Mientras el Gobierno nacional avanza con la licitación que definirá el futuro de la empresa, entidades sociales, ambientales, sindicales y foros hídricos llevarán adelante distintas acciones para alertar sobre las consecuencias que tendría para el acceso al agua potable y el saneamiento.
«Vemos que la mayoría de la gente no tiene la más mínima idea de lo que implica la privatización, o por lo menos no está al tanto de que este proceso ya comenzó. Por eso creemos que es fundamental salir a los barrios y difundir qué está pasando con el agua», explicó a Tiempo Silvia Ferreyra, integrante de la campaña Fuera Mekorot y de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones.
La dirigente recordó que el espacio se conformó luego de que el gobierno nacional avanzara con la normativa que habilitó la privatización de la empresa estatal y modificó el marco regulatorio del servicio. Desde entonces reúne a foros hídricos históricos del conurbano bonaerense, sindicatos, organizaciones ambientales y espacios territoriales que durante décadas participaron de las luchas por el acceso al agua y el saneamiento.
Uno de los principales argumentos de la campaña es evitar que se repita la experiencia de la privatización del servicio durante la década de 1990. Ferreyra recordó que las organizaciones que hoy integran la campaña fueron protagonistas de los reclamos contra Aguas Argentinas y advirtió que aquella concesión dejó «una enorme deuda ambiental», además de incumplimientos en materia de obras de infraestructura y expansión del servicio.
«La rescisión del contrato terminó costándole cientos de millones de dólares al Estado argentino. No queremos volver a tropezar con la misma piedra», sostuvo. Para las organizaciones, el nuevo esquema regulatorio no incorpora salvaguardas suficientes para impedir que vuelvan a repetirse problemas similares.
Entre las principales observaciones señalan que el Estado deja de asumir un rol central en el financiamiento de las obras de infraestructura, mientras que esos costos pasarían a trasladarse progresivamente a los usuarios mediante la tarifa. También cuestionan la flexibilización de algunos controles regulatorios, las modificaciones vinculadas al derecho al agua y las nuevas condiciones previstas para la expansión del servicio.
«Nos preocupa especialmente que las inversiones terminen concentrándose en las zonas más rentables, dejando nuevamente relegados a los barrios populares», advirtió Ferreyra, quien también cuestionó el cierre de oficinas comerciales, la reducción de personal y la paralización de programas como Agua Más Trabajo y Agua Más Cloaca, medidas que —según sostuvo— forman parte del proceso de adecuación de la empresa previo a su privatización.
Mientras el proceso licitatorio continúa su marcha, la campaña destacó una reciente resolución judicial impulsada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires en la que el Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata hizo lugar a una medida cautelar de no innovar que ordenó preservar las obras, inversiones y controles ambientales vinculados a la prestación del servicio mientras se analiza el fondo de la causa iniciada por el organismo provincial.
La presentación advierte sobre los posibles impactos ambientales y sanitarios que podría generar el proceso de privatización si no se contemplan los pasivos ambientales existentes y las obras pendientes. La resolución judicial podría ser apelada por el Estado nacional.
Otro de los ejes de la campaña apunta al convenio que mantiene AySA con la empresa estatal israelí Mekorot. Las organizaciones cuestionan que la firma participe en tareas de consultoría vinculadas al proceso de reorganización de la empresa y sostienen que debería rescindirse cualquier vínculo contractual.
«No nos parece que una empresa con estos antecedentes tenga la posibilidad de intervenir en la gestión de un bien común como es el agua», afirmó Ferreyra, quien señaló que el rechazo se basa en denuncias formuladas por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos respecto del accionar de Mekorot en los territorios palestinos ocupados, y reclamó que el Estado priorice la participación de organismos públicos nacionales, universidades e instituciones especializadas en recursos hídricos.
Además de las actividades previstas entre el 20 y el 28 de junio, la campaña continúa impulsando pronunciamientos institucionales contra la privatización. Según Ferreyra, ya fueron presentadas iniciativas en más de diez concejos deliberantes del conurbano bonaerense y al menos cinco de ellos —entre ellos Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown y Avellaneda— aprobaron declaraciones de rechazo al proceso.
La estrategia también incluye presentaciones ante legislaturas provinciales, el Congreso nacional y asociaciones de usuarios del servicio.
«Creemos que todo lo que haya que mejorar en AySA puede hacerse con una fuerte presencia del Estado. La privatización representa un retroceso y vuelve a poner en riesgo el acceso al agua, sobre todo en los barrios más populares. No queremos repetir una experiencia que ya demostró sus consecuencias», concluyó Ferreyra.
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