La jueza neoyorquina rechazó la moción de reconsideración presentada por Argentina.
En el 2012, Cristina Kirchner, en línea con la ley argentina, ordenó expropiar el control de la misma, que tenía Repsol, y luego fondos especulativos -que amasan su fortuna provocando crisis económicas en distintos países- decidieron comprar la posibilidad de demandar al país.
En este escenario, Preska pretende que el gobierno argentino presente en el marco del juicio un listado completo de todos los activos del país en el exterior, incluso los estratégicos de defensa.
La controvertida magistrada ya había dispuesto que la Argentina le informe cuáles son sus bienes en el extranjero. Pero la defensa argentina se negó, argumentando que tenía que hacer una lista específica.
El gobierno argentino solicitó diferenciar bienes “comerciales” de aquellos estratégicos, como los que se utilizan en Defensa.
La Argentina solicitó limitar los requerimientos de discovery exclusivamente a activos potencialmente ejecutables”.
Por eso, le pidió a Preska que reconsidere el caso, para delimitar la información que debía entregar.
Pero, lejos de dar lugar a ese pedido, Preska le ordenó ahora a la Argentina que haga exactamente lo contrario: informar todos sus activos, tengan el origen que sea.
Preska dijo que, luego de recibir esa información, ella decidirá cuáles son los activos potencialmente “embargables” y cuáles podrían estar exentos de cumplir con obligaciones comerciales.
La Argentina había ganado una apelación en el Segundo Circuito de los tribunales de Manhattan, que le permitió no entregar ahora el 51% de las acciones de YPF, otra de las sorprendentes órdenes de Preska.
Pero la magistrada reaccionó rápido y, unos días después, ratificó que la Argentina debe entregarle comunicaciones y chats de los ministros de Economía del país, siempre relacionados con el juicio que los fondos buitres Burford y Eton Park mantienen contra la República.
En el marco de esta causa, la Argentina tiene otras dos apelaciones pendientes:
Contra el fallo en si mismo, que ordena al país a pagar u$s 16.100 millones a dos fondos, por incumplimientos en el estatuto de YPF cuando se expropió la compañía, en 2012.
La otra es contra la orden de entregar el 51% de las acciones de la compañía por no haber cumplido el fallo anterior.
“La Procuración del Tesoro informa que la jueza Loretta Preska rechazó la moción de reconsideración presentada por la República Argentina en el caso YPF, que solicitaba limitar los requerimientos de discovery exclusivamente a activos potencialmente ejecutables”.
“Esta decisión se suma a la decisión emitida la semana pasada, que también desestimó la solicitud de reconsideración referida a los pedidos de discovery sobre dispositivos y cuentas personales de funcionarios y exfuncionarios”, indicó.
En ambas presentaciones, la República Argentina sostuvo que los requerimientos cuestionados resultan contrarios tanto a la jurisprudencia de los Estados Unidos como a la legislación argentina, respaldando sus mociones con abundante jurisprudencia relevante.
La Procuración del Tesoro considera que tales resoluciones son equivocadas y, en consecuencia, se encuentra evaluando las vías procesales adecuadas para su impugnación dentro de la estrategia general del juicio.
El próximo jueves 4 de septiembre se celebrará en Nueva York una audiencia previamente fijada en el marco del seguimiento del proceso de discovery.
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