El actor estadounidense calificó al país como uno de los más racistas del mundo y pidió a las personas negras que no apoyaran a la Selección durante la final del Mundial. Su acusación reabrió una discusión que excede al fútbol: qué autoridad tiene Estados Unidos para juzgar a una nación construida por inmigrantes mientras el gobierno de Donald Trump impulsa deportaciones masivas y convierte al extranjero en una amenaza política.
La comparación no era inocente. En la película de Quentin Tarantino, Stephen es un esclavo que colabora con el sistema que oprime a los demás afroamericanos. La publicación sugería que una persona negra que alentara a la Selección argentina estaba respaldando a una sociedad racista. Jackson no escribió originalmente el texto, pero al compartirlo con sus millones de seguidores lo hizo propio y multiplicó su alcance.
La reacción argentina fue inmediata. Miles de usuarios le recordaron al actor que Estados Unidos se constituyó sobre la esclavitud, mantuvo la segregación racial hasta bien entrado el siglo XX y continúa atravesado por la violencia contra la población negra. La respuesta puede ser defensiva, pero plantea una pregunta legítima: ¿desde qué lugar una celebridad estadounidense establece que la Argentina es el país más racista del planeta?
Samuel L. Jackson nació en 1948 y creció bajo el régimen de segregación estadounidense. Su experiencia personal y su participación juvenil en las luchas por los derechos civiles explican su sensibilidad frente al tema. Pero esa trayectoria no convierte automáticamente su afirmación en una interpretación histórica rigurosa ni lo habilita a borrar las diferencias entre las formas que adoptó el racismo en cada sociedad.
En Estados Unidos, la esclavitud fue una institución económica y política durante casi dos siglos y medio. Después de su abolición, las leyes Jim Crow organizaron la separación entre blancos y negros en escuelas, transportes, hospitales, restaurantes y espacios públicos. El Ku Klux Klan, los linchamientos, la exclusión electoral y la violencia policial fueron parte de una estructura de dominación racial respaldada durante décadas por las instituciones.
La Argentina tiene una historia diferente. La Constitución de 1853 estableció en su artículo 25 que el gobierno federal debía fomentar la inmigración europea y que no podía restringir ni gravar el ingreso de extranjeros que llegaran para trabajar la tierra, desarrollar industrias o enseñar ciencias y artes. Esa disposición permanece en el texto constitucional.
La voluntad de poblar el territorio produjo una transformación extraordinaria. Entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX llegaron millones de italianos y españoles, pero también judíos, árabes, rusos, polacos, franceses, alemanes y personas provenientes de otras regiones de Europa y Medio Oriente. Buenos Aires, Rosario y las principales ciudades del país se convirtieron en espacios atravesados por lenguas, costumbres, religiones y tradiciones diferentes.
La Argentina moderna no puede entenderse sin la inmigración. Está presente en los apellidos, en la gastronomía, en los sindicatos, en los clubes de fútbol, en el tango, en el comercio y en la cultura popular. Muchas instituciones deportivas nacieron alrededor de comunidades de inmigrantes que buscaban un lugar de pertenencia en una sociedad que todavía estaba construyendo su identidad nacional.
Durante la segunda mitad del siglo XX cambió el origen de quienes llegaban. La inmigración europea disminuyó y cobró mayor importancia la proveniente de Paraguay, Bolivia, Chile, Perú y Uruguay. En las últimas décadas se sumaron comunidades venezolanas, colombianas, senegalesas, chinas y de otros países.
La legislación migratoria argentina reconoció durante años derechos amplios a los extranjeros, incluyendo el acceso a servicios esenciales independientemente de su situación documental. Ese modelo convirtió al país en una excepción relativa dentro de un mundo que avanzaba hacia el cierre de fronteras, la militarización y la criminalización de quienes migran.
Pero las puertas abiertas no significaron la desaparición del racismo. Los inmigrantes europeos también sufrieron rechazo cuando llegaron. Fueron acusados de traer delincuencia, anarquismo, enfermedades y conflictos sociales. Sin embargo, con el paso de las generaciones fueron incorporados al relato de una Argentina blanca, moderna y europea.
La integración no funcionó de la misma manera para todos. La identidad nacional construida alrededor del inmigrante europeo invisibilizó a la población afroargentina y colocó a los pueblos originarios fuera del imaginario dominante. Más adelante, la llegada de latinoamericanos expuso nuevas jerarquías: el inmigrante italiano pasó a formar parte del orgullo nacional, mientras el boliviano, el paraguayo o el peruano podían ser presentados como una carga para los servicios públicos o como responsables de la inseguridad.
Esa contradicción obliga a evitar una defensa idealizada. Argentina recibió inmigrantes y permitió procesos profundos de integración social, pero también produjo discriminación, explotación laboral y xenofobia. El “crisol de razas” fue una promesa inclusiva y, al mismo tiempo, un mecanismo que privilegió determinados orígenes y apariencias.
