Reiteró que es falsa la denuncia de Carrió y que no hubo movimientos irregulares de fondos.
La presentación, firmada por los abogados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina, fue formalizada hoy ante la Unidad Fiscal de Instrucción provincial N° 11, que está a cargo de Álvaro Garganta, quien investiga a Scioli por presuntos desvío de fondos públicos por parte de la Jefatura de Gabinete durante los años 2014 y 2015, a raíz de una denuncia formulada por la diputada Elisa Carrió. El dinero, según la denuncia, habría sido destinado a la campaña electoral.
«Resulta imposible y hasta falso que se afirme como surge de ciertas vertientes periodísticas- que haya existido retiro de dinero en efectivo de las cuentas públicas y en los volúmenes indicados por la suma cercana a 20 mil millones de pesos», dice el escrito en el arranque al que accedió Tiempo. Asegura también que todo pago o transferencia durante la gestión del ex gobernador al frente de la provincia «se encuentra debidamente documentado y con sus destinatarios perfectamente identificados, habiendo sorteado los controles constitucionales y legales pre y post ejecución».
En el escrito, la defensa de Scioli ofrece como prueba al fiscal Garganta solicitar a la Tesorería General de la provincia que informe si el 7 de enero de 2014, a modo de muestreo, se realizaron pagos o transferencias, que se identifique la dependencia que recibió el dinero, que se detalle si esos pagos fueron en efectivo o través de interdepósitos electrónicos, si hay constancias de que se hayan pagos en efectivo, a qué reparticiones y por qué montos.
Por último, en la presentación se asegura que los inmuebles identificados como La Morocha, La Estrella y La Negra, ubicadas en Tandil, no son propiedad de Scioli, como afirmó la denuncia periodística del programa La Cornisa del domingo pasado.
La diputada Carrió, por su parte, se presentó también en la fiscalía de Garganta para ratificar la denuncia contra Scioli y en ese marco pidió que sea citado a declarar el financista Leonardo Fariña, principal acusador del empresario Lázaro Báez, y también el senador provincial de la CC ARI, Andrés De Leo, quien declaró sobre causas de presuntas facturas falsas en Bahía Blanca.
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