Sergio Cuestas, abogado del FIPCA: «La provincia desobedece la orden de abrir el camino hacia Lago Escondido»

El lunes 7 de febrero Sergio Cuestas recorrió a trote 26 kilómetros de montaña. Tardó cinco horas y media en llegar desde el refugio Los Laguitos hasta Wharton, en Río Negro. Salió pasadas las 6 de la mañana, sin peso, y recorrió caminos pedregosos de subidas y bajadas pronunciadas. Le urgía llegar a la comisaría de El Bolsón para denunciar lo que estaba pasando con sus compañeros y compañeras de la Marcha por la Soberanía de Lago Escondido que estaban varados en la cabecera Sur del Lago Soberanía desde el día anterior. El grupo había pasado la noche del domingo bajo las intimidaciones de más de cuarenta personas a caballo que responden al magnate inglés Joe Lewis, dueño de 12 hectáreas dentro de las cuales se encuentra el lago.

Cuestas es montañista y además es el abogado de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA). Por eso decidió emprender el regreso solo, para avisar lo que estaba pasando. El domingo, después de caminar tres horas, llegó al primer refugio, pero no encontró al puestero y no tenía forma de avisar. Pidió ayuda a la Policía de Montaña, pero le dijeron que no tenía instrucciones de mover a nadie. Oscureció y descansó allí hasta la salida del sol . “Mientras trotaba tenía la imagen de los compañeros que quedaron solos en ese lugar y expuestos a cualquier tipo de agresión. Tenía la necesidad y la urgencia de llegar a hacer la denuncia y cubrirlos de esa manera”, le contó a Tiempo Argentino.

¿Qué pasó el domingo mientras cruzaban el Lago Soberanía para llegar a Lago Escondido?

Fue muy violento. Éramos un grupo de veinte y llevábamos cinco kayaks inflables para no cargar peso en la montaña. En esa parte del sendero pasa una especie de barranco muy peligroso que tiene desprendimientos. Por eso hay que ir por agua. Cuando llegamos al único pedazo de costa que permite el desembarco vimos un grupo de personas, una al lado de la otra, justo sobre el borde del agua sin dejar espacio libre para bajar. Un hombre de apellido Pucci, que es el dueño de un comercio de un lugar lejísimos, fue el vocero. Nos informó que el camino estaba cerrado, que hasta ahí habíamos llegado y que no íbamos a pasar, que éramos extranjeros. Después empezaron las amenazas: que nos íbamos a hundir en el agua, que iban a visitarnos a la noche y que iban a hacer asado de Vikingo. Ese es el apodo de Alejandro Meyer, el que dirigía la columna. Cuando nos acercamos a dialogar, vimos detrás del grupo a Nicolás Van Ditmar, el administrador de Hidden Lake, el capataz de Joe Lewis. Nos pincharon uno de los kayaks y tuvimos que usar un inflador para volver a la otra costa. Nos provocaban, insultaban y filmaban.

¿Cómo pasaron la noche del domingo?

A la noche se dispararon armas de fuego desde la otra orilla, escopetazos, iluminaron con reflectores potentes, pegaban gritos. Todas acciones de amedrentamiento. Esa noche yo decidí volver porque la comunicación ahí es muy difícil, llevábamos un teléfono satelital con el que costaba mucho comunicarse. Había que ir al medio del lago para conseguir señal. Se nos cortaba a cada rato. Había que hacer ese despliegue rápido. La sensación, cuando llegué al refugio y no tenía medios para poder bajar con un equipo para que pueda regresar Jorge Rachid, ni un medio para llegar hasta Wharton o El Bolsón para informar lo que pasaba, fue bastante desesperante. Jorge se descompuso el domingo en el agua, al día siguiente estuvo más estable. Por eso salí de esta forma.

En su rol de abogado de la Fundación, ¿cómo evalúa el accionar de la justicia de Río Negro?

Esta es la sexta marcha, en la tercera y cuarta entramos al Lago Escondido, a través de presentaciones judiciales a las que la justicia hizo lugar. En una presentamos un amparo y conseguimos que la jueza acordara que la policía nos acompañe. Entramos y tuvimos problemas. La segunda vez, la jueza dictó la medida y ordenó que nos permitan el acceso y entramos. A esa jueza, Erika Fontela, le iniciaron juicio político y la destituyeron luego de darnos ese amparo. En la marcha siguiente, el juez local se apartó porque dijo que había participado en otro pleito con Hidden Lake. Es absurdo porque ningún juez o abogado de El Bolsón puede no haber tenido ningún vínculo con el dueño de todo. Lo que hicimos en este caso fue dirigirnos directamente a la justicia de Bariloche para evitar la dilación habitual que tenemos acá: presentamos un recurso y los jueces se excusan, se declaran incompetentes y lo derivan a Bariloche.

¿Cómo califica esta situación reiterada de jueces que se excusan? ¿Es miedo, complicidad?

Diría que son las dos cosas. No conozco el ánimo ni el espíritu de cada juez, pero no hay dudas de que ninguno tiene el coraje de hacer valer el derecho. Sobre el derecho no hay dudas. Es armónica la Constitución Nacional, las leyes provinciales, las nacionales, la sentencia del juez, sin embargo con una excusa absurda el expediente está estancado hace quince años. Lleva todos esos años sin ejecutarse porque tiene dos sentencias: una en el juicio principal y una en el juicio ejecutivo. En ambos casos, el gobierno provincial desobedece la obligación de abrir el camino y señalizarlo. La sentencia es contra el Gobierno de Río Negro para que abra los dos caminos, el de montaña y el otro. Todos los cursos de agua son de uso público. No se puede burlar la Constitución ahí. Tienen cajoneada la causa porque hay una sola forma de resolverlo: que se abra el camino y que los ciudadanos argentinos puedan acceder al lago sin pedirle permiso a un inglés.