Plata y miedo no tenemos: sobre la destrucción del sistema científico argentino y la necesidad de defenderlo

Sin abandonar su habitual estilo provocado, en diciembre de 2025, el gobierno de Javier Milei anunció que volvía a cambiar las reglas del financiamiento público a la producción científica en la Argentina. La Agencia I+D+i dio de baja, de un día para otro, los proyectos aprobados en las convocatorias 2022–2023 —evaluados, adjudicados y con fondos asignados— y los reemplazó por instrumentos que dicen priorizar el financiamiento para investigación aplicada en asociación con empresas privadas.

Nuevas líneas que llevan el nombre “startup” en su convocatoria. En términos prácticos, si no hay una empresa del sector privado interesada y una aplicación comercial inmediata, el esfuerzo público pareciera ser inútil.

En paralelo, el Gobierno presenta un anteproyecto de Ley de Presupuesto que prevé un gasto para la Función Ciencia y Técnica que alcanzaría 1,57 billones de pesos en 2026, llegando a representar menos del 0,15% del PBI; el gasto público para dicha función más bajo desde que se mide en relación al presupuesto (hace más de 50 años) y uno de los registros más bajos del mundo[1].

A lo anterior hay sumarle que terminaremos el 2025 con el gasto público en educación superior más bajo de América Latina, con uno de los sistemas universitarios públicos más grandes de la región, que es además la sede de gran parte de la producción del conocimiento científico en el país.

El Gobierno ha recortado casi el 90% del poder adquisitivo (2025 vs 2023) de las partidas destinadas al financiamiento de la ciencia y la técnica en las universidades, y ha llevado los salarios de los y las investigadores e investigadoras del sistema universitario, y de los trabajadores y trabajadoras nodocentes que, entre otras cosas, sostienen con su trabajo los laboratorios universitarios, a los niveles más bajos desde 2002; en un recorte que no tiene antecedentes en la historia de la democracia.

Y no es un problema de recursos: la Ley de Financiamiento Universitario hubiera tenido un costo anual equivalente a lo que el Gobierno gastó en dos días de exenciones impositivas para evitar una corrida cambiaria unas semanas antes de las elecciones y que sirvieron para financiar apenas a cinco grandes empresas exportadoras.

La premisa oficial es, como casi siempre, simple: “que la ciencia y la tecnología queden en manos del sector privado”[2] nos había dicho el ahora presidente Milei durante su campaña. «¿Qué productividad tienen?», se preguntaba. Ahora, quizás planificando una transición hacia ese lugar, el Gobierno nos propone concentrar recursos donde realmente puedan “dar resultados”, evitar gastar en proyectos “no estratégicos”, y orientar la ciencia hacia lo que el mercado demanda.

Pero esa premisa, como casi siempre también cuando se trata de los argumentos del Gobierno Nacional en lo relativo a lo cosa pública, ignora asuntos de lo más elementales y conocidos por casi cualquiera: en este caso, que el conocimiento que no rinde dividendos inmediatos muchas veces es el que hace posible las innovaciones futuras más transformadoras, tanto las que podrán ser mercantilizables como las que no. Y que es el Estado, en el mundo (capitalista, “occidental”), el que financia ese tipo de conocimientos.

Y antes que algún lector, o lectora, mareados por los restos del humo del vuelo de los F16 del pasado sábado, señale que las anteriores son afirmaciones propias de un zurdo, empleado público empobrecedor, me gustaría recomendar la lectura de un artículo del Fondo Monetario Internacional (FMI) del año 2021, titulado, directamente, “Por qué es importante la ciencia básica para el crecimiento económico”[3]. 

Preocupados porque los aumentos globales del gasto en Investigación y Desarrollo no se venían traduciendo en aumentos en la productividad laboral (indicador clave para medir la capacidad de una economía para producir bienestar), los autores señalan que el problema debía buscarse en la composición de dicha inversión. En sus propias palabras: “la composición de la I+D importa para el crecimiento; la investigación científica básica afecta a más sectores, a más países y durante más tiempo que la investigación aplicada”. Según ese análisis, multiplicar los subsidios a la investigación privada y el gasto en I+D sin asegurar una base estable de ciencia pública no asegura productividad sostenida en el largo plazo.

Pero, aunque la utilización de la referencia al FMI es útil para poner en evidencia que lo que hace el Gobierno Nacional es inconsistente incluso con lo que recomiendan los países y organismos que ellos dicen admirar, no es necesario ir tan lejos. Es fácil ilustrar el absurdo de exigir “empresa asociada” desde el origen. Pensemos qué hubiera pasado si un Gobierno libertario hubiera decidido sobre financiamiento público a los físicos que en el siglo pasado exploraban la mecánica cuántica con la esperanza de entender el átomo, la materia y el universo.

Probablemente la agencia evaluadora les hubiera dicho: “muy interesante, pero no vemos el aporte a una startup; no es elegible”. Con este criterio, no habría semiconductores, no habría chips, no habría Internet, no habría resonancias magnéticas; no habría nada de lo que hoy consideramos “innovación tecnológica”; porque todo empieza como ciencia básica, sin cliente, sin mercado, sin CUIT.

Cualquiera que pase un rato en un buscador de internet y le interesen estos asuntos lo saben. Los países que lideran en ciencia y tecnología estructuran sus sistemas con una estrategia diversificada —una mezcla de ciencia básica pública, misiones estratégicas, investigación aplicada y colaboración público-privada. Cualquier que revise mínimamente los datos sabe que la ciencia básica, incluso en los países donde el sector privado invierte más que el público en ciencia, la financian los Estados. Porque no es fácilmente, ni enteramente, mercantilizable. Y menos aún en el corto plazo. Nadie apuesta todo a “lo que rinde ya”, al menos no nadie que entienda algo sobre el asunto o que no pretenda destruir el país en el que vive.

En síntesis, estamos frente a un recorte sin precedentes en la historia argentina del financiamiento público a la ciencia y a la técnica, y que ubica a la Argentina muy lejos del “occidente” medio inventado y difuso en el que dice mirarse. Los funcionarios públicos parecen ignorar, o pretenden que ignoremos, quién financia la ciencia en el mundo y que las externalidades que el financiamiento público genera en términos tecnológicos, en salud, en conocimiento histórico y social.

Es importante que entendamos que esto no se trata ni de un problema de falta de recursos ni de un problema gremial de quienes trabajan o se relacionan de algún modo con el sistema universitario. Argentina es de los países del mundo que menos recauda a los altos ingresos, tanto de las personas como de las empresas; es falso que no hay otro camino que ser el país latinoamericano que menos recursos públicos destina a su sistema científico. Y si el Estado renuncia a sostener aquello que garantiza el futuro común, dejamos de ser una nación: seremos apenas individuos compartiendo un territorio por accidente. No hay moda electoral que justifique semejante pérdida. Y no debería haber moda electoral que nos haga perder de vista esto.

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[1] https://ciicti.org/10-datos-sobre-la-destruccion-de-la-ciencia-en-el-presupuesto-2026/

[2] https://www.infobae.com/politica/2023/08/16/javier-milei-propuso-privatizar-el-conicet-que-productividad-tienen-que-han-generado-los-cientificos/?utm_source=chatgpt.com

[3] https://www.imf.org/en/blogs/articles/2021/10/06/blog-ch3-weo-why-basic-science-matters-for-economic-growth?utm_source=chatgpt.com

Germán Pinazo es vicerrector en ejercicio del Rectorado de la Universidad Nacional de General Sarmiento e investigador del CONICET.