Pidieron juicio oral para Milani por enriquecimiento ilícito

El fiscal federal Jorge Di Lello pidió enviar a juicio oral al detenido general César Milani, quien fue jefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto enriquecimiento ilícito a raíz de la compra de una casa en el barrio La Horqueta, del partido bonaerense de San Isidro, con dinero que no pudo justificar, informaron hoy fuentes judiciales.

Di Lello entregó su dictamen de elevación a juicio al juez federal Daniel Rafecas, quien ya dio vista a la querellante Oficina Anticorrupción y luego hará lo mismo con las defensas de los procesados en esta causa para que manifiesten su postura antes de resolver el envío del caso a sorteo de un tribunal oral, explicaron las fuentes a Télam.

«Encuentro acreditado que el incremento que ha importado la suma indicada para adquirir la casa de San Isidro por un valor de $ 1.500.000, reviste no sólo el carácter de apreciable, al cual alude la figura penal en cuestión sino también el carácter de injustificado», consideró el fiscal en su dictamen.

Milani está detenido en otra causa penal procesado con prisión preventiva por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en La Rioja durante la última dictadura cívico militar (1976-1983).
No obstante, en los tribunales federales de Retiro fue procesado por enriquecimiento ilícito y embargado en cinco millones de pesos luego de una investigación que dio por probado que la compra de la casa fue hecha con dinero que no pudo justificar.

También se lo procesó como «partícipe necesario» del delito al capitán retirado Eduardo Barreiro con un embargo de dos millones de pesos, porque Milani intentó demostrar sin éxito ante la Justicia que este acusado le había dado en efectivo 200.000 dólares para la casa a cambio de un departamento.

Un peritaje ordenado por la Cámara Federal porteña al confirmar el procesamiento a Milani determinó que el valor de mercado de la casa es de 480.000 dólares.

En 2010, Milani compró el inmueble y lo escrituró por 1,5 millones de pesos, según las actuaciones judiciales.