La Cámara Baja le dio media sanción a la norma que fija nuevas normas para locatarios y locadores, y crea el Programa Nacional de Alquiler Social, destinado a la adopción de medidas que tiendan a facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler mediante una contratación formal.
El presidente de la comisión de Legislación General y uno de los principales impulsores de la norma Daniel Lipovetzky al abrir el debate enfatizó que la ley prohíbe la indexación y ata parte de los alquileres al aumento de los salarios.
Por su parte, el diputado del FpV, Adrián Grana, destacó que la nueva ley de alquileres dará “previsibilidad” a las familias y a los “casi nueve millones de argentinos que tienen la obligación de alquilar sus casas, porque para la mayoría no es una opción”.
En ese contexto el legislador resaltó: “Hay familias que se convierten en familias nómades, porque no pueden terminar de asentarse en un barrio o inclusive en una provincia. Cuando hablamos de previsibilidad, no hablamos de una cuestión menor, estamos hablando de una cuestión central. Previsibilidad para arraigarse, afianzarse, poder construir identidad”.
El proyecto que obtuvo la media sanción de la Cámara Baja establece que tan sólo una vez al año se actualice el valor conforme a un índice compuesto en partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), que deberá ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Además la extensión mínima del contrato, según marca el texto, será de tres años y habrá facilidades para acceder a garantías. El locatario podrá elegir dos opciones entre: garantía inmobiliaria, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o certificación de ingresos/recibo de sueldo. Y el propietario deberá aceptar una de las propuestas.
La norma también establece que el depósito de garantía será devuelto mediante la entrega de una suma equivalente al precio del último mes de la locación, o la parte proporcional en caso de haberse acordado un depósito inferior a un mes de alquiler.
Por otra parte, la norma crea el Programa Nacional de Alquiler Social destinado a la adopción de medidas que tiendan a facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler mediante una contratación formal.
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