Hubo respaldo oficial a la fumigación con agrotóxicos y la a megaminería. La deforestación llegó a niveles récord.
Se calcula que en la Argentina hay unos 12 millones de personas que viven en zonas sobre las que se arrojan entre 350 y 400 millones de litros de agrotóxicos al año. En noviembre del año pasado, durante el 1° Encuentro Regional de Pueblos y Ciudades Fumigadas, se llegó a la conclusión de que unos 700 mil niños, niñas y adolescentes «son fumigados en horarios de clase mientras ejercen su derecho a la educación en las escuelas rurales del país».
«La connivencia política entre los gobiernos y las grandes empresas, en particular las del agronegocio, atenta contra la democracia y es un importante factor de destrucción de los ecosistemas y un obstáculo para su protección», argumentó Greenpeace en un informe elaborado en 2017, donde destacaba la figura de Leonardo Sarquis, el ministro de Agroindustria bonaerense que fue gerente de Monsanto.
El país también se encuentra en emergencia forestal. La superficie desmontada durante 2018 sólo en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco fue de 112.766 hectáreas. Más grave aun es que casi el 40% de la deforestación se produjo en bosques protegidos.
La industria extractiva también se extendió sin control. Un informe reveló que existen al menos 44 proyectos mineros en zonas donde está prohibido por la Ley de Glaciares, en tanto, en Mendoza, el fracking utiliza un promedio de 14 a 25 millones de litros de agua y un cóctel de entre 700 y 900 productos químicos altamente tóxicos y contaminantes. «
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