Viejos discursos anti migrantes son reactivados para criminalizar la movilidad y encubrir una agenda de ajuste brutal y empobrecimiento.
Este Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), entre sus premisas, refuerza el control migratorio, limita el acceso gratuito a la salud y la educación, restringe el derecho a la residencia y vulnera derechos humanos reconocidos por la Constitución Nacional. El decreto modifica la Ley de Migraciones N° 25.871, sancionada en el año 2004, que fue pionera a nivel mundial por reconocer a la migración como “un derecho esencial e inalienable sobre la base de los principios de igualdad y universalidad”, además de “asegurar el acceso a la salud, la educación, la asistencia social y atención sanitaria a todas las personas extranjeras que se encontraran en el país, hayan o no regularizado su permanencia”.
Durante la movilización, Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA) levantan su bandera sobre la Av. 9 de Julio bajo un sol abrasador. Se encolumnan para caminar. “Estamos hoy acá para defender los derechos que supimos conseguir y que este gobierno nos quiere arrebatar; no estamos pidiendo que nos regalen nada, nosotras trabajamos y aportamos a este país”, explica Natividad, migrante peruana y miembro de la organización. “Queremos que dejen de perseguirnos y estigmatizarnos, no somos delincuentes”.
A menos de dos kilómetros, en simultáneo, la Policía de la Ciudad detiene de manera violenta a un trabajador senegalés que vende ropa en la calle. El hecho es registrado en un video que luego se difunde en redes sociales. Allí se ve cómo le roban la mercadería, lo golpean y lo detienen. Lo acusan de resistencia a la autoridad y de vender ilegalmente en la vía pública. “Esta violencia e impunidad no es nueva, sucede hace muchos años, solo que ahora con el DNU 366/2025 pueden hacer lo que quieran. Le imputaron tres causas judiciales; con tres causas lo podrían deportar”, comenta una compañera de su comunidad en una entrevista realizada en el mes de diciembre, quien no quiere ser identificada por temas de seguridad. “Es algo que sucede a diario -agrega-. Este es el mensaje: podemos hacer lo que queramos con los negros”.
Desde la asunción de Milei como presidente de Argentina en diciembre de 2023, aliado declarado del presidente de Estados Unidos Donald Trump en la geopolítica actual, una vasta porción de los derechos conquistados en los últimos años en el país, relacionados con la migración, los feminismos, las personas con discapacidad, la libertad de prensa, la inversión en ciencia, educación superior y salud pública, fueron derogados mediante DNU. En algunos casos, sin pasar por el Congreso de la Nación; en otros, con la connivencia del Poder Judicial. Milei lleva casi 100 decretos expedidos en dos años de gobierno. Todos derogan derechos conquistados.
Estamos inmersas en un cambio de época profundo que afecta principalmente a las poblaciones históricamente más vulneradas: Exclusión, despojo de derechos, racismo, discriminación, discursos de odio y violencia estatal son parte de las respuestas que muchos países, gobernados por el neofascismo, han adoptado como políticas públicas hacia las personas migrantes. En Argentina, estos retrocesos refuerzan un viejo racismo que creíamos más lejano: hay extranjeros “de bien” con dinero para invertir, y migrantes pobres que vienen a saquear el trabajo y delinquir.
Si bien la nueva ley endurece significativamente los requisitos migratorios, incluye una disposición que permite a personas extranjeras que realicen una “inversión significativa” en Argentina acceder a la naturalización. Mientras tanto, el gobierno de Milei avanza con un falso discurso de “invasión” que replica la retórica de la administración Trump, dirigido contra personas migrantes racializadas del Sur Global. Así, viejos discursos, disfrazados de nuevos, se consolidan cada día con mayor fuerza en la sociedad. Viejos discursos, disfrazados de nuevos, se consolidan cada día con mayor fuerza en la sociedad.
En los últimos meses, la noticia de la nueva ley de inmigraciones ha conmovido a las comunidades de migrantes en Argentina, ya que hace retroceder las políticas migratorias a tiempos de la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, cuando regía la llamada Ley Videla. Vigente desde 1981 a 2003, esta norma permitía la expulsión de personas migrantes sin derecho a réplica. O incluso más atrás aún, a comienzos del siglo XX, cuando la Ley de Residencia de Extranjeros N.° 4414 —en vigor entre 1902 y 1958— era usada para “impedir la entrada y expulsar extranjeros cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbare el orden público”, sin intervención del Poder Judicial y a total discreción del Poder Ejecutivo.
Al DNU 366/2025, orientado a asociar a la migración con el delito, se suma ahora un cambio de estructura de enorme consecuencia: el traspaso de las políticas migratorias del Ministerio del Interior al Ministerio de Seguridad a través del DNU 793/2025, sancionado en noviembre de 2025, que crea la Agencia de Seguridad Migratoria. Este cambio de paradigma significa que la política migratoria deja de estar en manos de organismos civiles y pasa a ser gestionada por tres fuerzas represivas: la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Gendarmería Nacional.
