La Ley de Cannabis Medicinal es una plataforma sólida de acuerdos fundamentales que permite pensar un porvenir con mejores políticas públicas.
La nueva reglamentación, también reconoce el trabajo paciente de las organizaciones civiles: miles de ciudadanas y ciudadanos preocupados en poner fin a una clandestinidad cruel, y también ocupados en que el Estado deje de estar al margen de la realidad y tome una decisión trascendental: garantizar derechos por demasiado tiempo postergados. El aporte de esas personas es invaluable, porque transitando situaciones de salud apremiantes y siendo criminalizadas, nunca dejaron de apostar a construir una sociedad mejor.
Por supuesto, también es un reconocimiento a las diferentes instituciones públicas, desde universidades hasta municipios y provincias, que comenzaron a discutir alternativas para acompañar a usuarios y usuarias desde sus posibilidades. Ahí están los servicios de varias facultades dispuestas a acompañar a quienes quieren mejorar sus aceites medicinales. Ahí están las normas que concejales y legisladores provinciales han impulsado porque entendieron que era su responsabilidad hacerlo. Ese camino recorrido comenzará a rendir sus frutos en poco tiempo, cuando se multipliquen las adhesiones a la ley nacional.
Se trata de un nuevo piso que fue construido por múltiples actores y que requerirá trabajo a medida que el tiempo evidencie nuevas necesidades. La nueva reglamentación es una plataforma sólida de acuerdos fundamentales que permite pensar un porvenir con mejores políticas públicas.
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