La acusación de Jackson, sin embargo, adquiere otro significado cuando se observa el presente estadounidense. Donald Trump construyó su liderazgo político identificando a los inmigrantes, especialmente latinoamericanos, como una amenaza para la seguridad, el empleo y la identidad nacional. La promesa de ejecutar la mayor operación de deportación interna de la historia de Estados Unidos fue uno de los ejes de su regreso al poder.
Durante su segundo mandato, la Casa Blanca convirtió el endurecimiento migratorio en una de sus principales banderas. El propio gobierno estadounidense asegura haber deportado a cientos de miles de personas y atribuye a sus medidas la salida de millones de inmigrantes, incluyendo aquellos que habrían abandonado el país por cuenta propia ante el temor a ser detenidos. Esas cifras deben leerse como información oficial interesada, pero muestran la centralidad que la administración le concede a la expulsión de extranjeros.
La ofensiva no se limita a quienes cometieron delitos graves. En julio de 2026, un juez federal bloqueó temporalmente medidas de la administración Trump que podían quitar permisos de trabajo a decenas de miles de solicitantes de asilo y beneficiarios de programas de protección temporal. La disputa judicial mostró hasta qué punto la política migratoria alcanzó a personas que ya estaban incorporadas al mercado laboral y contaban con autorizaciones legales.
Por eso resulta llamativo que una figura estadounidense presente a la Argentina como una anomalía racista sin incorporar el contexto de su propio país. Jackson habló desde una sociedad donde la cuestión racial ocupa un lugar central y donde la población negra desarrolló una poderosa tradición de resistencia. Pero también desde una potencia cuyo gobierno actual convirtió la persecución migratoria en espectáculo político.
La comparación no debe utilizarse para absolver a la Argentina. Que Estados Unidos tenga una historia más extensa de racismo institucional no vuelve inocentes los insultos contra brasileños, los cantos sobre futbolistas franceses de ascendencia africana o la discriminación contra inmigrantes latinoamericanos. Tampoco elimina la responsabilidad de dirigentes, jugadores y funcionarios que minimizan esos episodios como parte del “folclore” del fútbol.
Durante los últimos años, la Selección y sus hinchas quedaron asociados internacionalmente con una sucesión de actos discriminatorios. Una parte de la prensa y de la comunidad afroestadounidense interpretó el Mundial como algo más que una competencia deportiva: alentó contra Argentina por lo que el equipo había comenzado a representar fuera de la cancha.
El problema está en convertir episodios reales en una sentencia contra toda una sociedad. Argentina es un país con racismo, pero también es una nación formada por generaciones de personas que llegaron desde otros lugares y encontraron la posibilidad de estudiar, trabajar, organizarse y convertirse en ciudadanos. Ambas afirmaciones pueden ser verdaderas al mismo tiempo.
Tampoco la tradición de puertas abiertas permanece intacta. El gobierno de Javier Milei endureció las condiciones de ingreso y permanencia de extranjeros mediante cambios en la normativa migratoria, incluyendo nuevas exigencias vinculadas con el seguro de salud. Es decir, la Argentina también atraviesa una discusión acerca de quién tiene derecho a entrar, permanecer y utilizar los servicios públicos.
Este giro acerca parcialmente el discurso local al clima internacional impulsado por Trump: la idea de que el inmigrante compite por recursos escasos, abusa del Estado y debe demostrar que merece permanecer. La diferencia de escala es enorme, pero el vocabulario comienza a parecerse. El país que durante más de un siglo presentó la inmigración como motor de desarrollo empieza a discutirla bajo el lenguaje del costo y la sospecha.
La controversia, entonces, no debería resolverse mediante un campeonato de hipocresías. Estados Unidos no pierde su derecho a denunciar el racismo argentino por tener una historia de esclavitud y segregación. Pero una celebridad estadounidense tampoco puede convertir a un país complejo en el enemigo racial perfecto mientras omite la persecución contra inmigrantes desarrollada en su propia sociedad.
Samuel L. Jackson no descubrió el racismo argentino ni se preocupó por explicarlo. Amplificó una percepción que se venía formando alrededor de la Selección, los cantos de sus hinchas y la falta de respuestas contundentes de sus principales figuras. Su acusación es exagerada, pero no surgió de la nada.
La Argentina debe preguntarse qué responsabilidad tuvo en la construcción de esa imagen. Pero también tiene derecho a recordar su propia historia: la de un país que abrió sus puertos, recibió a millones de personas y convirtió a los hijos de extranjeros en argentinos sin exigirles que renunciaran por completo a sus orígenes.
Tal vez el verdadero contraste no sea entre un país racista y otro que no lo es. Es entre dos naciones construidas por inmigrantes que hoy discuten qué hacer con quienes vuelven a tocar sus puertas. Estados Unidos responde con redadas, deportaciones y muros. Argentina todavía conserva una tradición más hospitalaria, aunque esa tradición está siendo disputada.
La pregunta que deja la intervención de Jackson no es solamente si la Argentina es racista. También es quién tiene el poder de definir a una sociedad ante el mundo, qué hechos selecciona para hacerlo y cuáles decide convenientemente dejar fuera de cuadro.
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