Sectores pyme impugnan la reforma laboral y piden discutir la emergencia

La dirigencia pyme está dividida por el avance del proyecto oficial de reforma laboral. La semana pasada en el evento ProPymes de Techint, los proveedores de esa corporación elogiaron la propuesta oficialista con observaciones puntuales, pero otros sectores plantean que hay que parar el texto que se empieza a debatir en el Congreso y avanzar con medidas de auxilio para cortar la sangría de empresas. 

En este último sector está la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), que alertó que la iniciativa de los libertarios podría “profundizar un modelo recesivo que está destruyendo al mercado interno, las Pymes y la actividad productiva nacional”.

Apyme argumentó que las reformas que busca el Ejecutivo son quitas de derechos laborales con una intencionalidad de debilitar a los sindicatos y de facilitar la instauración de una política de “primarización, concentración y extranjerización productiva”.

La entidad llamó en ese sentido a frenar y revertir el industricidio y “volver a discutir la emergencia de las micro, pequeñas y medianas empresas”. 

Otra entidad representativa del sector, Industriales Pymes Argentinos (IPA) considera que las reformas como la laboral no tienen prioridad en la agenda del sector y pide que el gobierno intervenga con políticas de salvataje urgentes para evitar que siga creciendo el número de cierres de empresas y despidos de personal. 

Menos disruptivos, los think tank que asesoran a las empresas plantean correcciones puntuales que harían el proyecto oficial más tolerable para el sector, como un retoque de la propuesta de formalización de la fuerza de trabajo que, argumentan, no tendría mayor impacto en el segmento pyme.

Idesa consideró «una debilidad del proyecto no contemplar los factores que más inciden para que en las empresas más chicas la informalidad sea tan masiva» como «la imposibilidad de aplicar los convenios colectivos de actividad (originalmente diseñados en función de las necesidades de las empresas más grandes y actualmente obsoletos por el paso de décadas sin actualizarse) y las muy elevadas cargas sociales». 

Las pymes advierten por la influencia de las grandes empresas en la redacción de la reforma. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, es un laboralista que trabajó en el área jurídica de Techint y está, como participante del Consejo de Mayo, en la primera línea de diseño y redacción del proyecto de ley que ingresó la semana pasada al Senado. 

También suena entre los promotores de la iniciativa otro laboralista vinculado a la industria, el ex presidente de la UIA y referente de las alimenticias, Daniel Funes de Rioja. 

El ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Oscar Cuartango, afirmó que la ley que se pretende aprobar “está hecha por los estudios laborales que asesoran a las grandes empresas y a la UIA” y que las pymes no fueron consultadas para la redacción de la propuesta, por lo que adelantó que “van a proliferar los juicios con planteos de inconstitucionalidad”.