Por la gobernabilidad, el FMI apunta a la corrupción de Milei

Los flagrantes casos de corrupción y la cada vez más aguda falta de transparencia que sacuden al gobierno de Javier Milei, del que el caso de Manuel Adorni es solo uno de los exponentes, ya son motivo de preocupación en los círculos financieros. Pero lo que hasta ahora era algo que se decía en voz baja y no formaba parte de los informes públicos, estalló de la manera menos pensada: el Fondo Monetario lo expuso blanco sobre negro en su reciente informe que acompañó la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina.

«Es necesario fortalecer los marcos preventivos anticorrupción, ya que los regímenes de declaración de activos se caracterizan por una verificación limitada, baja transparencia, publicación tardía y aplicación desigual. Las normas sobre conflictos de intereses siguen estando limitadas por reglas porosas y una débil capacidad de aplicación», dijo el documento.

No hay antecedentes de un planteo similar del Fondo a la Argentina de 2018 a esta parte, cuando el entonces presidente Mauricio Macri tomó el inédito préstamo del Fondo por U$S 44.500 millones.

Pero el Fondo tampoco emitió advertencias similares durante los dos gobiernos de Carlos Menem, caracterizados por una corrupción rampante. El FMI hizo la vista gorda ante la evidencia porque privilegió sostener un gobierno que se ubicó con firmeza en la órbita de los Estados Unidos, rompiendo con décadas de relaciones distantes. De allí su defensa de la convertibilidad. Años después, haría una autocrítica admitiendo que tuvo “complacencia política” para con Menem.

Aunque Milei despliega ahora el mismo camino de acercamiento a Washington que Menem, el FMI le critica la corrupción. En algunos círculos se cree que ello tiene que ver con la debilidad política de la Casa Rosada frente a un mal humor social. Desde esa perspectiva, el organismo multilateral temería que la descomposición libertaria sumado a la crisis social derive en un retroceso de las políticas de defensa del capital, como la garantía del pago de la deuda pública, la reducción de impuestos, el RIGI y la eliminación de regulaciones y controles al comercio y el flujo de capitales.