Masivo reclamo en el centro Miguelete en San Martín. El Gobierno avanza con el desguace del Instituto, a partir de la eliminación de servicios que impactan de lleno en un área sensible para la población: el control de alimentos y bebidas.
“Las trabajadoras y los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial nos estamos movilizando masivamente en la puerta del instituto, ya que estamos rechazando la decisión que quieren implementar de dar de baja más de mil servicios esenciales para el desarrollo industrial y para la protección y el cuidado de la sociedad”, remarcó a este diario Yamila, una de las manifestantes, remarcó a este diario Yamila, una de las manifestantes.
“Esto dejaría en la calle a 700 técnicos y profesionales y en serio peligro a la comunidad argentina, ya que muchos procesos quedarían a la deriva o en manos del sector privado, sin la imparcialidad que eso implica”, acotó.
El Gobierno avanza con el desguace del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), a partir de la eliminación de servicios con un impacto profundo en un área sensible para la población: el control de alimentos y bebidas.
La resolución oficial formaliza el retiro de una batería de ensayos y prestaciones técnicas que funcionaban como soporte para empresas, organismos de control y consumidores. Herramientas que operaban como instancia de verificación independiente de las empresas sobre calidad, composición y seguridad alimentaria.
El texto aprobado por el Consejo Directivo del organismo dispone “la cesación de la prestación por parte del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) de los servicios sistematizados detallados en el Anexo I”.
La medida relaciona al firmante ministro de Economía, Luis Caputo, y a los empresarios del sector alimenticio, en especial a Daniel Funes de Rioja, ex presidente de la COPAL, la cámara de empresarios alimenticios. Caputo ya realizó una maniobra similar pero con el servicio de calibración de combustibles del INTI, para favorecer al Organismo Argentino de Acreditación y a la empresa Lenor, en particular.
La medida es similar a la tomada por el gobierno en otros servicios industriales que brindaba el organismo de ciencia y tecnología hasta hace meses como es el de metrología para el sector de combustibles. El organismo científico técnico brindó el servicio de control de las expendedoras de combustibles para todas las estaciones de servicio del país, pero empresas cercanas que brindan el mismo servicio pero con mucha menos calidad de control (y también menos estructura y capacidad de trabajadores) presionaban al gobierno de Milei para quedarse con esa asistencia técnica.
El sector privado celebra el desmantelamiento del INTI, que venía desarrollando desde el Estado los operativos de control con altos estándares de calidad desde hace años. Y además, a un valor por debajo del precio de referencia del mercado, porque la asistencia era para sostener la actividad industrial, buscando el beneficio general del sector productivo.
Ahora, sin el INTI, Lenor quedó con el camino allanado para monopolizar el servicio de control de expendedoras de combustible y ya evalúa aumentar los aranceles que el INTI realizaba a un valor de 25 mil pesos por pico expendedor de combustibles. Desde la firma hablan de un cobro de 75 mil por la misma prestación.
El servicio a bajo costo y de alta calidad le generaba al organismo científico nacional ingresos de entre 3.600 y 4.000 millones de pesos. El sector privado salió a vociferar «competencia desleal», entonces intervino Milei, que subió el arancel del INTI a 100 mil pesos, buscando que eso genere en los usuarios la decisión de pasar al sector privado, pero las estaciones de servicio seguían apostando al INTI, que realizaba 9 de cada 10 certificaciones de las que se realizaban en el país y eso irritó a los laboratorios privados.
Ahí fue que entonces el Gobierno decidió directamente el cierre definitivo del área de metrología del INTI con el servicio incluido, a fines del año pasado, por orden de Caputo y la presión de Lenor en el Ministerio de Economía. Algo similar sucederá ahora con el desmantelamiento del área de alimentos.
En el caso de los alimentos, el listado de controles oficiales incluye desde análisis de aditivos, antioxidantes y edulcorantes hasta estudios de vida útil, perfil sensorial, contenido de cafeína o detección de contaminantes como micotoxinas.
Entre los ensayos que dejarán de prestarse figuran los vinculados a la medición de textura, color y propiedades funcionales de alimentos, así como el análisis de compuestos específicos en carnes, lácteos, aceites, bebidas y productos procesados.
También se suspenden estudios de consumidores y evaluaciones sensoriales, herramientas utilizadas por la industria para validar productos antes de su salida al mercado. En paralelo, se descontinúan controles sobre sustancias como aspartamo, sucralosa o acesulfame K, además de determinaciones sobre antioxidantes y perfiles cromatográficos. Una parte relevante del sistema de validación técnica queda fuera de la órbita estatal.
El artículo 3 establece un marco de transición, detallando que “los convenios, órdenes de trabajo y demás compromisos contractuales vigentes (…) serán íntegramente cumplidos hasta su finalización”. Sin embargo, el alcance es acotado a los acuerdos ya firmados. El artículo 5 plantea una “adecuación de la oferta tecnológica institucional”, reduciendo la presencia del organismo en áreas históricas.
Otro efecto de la medida es que las marcas empezarán a querer contratar a los trabajadores calificados de manera particular. “Esta oferta laboral ofrecida de manera clandestina implica facturación de manera individual de esos servicios; es decir, nos ofrecen infringir la Ley de Ética Pública, que nos impone a las y los trabajadores del Estado la exclusividad y confidencialidad”, señalan los trabajadores del organismo.
Describen la situación como una “cacería de talentos” que expone la dependencia del sistema privado respecto de las capacidades técnicas formadas en el ámbito público.
“El INTI es el único organismo con capacidad técnica para garantizar la calidad y trazabilidad de las mediciones. (Las empresas) No tienen lo fundamental: a nosotros, los trabajadores del INTI, nuestra capacidad y pericia técnica”.
La diputada nacional Julia Strada también denunció que el Gobierno nacional avanzó con “la aniquilación” del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Para la presidenta de la Comisión de Economía, “no es un hecho aislado, es una política sistemática de desarticulación, porque al mismo tiempo se asfixia su funcionamiento operativo”. En ese sentido, también señaló que “no se pagan viáticos, lo que impide a los equipos técnicos realizar visitas a empresas, una instancia central para la prestación y desarrollo de servicios”.
En el marco de una política de ajuste que ha llevado la inversión presupuestaria a sus mínimos históricos en el área, Strada agregó que “en paralelo se paraliza la vinculación institucional”, y cargó: “No se promueven nuevos convenios y los existentes se suspenden, se dejan caer o directamente se anulan”.
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