Radiografía del «nuevo» Consejo

La unidad de tres sectores del peronismo le impidió a Cambiemos, al menos en el recuento inicial, disponer de una mayoría calificada en el Consejo de la Magistratura para hacer y deshacer a su antojo, disciplinar a jueces y eventualmente forzar sus destituciones. Cambiemos daba por descontado que tendría al menos nueve voluntades aseguradas sobre un total de 13 integrantes, lo que le asignaba los dos tercios necesarios para adoptar las decisiones trascendentes.

Pero con un mecanismo muy similar al utilizado por Cambiemos para ungir, tres años atrás, al diputado del PRO Pablo Tonelli como consejero en una banca que reclamaba como propia el Frente para la Victoria, esta vez el peronismo recuperó ese lugar.

Entonces ya no son nueve sino ocho los votos propios del oficialismo. Aunque esa cuenta es maleable, voluble y estará sujeta en los próximos meses a la realidad política.

Por ahora, son consejeros alineados con el oficialismo el propio Tonelli, más la senadora radical Olga Inés Brizuela, el representante del Poder Ejecutivo, Juan Mahiques; el abogado por la Capital Federal Juan Pablo Más Vélez, la abogada en representación del interior Marina Sánchez Herrero, el académico Diego Molea y los jueces Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta.

Cambiemos daba por descontado que a esa lista se iba a sumar el radical cordobés Mario Negri, pero el peronismo se unió para desbancarlo y, en lugar de un consejero por minoría incorporó a dos por una mayoría circunstancial: Graciela Caamaño, por el massismo, y Eduardo “Wado” De Pedro, referente de La Cámpora, por Unidad Ciudadana.

Así, esa suerte de “bloque opositor” quedó conformada por Caamaño, De Pedro y la senadora Ada Rosa del Valle Itúrrez.

Ocho oficialistas más tres opositores, la cuenta da 11 sobre 13. ¿Y los otros dos?

Uno es el juez Alberto Lugones, quien proviene de la lista Celeste, cuya anterior representante, Gabriela Vázquez, solía votar en consonancia con el ala opositora. Pero Lugones no es Vázquez. Lugones aspira, desde su hálito de independiente, a ser el próximo presidente del Consejo. La decisión se adoptará probablemente la semana próxima.

El otro es el personaje político al que más atención le prestan tanto desde el gobierno cuanto desde el peronismo no kirchnerista: Miguel Angel Pichetto. Amigo personal del juez Claudio Bonadio, habitual acompañante del gobierno en el Parlamento y autoproclamado precandidato a presidente de la Nación, su regreso al Consejo es una incógnita. En su paso anterior era un férreo defensor del menemismo; ahora se lo distingue por su visceral antikirchnerismo. ¿Qué hará a la hora de las votaciones trascendentes?

Wado De Pedro, a quien Bonadio indagó en la causa de las fotocopias de los cuadernos y luego se declaró parcialmente incompetente en ese tramo de la investigación, tuvo en jaque al juez en su paso anterior por el Consejo.

Si se planteara un cuestionamiento (otro más) contra Bonadio, difícilmente Pichetto y De Pedro voten en el mismo sentido.

Por lo demás, el oficialismo tiene aseguradas decisiones que no requieren de los dos tercios pero son igualmente trascendentes a la hora de manejar el Poder Judicial. ¿Cuáles? Por ejemplo el traslado de jueces, ese mecanismo al que echa mano todo el tiempo el gobierno para colocar en puestos claves a jueces que, de antemano, sabe cercanos. Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi llegaron a la Cámara Federal de esa manera; Carlos Mahiques desembarcó en la Cámara Federal de Casación (después de ser ministro de María Eugenia Vidal y juez en otro tribunal) de la misma manera. Y la lista sigue.

Lo que no podrá será suspender y mandar a juicio político a los jueces que, como en el caso del ex camarista federal Eduardo Freiler, reciban el pulgar para abajo por parte del presidente Mauricio Macri. En aquella ocasión, con la venia de Pichetto y la complacencia tácita del ex presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, el oficialismo consiguió demorar la jura de un consejero y quedarse con una votación artificial de dos tercios (ocho sobre cuatro) para voltear al juez que había firmado la confirmación del procesamiento del hoy jefe del Estado en la causa por las escuchas telefónicas. A los otros dos, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, también se los sacó de encima, pero con otros mecanismos.