Crece la preocupación por el Programa de Cuidados Paliativos: Lugones no negó el desguace

“Esto es falso. Todos los programas y medicamentos están garantizados por el Ministerio de Salud”, escribió en su cuenta de X el titular de la cartera, Mario Lugones, tras las denuncias sobre el proceso de desmantelamiento del Programa Nacional de Cuidados Paliativos. El ministro negó que haya faltante de opioides en los hospitales públicos y apuntó a los “curros de la era kirchnerista” en el Instituto Nacional del Cáncer (INC). Sin embargo, no negó el desguace de esas áreas y aspira a que el tema quede en manos de las provincias, con el corrimiento del Estado Nacional.

La semana pasada se difundió el testimonio de una médica e integrante del Programa que advertía sobre su desmantelamiento, con el despido de seis de sus ocho integrantes y la suspensión de la compra de opioides (morfina y metadona), necesarios para aliviar dolores en pacientes terminales y con enfermedades crónicas graves.

“Los insumos de este año los va a garantizar el Ministerio. De ahí en más tienen que hacerse responsables las provincias: así lo estipula la Ley de Cuidados Paliativos”, respondieron desde la cartera de Lugones ante la consulta de este diario. Lo que dice la normativa, en su artículo 10, es «Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley».

En las últimas horas, la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos (AAMyCP) emitió un comunicado que desmiente esa versión. “Nos hemos comunicado con los diferentes referentes provinciales, quienes nos aseguraron que, desde agosto del 2024, la mayoría de las provincias se están haciendo cargo de la compra de diferentes analgésicos opioides, sin mencionar desabastecimiento, aún con las diferencias propias de cada provincia”, señala el texto firmado este martes por las doctoras Silvina Dulitzky, presidenta de la entidad, y María de los Ángeles Minatel, directora ejecutiva.

En su mensaje cuestionan además no haber recibido respuesta oficial ante las consultas enviadas desde la semana pasada. La única información que tuvieron fue a través de la publicación de Lugones en redes sociales. Y reiteraron “la importancia de que exista un Programa Nacional de Cuidados Paliativos, más allá de la provisión de analgésicos opioides, entendiendo que dicho programa es una política pública fundamental en la rectoría de la implementación y desarrollo de equipos en todo el país, que busca asegurar la calidad de atención mediante capacitación continua de los profesionales de la salud y la comunidad, participando en la asesoría de las diferentes provincias e instituciones cercanas a los Cuidados Paliativos, tanto públicas como privadas u ONGs que se vinculan con la temática”.

Que se ocupen las provincias

Desde que asumió como ministro de Salud, Lugones apunta a que Nación se ocupe de cada vez menos cuestiones sanitarias y que la garantía de derechos sea responsabilidad de las provincias. Así quedó reflejado en el marco del primer intento de cierre del Hospital Bonaparte, cuando el Gobierno admitió su intención de traspasar, privatizar o cerrar los hospitales nacionales.

Dulitzky enfatizó la necesidad de que Nación no se corra de su rol para garantizar la igualdad de acceso a opioides y terapias en todo el país, más allá de la situación de cada jurisdicción. “Nación lo que hace es garantizar la equidad de accesibilidad, porque hay diferencias entre las provincias” con más y menos recursos. “Tenemos una población creciente de pacientes con necesidad de atención paliativa, que si no la reciben van a fallecer con un sufrimiento que se podría aliviar”.

La accesibilidad estaba lejos de ser total, pero la existencia del Programa apuntaba a homogeneizar las posibilidades en distintos puntos del país. “Del 100% de la población que necesitaría tener una atención paliativa, solo la recibe el 14%. Eso a nivel mundial, y en Argentina las cifras son parecidas”, alertó. Y agregó: “Si no tenés un vademécum básico y provisión de opioides, tenés población con indicación analgésica pero sin accesibilidad”.

“Si cada provincia se hace cargo de todo por sí sola, vamos a tener diferencias enormes entre CABA y Tucumán, entre CABA y Jujuy. El Ministerio de Salud de la Nación tiene un rol de rectoría para garantizar la equidad”, reclamó el diputado de Unión por la Patria (UP), Pablo Yedlin, según consignó el portal Parlamentario.

“El Gobierno nacional ha decidido dejar de comprar morfina y otros insumos esenciales de los cuidados paliativos. Esto es inadmisible, cuestionó. Y agregó: “La medida, vinculada a un recorte presupuestario, afecta la provisión de morfina y metadona en todo el país y deja sin apoyo a los equipos especializados en el tratamiento del dolor. Desde su asunción, el Gobierno ha adoptado una postura de descentralización de la salud, argumentando que es responsabilidad exclusiva de las provincias. Si bien la Constitución reconoce el federalismo en la administración de la salud, la Constitución del ’94 establece la salud como un derecho y que el Estado, en todas sus partes, debe garantizarlo”.

Apuntan contra el INC

Fuentes del Gobierno aseguraron que se está realizando un “relevamiento” del Instituto Nacional del Cáncer, “producto de un mal funcionamiento que hizo que en los últimos años no cumpliera con sus tareas principales”. Argumentaron que se detectaron “decenas de casos” de personal que cumplía funciones que ya se realizaban en el Ministerio, y “con malos resultados”.

Afirmaron que la “gestión ineficiente” llevó a que se compraran opioides de más y se dejaran vencer, y apuntaron específicamente contra la especialista que denunció el desmantelamiento del Programa Nacional de Cuidados Paliativos. A partir de eso, anunciaron la revisión de todos los procesos de compra de 2022 y 2023. Cabe recordar que lo mismo hizo el gobierno de Javier Milei para justificar las interrupciones y demoras en la provisión de medicación oncológica y de alimentos a comedores. Ambas cuestiones aún se dirimen en la Justicia.

Hasta el momento, el accionar del Ministerio sobre el INC tiene que ver con subejecución y despidos. Hubo 56 desvinculaciones, a partir de las cuales presentó su renuncia la directora, Verónica Pesce. En tanto, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la subejecución presupuestaria del gobierno de Javier Milei durante 2024 mostró que, para el INC, fue nada menos que del 55%.

Como secretaria de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, la socialista Mónica Frade realizó un pedido de informes para tener datos certeros sobre la situación de los pacientes que se encuentran bajo el Programa de Cuidados Paliativos y la entrega de medicamentos oncológicos.