Iniciativas para producir políticas públicas eficientes para la industria audiovisual

Dentro del universo amplio y heterogéno de las industrias culturales y creativas, el sector audiovisual es uno de los que recibe mayor visibilidad. Sus productos, las películas y las series, pero también la publicidad o el desarrollo de videojuegos, constituyen uno de los consumos más masivos a nivel global desde hace por lo menos un siglo. El advenimiento de redes sociales como Instagram o Tiktok llevó el vínculo entre las personas y la producción audiovisual a niveles de una intimidad inédita. Al punto de que en la actualidad el analfabetismo audiovisual casi no existe entre las personas menores de 60 años.

A contramano de esa explosión, en la Argentina el gobierno de Javier Milei viene llevando una cruzada contra la cultura en general, pero que tal vez tiene su mayor ensañamiento con la industria audiovisual. Pero no solo en el nivel discursivo, despreciando a la producción argentina cada vez que le ponen un micrófono adelante al Presidente o a sus esbirros más verborragicos. También a nivel institucional, degradando el ente encargado de gestionar la actividad, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), apropiándose de sus medios de financiación y desvirtuando sus fondos a partir de su desvío y uso ilegítimo. Desde la llegada al poder de presidente libertario, la industria audiovisual del país pasó de ser una de las más prolíficas y respetadas de la región, a convertirse en un páramo donde solo filman los más tenaces o los que pueden.

En ese contexto, la realización de la charla sobre políticas de financiamiento del sector organizada en el marco del Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas, que tiene lugar hasta este sábado en la ciudad de Mendoza, aparecía como una gran oportunidad para analizar la compleja situación y tomar al toro por las astas (o al león por la melena). El panel estuvo integrado por Silvina Magalí Nano, Subdiretora de Industrias Culturales y Coordinadora del Polo Audiovisual Córdoba; Cecilia Priguetti y Paula Astiz, ambas analista en el área de Industrias Culturales del Consejo Federal de Inversiones (CFI, organizadores del encuentro); y la mexicana Adriana Castillo, gerente de Relaciones Institucionales de Egeda México. Entre ellas expusieron diversos mecanismos para el financiamieneto de producciones audiovisuales, creados y gestionados por las instituciones a las cuales pertenecen.

Diseñando políticas para incentivar al audiovisual

Quien abrió las intervenciones fue Nano, que explicó el formato y los mecanismos de las políticas públicas de fomento desarrolladas por el el estado cordobés. Se trata de políticas de estado integrales sostenidas en la atención de cinco pilares: la capacidad de articular los distintos elementos involucrados en producciones complejas como las que generan las industrias culturales; la identidad narrativa, es decir la capacidad de dialogar o representar aspectos de la cultura local; la idea del motor productivo, que implica entender a los proyectos no solo como hechos culturales, sino de productos suceptibl de ser comercializados; la sostenibilidad que permita que las políticas de estado puedan trascender las gestiones; y la internacionalización, que permita abordar las películas o series como oferta exportable.

La representante cordobesa mencionó además que para hacer que la procucción avance es necesario crear legislaciones y organismos específicos que sostengan la inicativa. En ese punto consideró que en Argentina  es fundamental avanzar sobre el objetivo de descentralizar la producción, para reducir la dependencia que las distintas regiones mantienen con Buenos Aires. Para conseguirlo, Nano afirmó que es necesario generar regimenes de exenciones trbutarias que colaboren con el fomento y la difución de la industria en cada provincia, a demás de potenciar herramientas de financiameinto, planes de fomento y beneficios tributarios, como el cash rebate, que  reintegro de gastos efectivamente realizados en el territorio como parte de la producción realizada. Por último, la creación y desarrollo de líneas de crédito pensadas de forma especifica para el sector.

Como ejemplo, Nano mencionó el Régimen IECA (Incentivo a la Exhibición de Contenido Audiovisual Cordobés), que entre otras cosas incluye la exención de ingresos brutos, la creación del Banco de Contenido Audiovisual encargado de curar los proyectos cordobeses o aquellos a los que se declare de interés para la provincia, y de garantizar la exhibición de las producciones elegidas una vez terminadas.

A continuación, Astiz y Priguetti fueron las encargadas de exponer las iniciativas desarrolladas a partir del trabajo realizado por el CFI. Astiz mencionó la importancia de algunas herramientas diseñadas desde el organismo, como el  Puente Audiovisual o la creación del Fondo de Garantías CFI. La primera permite el acceso al financiamiento que fuciona a partir de una estructura colaborativa entre las provincias y CFI para potenciar y optimizar resultados. La segunda, inspirada en el modelo de Egeda-Crea (México), consiste en el desarrollo de lineas de garantía exclusivas para la industria audiovisual, cuyo objetivo es potenciar el acceso a créditos de las productoras audioviusales.

Priguetti completó la descripción de ambas políticas. Afirmó que la primera es una herramienta financiera pensada para productoras que tengan aprobados cash rebates con provincias o tengan firmados contratos de licencia con plataformas o distribuidoras que aseguren flujos futuros. Además, aseguró que se trata de uno de los mecanismos con mejor rendimiento en el balance costo beneficio de los que están disponibles entre los organismos de financiación disponibles. En relación a la segunda, explicó que se trata de un sistema de garantías que pueden ser presentadas como avales ante instituciones bancarias o crediticias, para habilitar una via de financiamiento que de otro modo resultaría inaccesible.

Por último, Castillo realizó una muy detallada exposición acerca del modo en que las políticas desarrolladas por instituciones como el CFI o  EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) le permiten a las productoras resolver problemas de financiamiento u optimizar el planeamiento y el cumplimiento de los requisitos legales que estas demandan. La gestora mexicana afirmó que en el ámbito de la industria audiovisual latinoamericana muchas veces lo que hace falta no es el talento, ni proyectos ni historias, sino la capacidad de convertir las iniciativas en “operaciones financiables”, es decir, capaces de ser pensadas como productos dentro de un mercado. Alcanzar esos objetivos, señaló, no solo permite que una película pueda ser terminada, sino generar un circuito virtuoso que también hará posible las condiciones para encarar y completar otros proyectos en el futuro.

Buena parte de las dificultades para conseguirlo, explicó la especialista, radica en que una industria cultural como la audiovisual responde a otros ritmos y tiene tiempos que son muy distintos a los de otros sectores. “Los bancos no confían y no entienden que un proyecto audiovisual tiene otros modelos de negocio”, reconoció. Ahí es donde entran a tallar las SGR (Sociedad de Garantías Recíprocas), que acompañan en la profesionalización de los procesos legales necesarios para que un proyecto se convierta en un producto potencialmente comerciable. Las SGR proporcionan avales que lasmayoría de las productoras audiovisuales de la región no están en condiciones de ofrecer, pero a un costo considerablemente más ventajoso.

“El talento necesita estructura y la creatividad necesita respaldo para generar modelos que le peritan a los productores acceder al sistema financiero no como excepción, sino como regla”, sostuvo Castillo. Una idea que Astiz se encargó de redondear: “El fomento no consiste solo en generar subsidios, sino también reglas claras, porque sin reglas financieras el talento solo no alcanza”.