Los argumentos de Organismos de Derechos Humanos y sobrevivientes. El EAAF excavará previamente en el lugar.
La cesión, bajo la figura de permiso precario de uso gratuito, se formalizó el lunes pasado a través de un convenio firmado entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y River, luego de que en diciembre la institución informara al juez federal Ariel Lijo –quien lleva adelante actualmente la megacausa ESMA– el pedido del club del permiso de uso y que esa autorización se diera hacia finales de mayo de este año.
Según testimonios brindados en la Justicia, el predio en cuestión, ubicado del otro lado de la avenida Lugones y comunicado con la ex ESMA a través de un puente peatonal se utilizó para incinerar los cuerpos de los detenidos que llegaban sin vida al centro de exterminio y no eran arrojados al río en los vuelos de la muerte.
El juzgado de Lijo dispuso que, antes de que el club haga reformas sobre el terreno, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) debe analizar el lugar con «excavaciones controladas, sistemáticas y exhaustivas» con el objeto de «proceder a la búsqueda de inhumaciones clandestinas presuntamente acaecidas durante el período 1976-1983».
El rechazo a la medida provino de los organismos integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, de la Asociación de ex Detenidos y Desaparecidos y de la Asociación Víctor Basterra de sobrevivientes de la ESMA, entre otros sectores que piden dar marcha atrás con la cesión.
En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionó que «el Poder Ejecutivo tomó la decisión sin consultar previamente a sobrevivientes, familiares ni organismos de derechos humanos».
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