«Se apropiaron informalmente de la sede de la Tupac»

Integrantes del Comité por la Libertad de Milagro Sala denunciaron la apropiación ilegal de la sede que la organización barrial Tupac Amaru, en el centro de San Salvador de Jujuy, y advirtieron que fue allanada el martes por la noche por el juez provincial Pablo Pullen Llermanos quien «no tiene competencia» para actuar. Denunciaron que se trató de una parte de la «puesta en escena» para estigmatizar la organización que continuará mañana jueves en los tribunales, donde se realizará una audiencia preliminar en el marco de la causa Pibes Villeros, que aseguraron que persigue el mismo objetivo. También anunciaron la visita de una comitiva de abogados de Canadá, Colombia y EE.UU, especialistas en derechos civiles y laborales que visitarán la provincia.

«Pudimos acceder a una orden de allanamiento recién hoy (por este miércoles), y remitía a una causa caratulada ‘averiguación de delito’, que no tiene ni imputados, por eso no somos parte, y no hay ningún tipo de información más que esa», dijo Alejandro «Coco» Garfagnini, coordinador nacional de la Tupac, en la conferencia. E informó que tras desalojar la sede, Pullen Llermanos dispuso como interventor -«supuesto», dijo para remarcar la imposibilidad de la organización para acceder a la causa- a «un funcionario del gobierno de Gerardo Morales, un señor que se llama (José Luis) Estrada, concejal radical del interior».

También denunció que la policía jujeña retiró del lugar un tomógrafo y un ecógrafo que utilizaban los servicios médicos que ofrecía la organización.

Más tarde, la abogada de Milagro Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, remarcó que el allanamiento «fue correr nuevamente un límite de la justicia en el país. Cómo dijo Coco, la Justicia jujeña es un grupo de tarea de Morales y Jujuy es una zona liberada para esos grupos de tareas».

Y graficó: «Imaginense que llega la policía a su casa, por una causa en la que no se sabe que delito se cometió, no se sabe quién es el que lo cometió, pero aún así entran y se quedan en su casa. Eso es lo que ocurrió, es así de grave».

La conferencia del Comité se realizó en la sede de la organización barrial en CABA, ubicada en San José y México, que encabezaron las coordinadoras Mara Brawer y Estela Díaz, y contó con el respaldo de legisldores nacionales como los diputados Horacio Pietragalla, Mónica Macha y Andrés Larroque, bonaerenses como Florencia Saintout y Lauro Grande, y dirigentes políticos como Victoria Montenegro, Luis D’Elía y Martín Sabbatella, y los gremiaistas Walter Correa de la CGT, entre otros referentes de organizaciones sociales y de derechos humanos.

Frente a los gremios de prensa, Garfagnini recordó que el juez que encabezó el allanamiento es el mismo que incumplió la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó otorgarle a Milagro Sala, presa desde enero de 2016, la prisión domiciliaria. En ese camino, remarcó que Pullen Llermanos solo tiene competencia en expedientes iniciados antes de 2011, pero que la causa a la que lograron acceder los abogados Luis Paz y Paula Álvarez Carreras, tiene fecha de 2018.

«Esto es lo que se vive en Jujuy, donde está demás decir que no hay estado de derecho», resumió y apuntó que con Milagro analizaron la posibilidad de que «Morales con el acompañamiento de la justicia -«que ha dejado de serlo para operar como un grupo de tareas», opinó- empezaba a volver a las calles, a reagruparse, reorganizarse, a movilizarse».

En la conferencia analizaron que el copamiento policial de la sede se produjo en el contexto de la sesión preparatoria que la justicia jujeña realizará este jueves en el marco de la causa Pibes Villeros, el expediente que nació tras la aparición en los medios de imágenes de cámaras de seguridad del Banco Nación, que consideraron una puesta en escena para continuar estigmatizando a la organización barrial.

Además, reclamaron la prisión domiciliaria de la Tupac Amaru presas en la cárcel de Alto Comedero y en el Penal de Gorriti.

Comitiva internacional

En la conferencia se anunció el arribo de una comisión internaciona de juristas, integrada por dos abogados de Canadá, dos de Colombia y uno norteamericano, especializados en derecho laboral y que han participado en misiones de paz, que visitarán Jujuy.

«Van a visitar a Milagros, a los presos de las dos cárceles y estamos gestionando una reunión con el gobernador», anunció María Elena Naddeo, presidenta de la APDH e integrante del Comité. Y apuntó: «Vienen a traer solidaridad y a interiorizarse en la situación». En ese camino advirtió que hay un universo de organizaciones de Derechos Humanos a nivel internacional a los que le llama mucho la atención el retroceso en esa materia.

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