Para los más optimistas, la intervención de Vicentin es una posibilidad de reconversión del sistema de producción agrario. Los escépticos, en cambio, auguran la continuidad de la matriz extractivista, indiferente al mercado interno y favorable a la concentración del comercio de granos. Esta semana, el Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular, conformado por sindicatos, federaciones, grupos académicos, de consumidores, ambientales y cooperativas de campesinos y pequeños productores, celebró la intervención y pidió «que contribuya a terminar con las distorsiones del sector concentrado, regulando la provisión interna y las variaciones de precios”. Carlos Vicente, miembro de Acción por la Biodiversidad y Grain, dos organizaciones que integran el Foro, ve una oportunidad. “La intervención tiene sentido –explica– en la medida en que un actor tan importante del agronegocio pueda empezar un proceso de reconversión hacia la producción de alimentos para los argentinos, justamente lo que hoy no hace Vicentin”. Sin embargo, Vicente pone reparos: “Si la gestión quedara a cargo de YPF Agro, que produce glifosato, y el interventor (por Gabriel Delgado) es un actor del agronegocio, quienes intervienen son, en parte, los que alimentan este modelo que contamina, desforesta y causa crisis climática”. “Nosotros no firmamos cheques en blanco, sabemos que todo va a depender de la relación de fuerzas”, avisa Miryam Gorban, coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición de la UBA. Para Fernando Cabaleiro, abogado y referente de Naturaleza de Derechos, «la empresa no se la dan a los movimientos sociales de la agricultura, ni siquiera a los trabajadores”, advierte, y agrega que “la disputa no tiene que darse dentro del paradigma agroindustrial exportador; en ese contexto, hablar de soberanía alimentaria es una falsedad ideológica”.
