Quirno ordenó purgar archivos sobre Malvinas y Derechos Humanos

La diplomacia argentina ha entrado en una fase de vigilancia digital y verticalismo mediático. El reciente episodio protagonizado por el canciller Pablo Quirno, quien utilizó la red social X para reprender públicamente al embajador en Suiza, Gustavo Lunazzi, marca un precedente peligroso: la gestión de la imagen estatal ya no pasa por canales institucionales, sino por el «escrache» preventivo y la eliminación selectiva de la historia documental. Una marca típica del régimen mileísta.

El foco del conflicto no fue solo la desactualización de la página web de la embajada, sino el contenido específico que permanecía allí desde 2012. Quirno fue tajante al exigir una corrección «URGENTE» tras encontrar documentos referidos a la “política exterior y derechos humanos” de la gestión de Cristina Kirchner. Para la nueva conducción del Palacio San Martín, la sola mención de los Derechos Humanos en un archivo histórico parece ser interpretada como un acto de «politización» que debe ser extirpado de inmediato de la vista pública.

En uno de los apartados del sitio que señaló Quirno, figuraban accesos a contenidos institucionales vinculados al ciclo «Teatro por la Identidad», una distinción otorgada a Estela de Carlotto y la conformación de un organismo destinado a la localización de bebés sustraídos durante la última dictadura cívico-militar.

En otra de las capturas difundidas por el canciller puede observarse el sitio «Institucional» del sitio web de la representación consular. En ese espacio, estaba incorporado un material alusivo al Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

La red social como tribunal

Lo que en cualquier administración diplomática se resolvería con una directiva técnica interna de actualización de sistemas, en la era Quirno se transforma en un tribunal de opinión pública. Al exponer al embajador Lunazzi ante miles de usuarios, el canciller no busca solo eficiencia administrativa; busca disciplinar al cuerpo diplomático de carrera. El mensaje es claro: cualquier rastro de la agenda previa, especialmente aquella vinculada a los derechos humanos, es motivo de sanción mediática.

Este celo ideológico se extiende también a la conducta personal. La expulsión del cónsul en Siria, Alejandro Calloni, por un «me gusta» en Instagram, confirma que la Cancillería ha montado un dispositivo de monitoreo sobre sus funcionarios. No se juzga la idoneidad técnica o el desempeño en el destino, sino la alineación absoluta con la narrativa del gobierno de turno.

¿Saneamiento o censura histórica?

El hecho de que el documento fuera dado de baja minutos después del tuit de Quirno demuestra que el Servicio Exterior hoy opera bajo el imperio del miedo al posteo. Al tratar documentos oficiales de hace una década sobre Derechos Humanos como material contaminante, se corre el riesgo de convertir a las embajadas en oficinas de propaganda que borran el pasado según sople el viento político.

La diplomacia, que por definición requiere de matices, memoria institucional y discreción, está siendo remplazada por una «purga del clic».