“La Sala VII ha optado claramente en contra del trabajador, desconociendo el carácter preventivo de la cautelar” afirmó la central obrera en un comunicado.
En esta línea, el Consejo Directivo Nacional de la CGT deslizó que no aplicar los precedentes de la Corte Suprema que reconocen a los trabajadores como sector vulnerable y de “preferente tutela” puede configurar para los magistrados un “causal de mal desempeño en sus funciones” en este caso en relación a los jueces María Dora González y Víctor Arturo Pesino, quienes consideraron que el reclamo del Estado nacional se ajustaba a lo que establecen las normas que rigen las medidas cautelares y sostuvieron que ley de modernización laboral “no afecta a personas vulnerables”.
De esta manera la CGT marcó: “Este fallo habilita la vigencia inmediata de normas que afectan gravemente las condiciones laborales, exponen al desamparo a millones de trabajadoras y trabajadores argentinos y atentan, al mismo tiempo, contra la organización sindical”.
En esta línea, la Confederación señaló: “Resulta impropio de un Tribunal de Trabajo que decida mantener la vigencia de la ley la incumpla al no aplicar los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reconoce a los trabajadores como sector vulnerable y de preferente tutela”.
Con mayor profundidad en la cuestión, la CGT enfatizó que la misma ley de reforma laboral Nº 27802 establece, en su artículo 89, que los jueces deben adecuarse a los precendentes establecidos por la Corte Suprema en la materia y que “el apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones”.
En este contexto, la CGT reafirmó que continuará con su lucha legal “en defensa de los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras con la Constitución en la mano y la Justicia Social como bandera”.
En las últimas horas, Jorge Sola, secretario general del Sindicato del Seguro e integrante del triunvirato de secretarios generales que conduce la CGT, apuntó que este último fallo genera inseguridad jurídica tanto a empleadores como a trabajadores.
“Poner otra vez en vigencia artículos que están cuestionados constitucionalmente y que en primera instancia el juez los percibió como posiblemente inconstitucionales, implica poner en situación de duda lo que hoy podría estar aplicando cualquier empleador o cualquier trabajador. Esto viene a significar inseguridad jurídica” alertó en diálogo con Radio Con Vos.
“Entendemos que nuestro objetivo final es el tratamiento de modo sumario, es decir, rapidísimo, de lo que pedimos, que es la inconstitucionalidad de estos más de 80 artículos. Para nosotros el juez natural que tiene que resolver sobre esto, es el juez del fuero laboral. Estamos esta situación y creemos que la justicia lo va a resolver en el corto plazo”, proyectó el dirigente sindical.
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