La nueva Agencia de Migraciones será dirigida por Diego Valenzuela bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, actualmente a cargo de Alejandra Monteoliva, discípula política de la senadora Patricia Bullrich, ministra de Seguridad hasta diciembre de 2025. Bullrich cuenta con decenas de denuncias de organismos nacionales e internacionales por sus políticas represivas hacia la protesta social, lxs jubiladxs que reclaman sus derechos cada miércoles frente al Congreso y la libertad de prensa.
Por su parte, Monteoliva publicitó en sus redes sociales que en los últimos dos meses hubo un “récord histórico de expulsados, inadmitidos, capturados y extraditados”, sumando a 4.700 deportaciones entre diciembre de 2025 y enero de 2026. El 23 de enero, el Ministerio de Seguridad junto con la Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo un operativo en Celina, provincia de Buenos Aires, cuyo despliegue aterrorizó a la comunidad. Estos controles evidencian la clara intención del gobierno de Milei de establecer un modelo de referencia similar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) que ya está en marcha.
A este escenario se le suma el nuevo DNU 941/25, firmado por Milei el último día del 2025 sin pasar por el Congreso. El decreto otorga a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) una serie de facultades extraordinarias que implican un cambio de régimen en la administración de las Fuerzas Estatales en todas sus formas: inteligencia, seguridad interior y Fuerzas Armadas dirigidas a quienes no acaten —de forma pacífica o no— las resoluciones del gobierno.
Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “El decreto habilita a agentes de inteligencia a detener personas sin orden ni control judicial, a pesar de que el Poder Ejecutivo tiene prohibido legislar en materia penal”. Además, permite que estas detenciones se realicen durante las actividades de inteligencia o ante supuestos delitos en flagrancia, sin dar aviso a un juez y solo informando a otras fuerzas de seguridad.
El Decreto también habilita a las agencias de inteligencia a requerir datos personales a cualquier organismo del Estado nacional o provincial, sin ningún control externo ni necesidad de demostrar un vínculo con la seguridad nacional. “Las modificaciones que lleva adelante el decreto no son ajustes de estructuras administrativas”, continúa una declaración del CELS denunciando el decreto, “sino que implican intervenciones restrictivas directas o invasiones sobre nuestros ámbitos de autonomía y acción social, decididas por un instrumento de baja calidad democrática”.
En septiembre de 2024, el gobierno ya había avanzado en esta dirección al modificar la estructura de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), tras la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia (INADI), debilitando aún más los mecanismos institucionales de protección para personas migrantes y refugiadas. Este endurecimiento no ocurre en el vacío. Sucede en un contexto de ajuste brutal, empobrecimiento acelerado y endeudamiento. El gobierno encuentra en las personas migrantes un chivo expiatorio que corre el foco. La securitización de la migración permite desplazar el conflicto social, construir un enemigo interno y justificar la expansión del aparato represivo bajo el discurso del orden y la seguridad nacional.
Migrar. En su etimología original significa moverse de un lugar a otro. Es, además, un derecho que existe desde el principio de la humanidad y que fue reconocido por nuestras sociedades contemporáneas a través de leyes y tratados internacionales. Sin embargo, este derecho hoy es cuestionado a escala global por la derecha mundial. Desde Estados Unidos hasta Europa y América Latina, estos gobiernos avanzan en políticas que criminalizan la movilidad humana y convierten la migración en una amenaza a erradicar.
Según un informe de 2020 de las Naciones Unidas, dos millones de personas migrantes residen actualmente en Argentina. Aunque significativo, no se trata de una “oleada migratoria”, como declara el gobierno. La gran mayoría de quienes emigran lo hacen en busca de mejores condiciones de vida y de trabajo, algo que hoy no ofrece la Argentina de Milei. Así lo demuestran datos compilados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que analiza la migración internacional a partir de los censos y muestra su evolución histórica en el país: 29,9 por ciento de la población en su momento pico en 1914, 4,5 por ciento en 2010 y 4,2 por ciento en la actualidad.
Sin embargo, en septiembre de 2025, Milei declaró que lxs migrantes están triplicando la población e “invadiendo” el país al no adaptarse a su cultura. Estas declaraciones no buscan describir la realidad, sino producir una nueva; sin ley, en nombre de la ley. Si nos encontramos ante una “invasión”, ergo, “una amenaza”, se construye una narrativa bélica que genera miedo y que solo se combate con mano dura. Una fórmula que siempre consolida la represión y la muerte, y que nos recuerda los momentos más oscuros del Plan Cóndor en América Latina.
