Rispideces en el primer contacto del gobierno con bonistas

Las asperezas de las reuniones de esta semana con los acreedores no apartaron al gobierno de su plan de reestructurar la deuda pública de manera urgente. Esta semana, a través de un decreto, se convocará formalmente a la renegociación. La operación abarcará papeles por unos U$S 70 mil millones, que son los que están en manos privadas bajo legislación extranjera.

Se trata de una porción minoritaria de los U$S 325 mil millones que estimó la Secretaría de Finanzas al 31 de enero. Pero es el talón de Aquiles del gobierno, porque para modificar sus condiciones se exige el acuerdo de los tenedores de una parte mayoritaria del capital (el porcentaje varía según cada título). Cualquier diferimiento en el pago u otro cambio inconsulto podría disparar el reclamo de pagar la totalidad del bono al contado y acercaría al país a un default.

En las reuniones de los últimos días en el Palacio de Hacienda estuvieron representados los principales fondos de inversión que tienen papeles de la deuda argentina. Los visitantes se fueron insatisfechos con el nivel de información que les proporcionó el ministro Martín Guzmán y las perspectivas para los próximos meses. «Queremos saber cómo va a crecer el país, cuál es el plan económico», dejaron filtrar en algunos medios informativos. Se fueron con las manos vacías.

Es comprensible que el gobierno mantenga en silencio sus metas fiscales y otros números clave de la economía. Un dato reciente lo avala: según su informe oficial de 2019, se gastaron 15 de cada 100 pesos que ingresaron al sector público en intereses de la deuda. Esa elevada proporción abre la puerta a dos panoramas muy diferentes si el Tesoro debe desprenderse o no de ese dinero ($ 724 mil millones a valores del año pasado).

 Por eso se descuenta que la oferta propondrá una quita de capital y también un período de gracia de por lo menos tres años sin abonar intereses. «Para crecer, Argentina se tiene que sacar el peso de una deuda que asfixia. Un escenario alcanzable y realista implica alcanzar el equilibrio fiscal en el 2023», había afirmado Guzmán en su presentación en la Cámara de Diputados, anticipando su plan.

Prueba piloto

Un ejemplo del camino a seguir fue el canje de títulos que alivió el pago del Bogato, el bono por $ 74 mil millones que vencía el viernes. Por un momento pareció que podría haber otro reperfilamiento. Mediante una operación que incluyó nuevas letras con vencimiento en mayo y julio de este año y también julio de 2021, el pago en efectivo se redujo a $ 26 mil millones.

Aunque no dejó de abonar, Economía lanzó una exhortación: «La restauración de la sostenibilidad de la deuda en moneda nacional exige una actitud colaborativa, constructiva y de alta participación de los tenedores de dichos instrumentos». Y también advirtió: «Las conductas de tipo oportunistas y de persecución de rentas extraordinarias en períodos cortos de tiempo serán abordadas utilizando todas las herramientas legales disponibles», dijo el comunicado.

Datos concretos

La anunciada reanudación de las visitas del Fondo Monetario Internacional para monitorear la economía argentina podría ayudar a los acreedores. Sería una manera de conocer los datos concretos que, sospechan, el gobierno retacea. Pero el FMI tiene sus propios problemas internos. La decisión política de apoyar a la Argentina ya está tomada y se selló en la reunión del G-20 con el abrazo entre Guzmán y Kristalina Georgieva. La titular del organismo avaló el documento que declaró «no sostenible» a la deuda pública y pidió una «contribución apreciable» de los acreedores. Además, hará su propio aporte con una prórroga de tres años en el plazo para devolver los U$S 44 mil millones que prestó durante la gestión de Mauricio Macri.

Pero en Washington todavía deben resolver si el apoyo se materializará a través de un crédito de facilidades extendidas, la herramienta usual para reconvertir los acuerdos stand by en préstamos con mayor plazo de devolución. Ello traería aparejados condicionamientos de reformas estructurales que el gobierno argentino no quiere aceptar: prefiere diseñar su propio camino de salida, sin imposiciones desde el Norte. «