Tras múltiples reclamos y una orden judicial, ANDIS devuelve las pensiones por invalidez que recortó

A través de la Resolución 13901/2025 publicada en el Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei formalizó que devolverá las pensiones no contributivas por invalidez que recortó en el marco de un proceso de auditorías plagado de irregularidades. La devolución implica un acatamiento de lo que ordenó la Justicia.

La medida alcanza a más de 100 mil beneficiarios y beneficiarias que habían perdido la prestación tras la auditoría generalizada, que además había sido cuestionada por falta de accesibilidad, firmas apócrifas, citaciones con datos erróneos o demasiado alejados de las personas afectadas, entre otras cuestiones.

En la resolución publicada este jueves –con la firma del interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Alberto Vilches– se establece que “en cumplimento de lo ordenado judicialmente, corresponde restablecer el pago de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, suspendidas por los actos administrativos dictados oportunamente (…) y abstenerse de continuar con el proceso de auditoría en curso y disponer nuevas suspensiones”.

Además, la medida publicada confirma que sí había plata: “La Dirección de Presupuesto y Contabilidad ha tomado la intervención de su competencia, certificando que cuenta con crédito presupuestario disponible para atender en el presente ejercicio el gasto que origina esta medida”.

Todo esto, mientras sigue el reclamo contra el Gobierno para que respete y acate la Ley de Emergencia en Discapacidad, votada en el Congreso y defendida del veto presidencial, promulgada pero no implementada.

Para todo el país

El viernes último, el Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca había ordenado a la ANDIS restablecer en 24 horas todas las pensiones no contributivas suspendidas y abonar los haberes retenidos, haciendo extensiva a todo el país una cautelar y vigente en esa provincia. También prohibió continuar con las auditorías y nuevas suspensiones hasta que salga la sentencia definitiva.

La noticia se conoció casi en paralelo con una protesta de personas con discapacidad, familiares y prestadores frente a la sede de la Agencia, uno de los tantos reclamos contra el ajuste en discapacidad desde que comenzó el gobierno de Milei.

“Es similar a lo que pasó durante el macrismo, pero como la Cámara Federal ya dictaminó que tiene que resolver y lo giró directamente a la ANDIS y le dio plazo por 24 horas, creemos que va a ser más expeditivo. Ahora va a haber que esperar cómo es el cronograma para devolver ls pensiones, pero la Resolución del Boletín Oficial se compromete a eso”, dijo Gabriela Troiano, presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), en referencia a la quita de pensiones durante el gobierno de Mauricio Macri, quien igual que Milei tuvo que dar marcha atrás con ese ajuste. “Estamos muy contentos, fue una demanda enviada por varias organizaciones”, agregó Troiano, en diálogo con Tiempo.

El fallo se dictó en el marco de la acción de amparo colectivo iniciada por el Defensor del Pueblo de Catamarca junto a personas con discapacidad y a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFaDiM), a la cual se acumuló la presentación judicial realizada ante la Justicia Federal de La Plata por la Asociación Azul, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con el patrocinio jurídico de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.

También se habían presentado en el caso la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes, la Red de Asistencia por los Derechos y la Integración Social, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos.

“La suspensión de más de cien mil pensiones en los últimos meses implicó un grave avasallamiento de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, profundizando la situación de vulnerabilidad y exclusión que enfrentaron históricamente. Con esta decisión, la Justicia federal reafirmó la obligación del Estado de revertir un accionar arbitrario que puso en riesgo el derecho a una vida digna”, planteó ACIJ tras el fallo.

“La sentencia reconoce que las suspensiones afectaron de manera homogénea a miles de titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y confirma que se trata de un caso colectivo, en el que las vulneraciones comparten una misma causa fáctica y normativa. Por eso, la resolución hace extensiva la protección judicial a todas las personas afectadas en el país, sin necesidad de que se presenten individualmente”, añadió por entonces el CELS.