos planteando, lo que la población también peticiona, es una consulta para la Asamblea Constituyente, el pueblo decide, hay que devolverle al soberano su poder”, señaló el congresista de PL Jaime Quito.

“La derecha quiere elecciones pero con retorno a la bicameralidad y la reelección inmediata, con fines de perpetuarse en el poder. Para evitar esta burla es necesario ir a nuevas elecciones pero con el referéndum para la Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución”, expresó Vladimir Cerrón, presidente de ese partido. La propuesta de una nueva Constitución había sido uno de los principales ejes de campaña de Castillo, un tema clave para el juego político del país, ya que es justamente por causa de algunas cláusulas constitucionales que se llega a estas crisis de desgobierno. Cualquier nuevo presidente que no asuma con una mayoría real en el Congreso se enfrentará al mismo dilema, como les ocurrió en los últimos cuatro años a Pedro Pablo Kuczinski, Martín Vizcarra, Nahuel Merino y ahora a Castillo.

En tanto, el destituido Castillo deberá permanecer detenido hasta junio de 2024, según la orden del juez que lo investiga por rebelión y conspiración, tras adjudicarle un intento de autogolpe de Estado el 7 de septiembre. El magistrado consideró que existe «peligro de fuga» del exmandatario, luego de que había intentado asilarse en la embajada de México en Lima. Desde sus redes, el expresidente denuncia la represión, la usurpación perpetrada por Boluarte y reclama su liberación. Lo mismo ocurre con una masiva autoconvocatoria que surgió con mayor fuerza en el sur del país. Los manifestantes piden la libertad del destituido presidente Pedro Castillo, la renuncia de Boluarte, el cierre del Parlamento y elecciones generales inmediatas.

El cierre del Congreso, una de las instituciones más desprestigiadas del Perú, es un reclamo persistente en los últimos años. Incluso hubo festejo en varios sectores de la población cuando Castillo anunció la disolución del legislativo la semana pasada. Consideran que hubo razones válidas amparadas en la Constitución para llevar adelante ese proceso previsto en varios artículos de la Carta Magna.  «