El diputado nacional y presidente de la Comisión de Justicia reparó en un dato poco difundido del pronunciamiento del Máximo Tribunal en la controversia por las clases presenciales.
-¿Cómo interpreta el fallo de la Corte?
-Está en sintonía con todas las decisiones que viene tomando que tienen que ver con medidas del gobierno nacional. La protección a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi es parte de esa saga. Claramente la Corte dice que es un actor político, que el poder pasa por ahí. Es una provocación al gobierno, un mensaje desestabilizador. En términos jurídicos el fallo es un mamarracho. Es inconsistente, contradictorio por los precedentes y además posiciona claramente a la Corte alineada con la derecha. Entre otras cosas resulta increíble que en los considerandos, el 9 de Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, al que adhiere Ricardo Lorenzetti, se diga que el Superior Tribunal de la Ciudad es el encargado de dirimir, es la última instancia, de los expedientes que tramita la justicia nacional de la Ciudad. Traducido, esto significa que cuando se decrete la quiebra del Correo y Macri la recurra, va a poder ir a la Corte de la CABA y no a la Nacional como ha sido históricamente. Le abren la puerta cuando ponen este considerando que no tiene nada que ver con lo que se estaba tratando. Es un mensaje golpista.
-¿Qué se puede hacer para que esto no vuelva a ocurrir?
-No creo que se pueda resolver o que haya herramientas, salvo la discusión o negociación política, pero la Corte abre la puerta a que todos los que estén en contra de las medidas sanitarias del gobierno nacional puedan judicializar. No veo que se pueda resolver, sólo con una cuota de racionalidad en la oposición y negociación política con los principales rebeldes, como el gobierno de Mendoza y el de Horacio Rodríguez Larreta.
-Según su punto de vista, ¿existe alguna manera de que la Corte vuelva respetar al resto de los poderes?
Esto confirma que es necesario un cambio rotundo en la conformación del tribunal y su funcionamiento. Desde mi punto de vista tenemos que tratar una ley que aumente el número de miembros y modifique un poco el funcionamiento. Entre otras cosas hay que discutir la que la Corte maneje su propio presupuesto separado del Consejo de la Magistratura, lo cual es directamente anticonstitucional. La Constitución dice que el presupuesto lo maneja el Consejo no dos cabezas.
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