Lejos de la anunciada “avalancha de capitales”, en el marco del RIGI solo se aprobaron siete proyectos por 13 mil millones de dólares, en su mayoría de hidrocarburos y minería, con baja generación de empleo. Los impactos en el ambiente y las comunidades.
De los 19 proyectos presentados, solo 7 fueron aprobados, por un monto de u$s 13.067 millones, cuatro de ellos en sectores extractivos como minería e hidrocarburos.
Un informe del Observatorio RIGI, conformado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones junto a la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), analizó los impactos sociales, ambientales y fiscales de esta iniciativa económica libertaria.
Más allá de que el plazo para adherirse al RIGI vence en julio de 2026, el RIGI aún muestra más interrogantes que aciertos. Según el informe del Observatorio conformado por FARN y otras organizaciones, el RIGI es altamente dependiente de factores externos como los precios internacionales, y del clima económico y social en la previa de la contienda electoral de octubre de 2025.
“Si el plan económico del gobierno no funciona y los resultados electorales no son favorables, difícilmente traccione inversiones internacionales”, sostienen los autores del trabajo. El propio director de Barrick Gold en Argentina, Marcelo Álvarez, lo sintetizó durante el último Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas: “con el RIGI no alcanza”, manifestando su preocupación por la falta de inversión en infraestructura pública en rutas y redes eléctricas.
A esto se suman las tensiones económicas y sociales por la caída del consumo, la producción y el empleo. Además, “la falta de participación ciudadana, la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y la criminalización de comunidades locales configuran un escenario preocupante en proyectos extractivos que se extenderían por tres décadas”, apunta el estudio.
A 13 meses de su implementación, el RIGI recibió 19 proyectos por más de 30 mil millones de dólares: 7 fueron aprobados (por 13.067 millones de dólares), uno fue rechazado y el resto continúa en evaluación.
Los sectores que solicitaron adherirse son: 10 del sector minero (5 de litio, 3 de cobre y 2 de oro), 3 de energías renovables (2 parques eólicos y 1 fotovoltaico), 3 de infraestructura hidrocarburífera, 1 siderúrgico, 1 de biocombustibles y 1 de infraestructura portuaria.
Los proyectos aprobados se distribuyen en 2 de hidrocarburos, 2 de minería, 2 de energías renovables y 1 de siderurgia.
El sector hidrocarburífero es el que concentra el mayor monto de inversiones aprobadas (u$s 9.700 millones), orientadas a la construcción de infraestructura para exportación. Le sigue en importancia la minería de cobre y litio con proyectos localizados principalmente en San Juan, Salta y Catamarca.
En cuanto al origen de las inversiones proyectadas, es bastante heterogéneo: China (Ganfeng Lithium, Galán Lithium y Shandong); India (Arcelor Mittal); Corea del Sur (Posco); Noruega (Euro Golar), Reino Unidos (Shell y Harbour Energy); Suiza (Glencore); Canadá (McEwen Copper y Barrick Gold); y Estados Unidos (Chevron). Estas firmas se asocian con compañías locales como la estatal YPF, y otras de origen nacional pero controladas por capitales extranjeros, como Minas Argentinas, Andes Corporación Minera, Acindar o Litio Minera Argentina.
De las 24 provincias argentinas, solo 15 adhirieron formalmente al RIGI. Algunas jurisdicciones, como la provincia de Buenos Aires, implementaron un régimen propio de atracción de inversiones, mientras que en otras —como Santiago del Estero, Formosa o La Rioja— la propuesta ni siquiera llegó a ser debatida en las legislaturas.
En el resto de los casos, la adhesión al régimen nacional fue aprobada con modificaciones, o excluyendo algunas actividades, como el caso de la minería.
Hasta agosto de 2025, sólo ocho provincias lograron atraer inversiones mayores a 200 millones de dólares bajo el nuevo marco normativo. De los 19 proyectos ingresados, San Juan, Río Negro y Catamarca concentran la mayor parte de las propuestas (81% del capital comprometido).
San Juan lidera con el 35%, orientado principalmente a la minería; le sigue Río Negro con el 30%, vinculado a infraestructura hidrocarburífera; y Catamarca con el 16%, para proyectos de litio y cobre.
En cuanto a la cantidad de iniciativas presentadas, San Juan encabeza con cuatro proyectos, seguida por Salta, Catamarca y Buenos Aires, con tres cada una. Río Negro y Santa Fe participan con dos proyectos cada una, mientras que Mendoza y Neuquén registran un solo proyecto.
Dado que la mayoría de los proyectos presentados y aprobados se concentran en actividades extractivas y de alto impacto ambiental, como minería e hidrocarburos, “lo que tenemos es un régimen de grandes exenciones fiscales, privilegios cambiarios y aduaneros, flexibilización de regulaciones y blindaje jurídico para grandes empresas”, sostienen los autores del Observatorio del RIGI.
Como ha ocurrido en otras oportunidades a lo largo de la historia, este marco garantiza el acceso preferencial a recursos como el agua y la energía, al tiempo que establece mecanismos para la resolución de conflictos en jurisdicción internacional”.
Esta lógica de configuración de cadenas de valor responde a la retórica de la necesidad de flexibilizar la normativa ambiental para poder atraer inversiones. Y esto a la larga va en detrimento de la calidad de vida de la población en general y de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como de los derechos humanos en su conjunto”, destaca el trabajo.
Por otra parte, si bien el RIGI es presentado como una estrategia para atraer inversiones privadas, es el Estado quien se ocupa de garantizar el rédito de esas inversiones mediante el desmantelamiento de las protecciones legales a comunidades indígenas y productores locales.
Con el propósito de intervenir en los conflictos socioambientales, el Gobierno de Milei creó la “Unidad de Seguridad Productiva” para intervenir y asegurar la viabilidad del RIGI.
De este modo, “el uso del aparato estatal de seguridad se orienta a controlar la conflictividad socioambiental a través de la vigilancia, monitoreo y represión de resistencias”, concluye el informe.
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