Quién es quién en la negociación por la deuda

La pulseada por la renegociación de la deuda pública se corrió desde los aspectos financieros o económicos hacia los legales. Las garantías de los acreedores para recurrir a los tribunales de Nueva York y las facultades del gobierno argentino para reasignar las ofertas son los temas en discusión que entorpecen el camino hacia un acuerdo que en los números no está tan lejano.

Las diferencias delatan los puntos en común en torno de los cuales se conformaron los tres principales grupos de acreedores que participan en esta etapa de las negociaciones. Como en el refrán campestre (“hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño”), la huella de los reclamos permite adivinar los intereses particulares de cada fondo de inversión. También explican las estrategias que siguen los costosos estudios jurídicos contratados para la ocasión.

Una de las distinciones más marcadas proviene de las características de las 21 series de bonos bajo ley extranjera que el gobierno quiere canjear por nuevos títulos, y que involucran algo más de U$S 66 mil millones. Los Par y los Discount, por ejemplo, provienen de la reestructuración realizada en 2005 y que tuvo una segunda etapa en 2010. Sus tenedores se agrupan en el Exchange Bondholder, que afirma poseer papeles por unos U$S 4.000 millones. Los asesora el abogado Dennis Hranitzky, del estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, experto en litigios de este tipo: ya representó al fondo buitre NML Elliott, que se quedó fuera de los canjes de 2005 y 2010 para ganar más dinero en la Justicia, y fue el ideólogo del embargo a la fragata Libertad en Ghana para obligar al gobierno kirchnerista a negociar.

La fortaleza de este sector es que de acuerdo a lo que se usaba en aquellos años, los títulos en su poder tienen cláusulas de acción colectiva (CAC) sumamente altas: el deudor necesita el respaldo de los tenedores del 85% del capital para forzar un cambio en sus condiciones legales. El Exchange presionó para mantener ese privilegio. Para disuadirlos del camino a los tribunales, el gobierno les ofrece un premio extra: los bonos con vencimiento en 2038 y 2041 diseñados para ellos tienen un valor presente neto de 59 dólares por cada 100 de valor nominal, bastante por encima del resto de los nuevos bonos (51-52 dólares) y de los 53,5 del promedio de la oferta.

En cambio, las CAC incluidas en los Global emitidos en 2016 son menos estrictas: los umbrales para alcanzarlas son más bajos (66%) y los requisitos para litigar son mayores (se necesita reunir cierta cantidad de capital del total del bono, entre otros condicionamientos). Sus tenedores se agremiaron en el grupo Ad Hoc. Su fortaleza es que están capitaneados por uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, BlackRock, que maneja activos por más de cinco billones de dólares (casi 80 veces más que el total de la renegociación). A pesar de sus simpatías por el Partido Demócrata, su CEO Larry Fink suele ser consultado por Donald Trump: el presidente dijo que se reunió con él al comienzo de la crisis por el coronavirus.

La pelea entre BlackRock y el gobierno es un capítulo aparte dentro de la renegociación. El fondo intentó sin éxito quitar al ministro Martín Guzmán de la negociación. No lo consiguió, como tampoco logró que se extendieran a sus títulos emitidos en 2016 las cláusulas legales más beneficiosas de los bonos más antiguos. Ahora trata de limitar el margen de maniobra de Guzmán para, una vez cerrada la oferta, reordenar las adhesiones y disparar las CAC en ciertos títulos, lo que permitiría validar el canje aunque el nivel de aceptación no llegue al 66% del total.

A pesar de que hasta ahora no tuvo éxito, BlackRock insiste. Su fortaleza es que logró armar un frente común entre el Ad Hoc y el Exchange. En su contrapropuesta del último lunes también sumó a los restos desperdigados del ACC (Comité de Acreedores), consorcio minoritario que se quebró. Sus principales integrantes (Gramercy, Fintech y Greylock) ya avisaron que adherirán al canje, lo que representa un triunfo parcial del gobierno, a pesar de que sus tenencias son minoritarias: se estima que entre el 5% y el 7% del total a canjear. En cambio, BlackRock y sus aliados dicen tener un tercio de ese paquete. Sin ellos, afirman, será imposible cerrar la operación.

Así y todo, en el Palacio de Hacienda son optimistas. Creen que cerca del 40% de la deuda está en manos de pequeños inversores que al cierre del plazo, el 4 de agosto, terminarán apoyando el canje. Y que con ellos, más la fracción que había aceptado el 8 de mayo, al cerrarse la invitación original, darán un paso enorme hacia la reestructuración.