En definitiva, parece que para los estados neofascistas no importa la verdad, la realidad, ni los datos científicos. Cuando se disuelven organismos y ministerios dedicados a la defensa de derechos humanos fundamentales, se anulan por decreto las leyes universales de protección y se concentra el poder en los grupos de inteligencia nacional —con la capacidad de cruzar datos de cualquier actividad u organismo— estamos frente a un hecho gravísimo: un estado de excepción permanente, entendido como la limitación de ciertos derechos ciudadanos y la asunción de poderes especiales que van más allá de las facultades ordinarias. Permanente, ya que deja de ser excepción para convertirse en regla general. Como señalan los abogados Angélica Acosta y Federico Egea, “el Ejecutivo recurrió al decreto porque el contenido de la reforma —ampliación del secreto, habilitación de detenciones, vigilancia masiva— difícilmente podría superar un control legislativo serio”.
No se trata de una situación aplicable solo a personas migrantes, sino a toda la sociedad en su conjunto, aunque el gobierno siga insistiendo en que “la libertad avanza”.
Sandra Chagas llegó sola desde Uruguay a la Argentina con 14 años. Se define como negra candombera, activista de derechos humanos de las personas afrodescendientes, afrolesbiana, feminista, antirracista, anticolonialista y antimperialista. Es presidenta del Movimiento Afro Cultural y de Matamba LBTTINB, e integra articulaciones con otros espacios de activismo político y cultural. En diálogo con ella, reflexiona: “La patria no tiene en consideración nuestras identidades. La xenofobia y el racismo que genera nos afectan, nos diezman, nos desarraigan. Antes éramos los negros, ahora somos afrodescendientes, pero el racismo continúa”.
El racismo lo vivió desde siempre en su cuerpo, de manera concreta y cotidiana. Trabajaba en una oficina, haciendo las mismas tareas que el resto, pero con la diferencia de que tenía solo 20 minutos para almorzar, mientras que sus compañeras tenían una hora. Además, hacía extras los sábados que no eran computados en su sueldo. “Ahí te das cuenta de cómo funciona el racismo”, explica. “No consiste en una cuestión desigual, sino en que te traten como si fueras propiedad de alguien que te puede explotar porque necesitás ese trabajo y tenés que estar contenta porque te pagan”.
Desde la aplicación del DNU 366/2025, Sandra fue testigo de un caso emblemático: el primer expulsado bajo ese decreto fue un ciudadano uruguayo que llevaba 23 años en el país con residencia precaria. “Fue a migraciones, lo apartaron y lo llevaron preso. Su pareja no entendía nada, nadie entendía nada”. Según relata Sandra, lo iban a trasladar a las ocho de la mañana, pero lo trasladaron a las 3. Por este motivo no hubo posibilidad de presentar un habeas corpus. “La aplicación de este DNU aparentemente fue por una contravención que él tenía del 2018 por ruidos molestos. Yo creo que es un caso testigo para demostrarnos qué es lo que pueden hacer con nosotres”.
Pese a esto, los colectivos siguen trabajando en pos de generar conciencia junto a otras organizaciones afrodescendientes en Argentina. Fruto de esas luchas fue la Ley 26.852, sancionada en 2013, que instituye el 8 de noviembre como el Día Nacional de los/las Afroargentinos/as y de la Cultura Afro. Sandra también es parte de la Red de Mujeres Afro Latinas Caribeñas y de la Diáspora, que desde 1992 articula asambleas, encuentros y acciones en toda Abya Yala. “Es un espacio de articulación política, para conocer cómo están en los otros territorios, cómo les está afectando el extractivismo a tantas mujeres que son las que sostienen la vida y que hoy en día no tienen acceso ni siquiera al agua y muchas son perseguidas en sus lugares”.
Delia Colque, migrante boliviana en Argentina desde 2005 e integrante del colectivo Ni Una Migrante Menos, relata la situación de las migrantes en el país con claridad: “Este gobierno ultraderechista, fascista, racista de Javier Milei lastimosamente está yendo por todos los derechos que se han ido consiguiendo durante tanto tiempo, con mucho esfuerzo y lucha que nadie nos regaló”. Para ella, esos derechos que fueron conquistados a través de la organización y el armado de redes hoy están siendo arrebatados a las comunidades migrantes en general y, sobre todo, a las mujeres. “Nosotras lo sentimos en nuestras cuerpas, en nuestro cotidiano vivir, en nuestra economía, en la educación y en la salud, tanto nuestra como la de nuestros hijos e hijas. Ese DNU está generando mucha preocupación, sobre todo por las deportaciones”.
En este contexto, organizarse, encontrarse y activar espacios de contención pasa a ser una prioridad en estos tiempos de pérdida de derechos y retrocesos. “Ni Una Migrante Menos ha sido bastante golpeada por esta crisis, a comparación de otros años que hemos logrado movilizarnos y estar unidas”, reconoce Delia. Aun así, insiste en la necesidad de seguir manifestándose, visibilizando lo que están viviendo y denunciando la vulnerabilidad a la que están expuestas ante estas políticas represivas. Pero sobre todo, apela a la solidaridad de la población en general y de las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos para acompañar la defensa del derecho a migrar y a trabajar.
Quizás de eso se trate este tiempo: de unir todas las luchas, porque la resistencia ya no parece ser una elección, sino una necesidad vital.
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