Un tribunal de La Paz dejó sin efecto el pedido de detención de los líderes de una lucha que mantiene en vilo al país hace al menos cuatro semanas. Ahora se abre un espacio de negociación.
La anulación de las órdenes de detención contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el líder de la Federación de Campesiones Túpac Katari, Vicente Salazar, era una condición inapelable para regresar a la mesa de negociaciones. Después de que sectores de la COB anunciaran este viernes que no tenían la más mínima intención de sentarse a dialogar (y, es más llamaron a masificar los bloqueos actuales), Argollo dejó en manos de las bases su participación en las conversaciones en un video difundido en redes sociales.
“Mi persona no va a traicionar a nuestras bases y al pueblo movilizado. Cualquier convocatoria al diálogo que venga tiene que ser decidida por las bases; si manifiestan que asistamos, lo vamos a hacer, y si determinan continuar con las luchas, vamos a continuar”, afirmó el dirigente desde la clandestinidad.
Argollo dirigió críticas directas al presidente Rodrigo Paz: acusó al mandatario de gobernar “a punta de decretazos” y de quitarle funciones al vicepresidente, además de apuntar que una parte del electorado que lo votó “se siente traicionada” por el incumplimiento de promesas de campaña.
En el video, Argollo planteó como condición para sentarse a dialogar con el Ejecutivo el levantamiento de las acusaciones y medidas judiciales que pesan en su contra. La orden de aprehensión en su contra sigue vigente, confirmaron fuentes oficiales.
El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, había ratificado que la orden de aprehensión y el proceso penal contra el líder sindical “continúan abiertos”, lo que complicaba cualquier participación formal de Argollo en una mesa de diálogo. Tanto Argollo como dirigentes de la organización Túpac Katari fueron convocados en varias ocasiones por el presidente Paz y por representantes de la Iglesia Católica para intentar un diálogo destinado a poner fin a la crisis.
Sin embargo, organizaciones sociales reclamaron previamente que se deje sin efecto la orden de aprehensión para que el líder de la COB pueda participar presencial mente del diálogo. Esa demanda chocó con la postura del Fiscal General de Estado, que mantuvo la vigencia del proceso penal.
En tanto, este jueves pasado continuaron las negociaciones entre el resto de los sectores involucrados, una de las reuniones liderada por el mandatario y la otra por el vicepresidente, Edmand Lara.
Paz cuenta con una carta imbatible en la mesa de diálogo: el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió una sentencia para terminar los bloqueos, porque vulneran los derechos esenciales de la mayoría de la población. La Asamblea Legislativa Plurinacional, por su parte, viabilizó la caída de la ley 1341, que limitaba las posibilidades del Gobierno para declarar el estado de excepción. La llamada Ley Copa, impulsada por la exsenadora Eva Copa, quien era presidenta del Senado en 2019 durante el golpe al entonces presidente Evo Morales, fijó una serie de impedimentos para que el Gobierno pudiera dictar el estado de excepción. Con su derogación, Paz tiene la posibilidad de ordenar la intervención de los 66 puntos de bloqueo en carreteras de todo el país.
En paralelo, el oligárquico Comité Cívico pro Santa Cruz se mantiene en “estado de emergencia” (ver aparte) en reclamo de Gobierno soluciones inmediatas para levantar los bloqueos y exigió consecuencias penales para los responsables. Su presidente, Stello Cochamanidis, señaló que la ley “se debe cumplir y ejecutar. Quienes son los causantes de este problema tienen que ir presos”, sostuvo Cochamanidis, y agregó que las fuerzas de seguridad ya deberían tener identificados a los responsables.
En un esfuerzo para salvar la crisis, Paz anunció que reducirá a la mitad su salario, así como el de los miembros de su gabinete, en medio de la oleada de bloqueos de carreteras, fruto de las movilizaciones de indígenas, campesinos y sindicalistas que piden su renuncia por la crisis económica.
Las movilizaciones vienen dificultando el abastecimiento de alimentos, combustible y suministros médicos hacia La Paz y la vecina ciudad de El Alto. Una situación que el Ejecutivo intenta sortear mediante la apertura de canales de negociación con los sectores movilizados, mientras las fuerzas de seguridad continúan reprimiendo para despejar algunas vías, recurriendo en determinados casos al uso de gases lacrimógenos. Al momento se registran cuatro muertos y más de un centenar de detenidos. «
El vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, cuestionó la decisión judicial que dejó sin efecto la orden de detención contra el dirigente de la COB, Mario Argollo. El dirigente del órgano que representa a la poderosa oligarquía elitista y separtatista del departamento más rico de Bolivia afirmó que el fallo evidencia una ruptura del Estado de derecho en el país.
“El hecho de que se anulen órdenes de detención contra dirigentes que han impulsado bloqueos y conflictos desnuda que se ha roto el Estado de derecho”, sostuvo según reflejaron medios locales.
Zambrana señaló que la decisión genera preocupación porque, a su criterio, transmite “un mensaje de impunidad” frente a hechos que “provocaron perjuicios económicos, desabastecimiento y conflictos”. Además, cuestionó el papel de la Justicia y aseguró que existe una creciente percepción de influencia política en las decisiones judiciales. “La Justicia se está prestando a la política”, afirmó.
Según sus dirigentes, el Comité se mantiene en “estado de emergencia” desde el martes, cuando se había propuesto acciones de “desbloqueo ciudadano”, que luego fueron levantadas por pedidos de la Iglesia Católica, la Policía y mandos militares, “que alertaron sobre el riesgo de enfrentamientos y una posible escalada de violencia si grupos civiles intervenían en los puntos de bloqueo”, según el propio Zambrana. El cruceño cuestiona la “lentitud” del gobierno de Paz en la resolución del conflicto y exige que actúe “conforme a la Constitución y la ley” frente a los bloqueos instalados en distintas rutas del país.
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