Qué piensa el Fondo sobre la economía argentina

En los últimos meses la relación entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional se había plagado de señales y declaraciones de cortesía que hacían prever, tarde o temprano, la decisión que anunció el presidente Mauricio Macri de volver a tomar asistencia financiera de ese organismo. Fueron desde la vuelta de las auditorías anuales del Fondo, en cumplimiento del famoso artículo IV de su carta orgánica, hasta la puesta en marcha de políticas de ajuste que contaron con el visto bueno de la entidad.

En septiembre de 2016, en su primera visita después de una década en que el kirchnerismo había puesto el vínculo bilateral en el freezer, la delegación de técnicos del FMI elevó un informe muy favorable a las medidas que tomó la administración de Cambiemos apenas llegada al poder: liberación del tipo de cambio, arreglo con los bonistas, eliminación de barreras comerciales, fuerte reducción de subsidios y fijación de metas decrecientes de inflación. Los directores del Fondo “elogiaron las ambiciosas reformas emprendidas por el nuevo gobierno”, según el comunicado oficial de la entidad, que también recalcó “la importancia de una estrecha interacción” de cara al futuro.

En octubre del año pasado, en su documento “Perspectivas de la Economía Mundial” de periódica actualización, los economistas del Fondo pidieron que el ajuste fiscal en marcha fuese aún mayor. “El reequilibrio fiscal tendría que basarse en nuevos recortes de los subsidios generosos y mal focalizados de la energía y en una racionalización del gasto en muchos otros ámbitos, como salarios, bienes y servicios y transferencias discrecionales al sector privado y  las provincias”, sugirieron. El gobierno obró en consonancia con esas ideas: convalidó una nueva ronda de tarifazos en gas, electricidad y transporte, reduciendo los subsidios oficiales a esos servicios; sacó el pie del acelerador en el plan de obras públicas que había lanzado unos meses antes para ganar las elecciones legislativas de medio término; y presionó para que las negociaciones salariales se realizaran con una pauta inflacionaria bastante inferior a la verdadera.

Otras dos reformas se inspiraron en las recetas escritas en Washington. Una fue el cambio en la fórmula de movilidad previsional, que significó en la práctica una poda en los haberes de jubilados y pensionados, que ahora reciben aumentos inferiores a los que les tocaban con el método anterior. El viejo mecanismo de actualización, según el FMI, era incompatible con una reducción del déficit fiscal. La otra fue la laboral, que el gobierno no pudo imponer en el Congreso y que intenta llevar a cabo mediante acuerdos sectoriales a través del Ministerio de Trabajo: el consejo del Fondo fue “dotar de mayor flexibilidad a los mercados laborales”.

La cantidad de coincidencias explica los cálidos elogios que realizó Christine Lagarde en su visita a Buenos Aires en ocasión de la primera ronda preparatoria de la reunión del G-20, en marzo. “Los dos primeros años del gobierno de Macri han sido asombrosos”, dijo al emitir su bendición. Pero más allá del respaldo de la titular del Fondo, detrás suyo sus técnicos plantearon más dudas sobre algunos puntos clave del programa económico. De hecho advirtieron que el déficit fiscal se estacionará en casi 2% del PBI al menos hasta 2022, contrariando el plan gubernamental de eliminarlo completamente un par de años antes, y pusieron en duda que el PBI creciera 3,5% en 2018 . También alertaron que “las vulnerabilidades de la deuda han asomado por el crecimiento del desequilibrio externo”, en referencia a la suba de la tasa de interés internacional que ya se vislumbraba y una posible depreciación del peso, lo que demuestra que la corrida cambiaria de los últimos días no fue ninguna sorpresa.

La frutilla del postre, tal como lo adelantó Tiempo Argentino en su edición impresa del 30 de diciembre pasado, fue la propuesta para un “más eficiente, equitativo y sustentable sistema de pensiones”, basado en dos ejes: una pensión básica universal para todos los mayores de 65 años, financiada por el Estado y equivalente a un 25% del salario promedio en actividad; y un sistema de contribuciones obligatorias, con depósitos simultáneos de trabajadores y empleadores en cuentas de ahorro individuales manejadas por fondos privados. Se trata ni más ni menos que de la vuelta de la jubilación privada, que rigió en nuestro país entre 1994 y 2008 y que significó un monumental negocio para las administradoras de fondos vinculadas al sector bancario. ¿La impondrá el FMI, ahora que el gobierno decidió ir a pedirle ayuda para capear el temporal?