Salud Mental: la mayoría de las provincias rechaza la reforma regresiva del Gobierno, mientras los casos no paran de crecer

Este lunes a la mañana comenzó a desarrollarse una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) que reúne a los ministros provinciales del área. Un tema será la falta de vacunas en los envíos de Nación, que Córdoba y Provincia de Buenos Aires vienen denunciando desde hace tiempo y que el Ejecutivo lo atrobuye a “las complejidades del contexto geopolítico”. También hablarán sobre el acceso a los medicamentos de alto costo, y por último otro punto álgido de discusión: la reforma que impulsa La Libertad Avanza a la Ley de Salud Mental.

Pero ya previo a la reunión, representantes de 18 jurisdicciones dejaron asentado su rechazo a la iniciativa oficial (que busca volver a ganar la agenda ante los escándalos de Adorni, la crisis de empleo y la alta inflación). La semana pasada se reunieron en el marco del Consejo Provincial de Salud de PBA funcionarios de Salud de La Pampa, Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones, Buenos Aires, Santiago del Estero, Chubut, Salta, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Tucumán, Formosa, Corrientes, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz y San Luis; además los 135 secretarios de salud. Todas y todos priorizaron la salud mental como tema. Con datos alarmantes, como por ejemplo la suba del 77% en las internaciones.

El proyecto de la nueva Ley de Salud Mental se presentó el sábado en el Senado. Entre otros puntos controversiales, promueve un perfil manicomializante y de mayores internaciones forzosas, le da más poder a psiquiatras y jueces, y le quita la obligatoriedad de inversión mínima al Estado nacional.

⁠Salud Mental: derechos en retrocesos

La participación de autoridades sanitarias de 18 provincias se dio en el marco del Congreso Provincial de Salud (CoSaPro), que reunió a más de 15.000 participantes, donde se llevó a cabo el 3° Encuentro Federal de Salud Mental, el cual incluyó además al Órgano de Revisión Nacional de Salud Mental y el Consejo Consultivo Honorario.

En el encuentro advirtieron sobre el aumento de la demanda, el desfinanciamiento nacional y el riesgo de retrocesos en derechos. También hubo acuerdo de los 135 municipios bonaerenses para fortalecer políticas públicas en salud mental.

Remarcaron que se vive un «contexto de emergencia en salud mental», caracterizado por un aumento sostenido de los padecimientos en todo el país. Presentaron el informe federal 2025, con datos alarmantes: un incremento del 77% en las internaciones por salud mental y del 134% en la demanda de atención ambulatoria.

«Las provincias señalaron que la situación actual no ha mejorado, sino que, por el contrario, ha empeorado, lo que refleja una mayor presión sobre el sistema público de salud, en un escenario de fuerte desfinanciamiento por parte del Estado nacional. En ese marco, también se expresó una profunda preocupación por la problemática del suicidio y por el deterioro de las condiciones de acceso a la atención», mencionaron asistentes al encuentro.

Destacaron la necesidad de analizar la situación de la salud mental en relación con el contexto social actual, atravesado por el ajuste económico y el incremento de las desigualdades, factores que impactan directamente en los padecimientos de la población.

Enérgico rechazo

En relación con el proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación, las autoridades expresaron su «enérgico rechazo». Advirtieron que la iniciativa «implica un retroceso en materia de derechos, al retirar fuentes de financiamiento esenciales, incorporar nuevas barreras de acceso a la atención en situaciones de urgencia e internación, y desarticular el enfoque comunitario que establece la legislación vigente».

Además, remarcaron que ninguna de las provincias fue consultada en el proceso de elaboración del proyecto, «lo que constituye una vulneración de los principios básicos del federalismo sanitario» y desconoce el trabajo sostenido de las jurisdicciones en la implementación de políticas públicas en salud mental.

También plantearon «la urgente necesidad» de reactivar el COFESAMA (Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones) «como ámbito institucional de debate y construcción colectiva de políticas públicas, cuya convocatoria ha sido reiteradamente solicitada por las autoridades sanitarias provinciales».

Durante el encuentro, las autoridades acordaron: fortalecer instancias federales de trabajo y decisión acordes a la magnitud de la situación actual; impulsar la elaboración de estudios epidemiológicos federales y guías clínicas de buenas prácticas, «especialmente para la atención de urgencias en infancias y juventudes, en articulación con universidades nacionales»; y reconocer que los padecimientos en salud mental tienen impactos de mediano y largo plazo y requieren políticas sostenidas en el tiempo.

«Es una ley que le generará más gasto al Estado, sin el consiguiente beneficio para la sociedad. Siempre es más cara una cama en un manicomio que una internación breve en un hospital general. Si se busca favorecer al sistema privado, cumple su objetivo, pero de ninguna manera podemos decir que será beneficioso para la comunidad», destacó a Tiempo el Doctor en Psicología, Alberto Trímboli, fundador de la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM), ex presidente de la Federación Mundial de Salud Mental (WFMH), uno de los que participó de la redacción de la ley actual y, en definitiva, uno de los mayores especialistas en salud mental del país.

«Pareciera redactada por sectores corporativos y con fuertes intereses económicos, porque destruye el entramado comunitario ordenado por la ley, y fortalece los dispositivos manicomiales (hoy denominados hospitales especializados o clínicas psiquiátricas). Es llamativo que hasta se informó que los casos ‘graves’ se internarán en hospitales monovalentes y los “leves” en hospitales generales. Eso es inaplicable«, acotó.

Trímboli habló del «conflictos de intereses» de funcionarios de Salud de Nación «por ser dueños de clínicas privadas, ser dueños de empresas de medicina prepagas y de instituciones de atención de adicciones, y ahí según mi criterio, es el motivo por el que oficialmente se ataca la ley».

También se refirió al tema inversión. La ley actual, votada en 2010, estableció un horizonte claro: integración de la salud mental al sistema general de salud, desarrollo de dispositivos comunitarios, progresiva sustitución del modelo monovalente y asignación de un piso presupuestario del 10% del presupuesto total de salud para el área. La reforma del Gobierno quita ese 10%. «Ese 10% no era una cifra simbólica: era la condición material para que el cambio de paradigma fuera posible», manifiesta Trímboli. 

«El modelo comunitario exige trabajo interdisciplinario, articulación con justicia, desarrollo social, educación y políticas de vivienda y de trabajo –añadió–. No basta con cambiar la norma: hay que cambiar prácticas institucionales consolidadas durante décadas. En relación con los reclamos que emergen ante casos de familiares con alta exposición mediática, es importante señalar que la ley no prohíbe la internación involuntaria como suele escucharse». 

Y concluyó: «La discusión no debería reducirse a “más o menos internaciones”, sino a cómo construir un sistema que intervenga a tiempo, que acompañe en comunidad y que utilice la internación, cuando sea necesaria, como recurso excepcional y no como respuesta automática».