Sigue la protesta por las retenciones mientras se espera una cosecha récord

Dirigentes y productores agropecuarios expresaron su «contundente rechazo a los derechos de exportación, cuyas últimas subas golpean fuertemente a todo el sector» y se declararon en alerta permanente. Lo hicieron en una asamblea celebrada el viernes por la tarde en la localidad cordobesa de Río Cuarto. Asistieron más de 500 productores y también directivos de la Mesa de Enlace de entidades agrícolas.

El documento difundido tras la reunión tuvo términos muy duros para la iniciativa oficial de actualizar el valor de las retenciones e incluso guardarse un margen para subirlas tres puntos más, tal como lo autoriza la Ley de Solidaridad Social. Sin embargo, y a pesar de que ya hubo protestas en otros puntos del país (como un camionetazo en Crespo, provincia de Entre Ríos), se descartaron medidas de fuerza. Por el contrario, se decidió «agotar todas las instancias de diálogo con el gobierno nacional para buscar soluciones».

La reunión sirvió para canalizar el descontento del sector por el nuevo esquema tributario que supondrá una transferencia de recursos al gobierno cercana al 0,5% del PBI. Sin embargo, allí no se hizo referencia a otros estudios que revelan que la presión impositiva está en sus niveles más bajos de los últimos años, que la competitividad de las exportaciones se encuentra por encima del promedio de la década y que, en paralelo, la cosecha que se avecina puede ser «la más grande de la historia».

Esta última previsión corre por cuenta de la Bolsa de Comercio de Rosario tras analizar los reportes de la zona núcleo, como se llama a las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Según la entidad, en el último año calendario, las cosechas 18/19 de soja y maíz y la 19/20 de trigo suman 41,3 millones de toneladas, nueve millones más que el promedio de los últimos tres años y 52% por encima que la de 2018 (afectada por la sequía). «Es la producción más grande de la historia entre los tres cultivos», afirma la BCR.

Por su parte, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) evaluó el impacto de los nuevos derechos de exportación que alcanzan a los granos (30% a la soja y 12% al resto). A partir de allí, concluyó que «de cada $ 100 de renta (valor de la producción menos costos) que genera una hectárea agrícola, $ 60,40 se lo llevan los distintos niveles de gobierno», sumando los impuestos nacionales, provinciales y municipales. Se trata de un promedio ponderado en función del rendimiento de cada cultivo, sus precios internacionales y las distancias de cada provincia a los puertos de salida. La presión podría subir al 64,7% si el gobierno decide aplicar los tres puntos más de retenciones, tal como lo facultó el Congreso, y si el Inmobiliario rural vuelve a subir tras la suspensión del pacto fiscal que habían suscripto las provincias.

Sin embargo, el análisis de la serie histórica de la FADA da cuenta de que la presión impositiva es una de las más bajas desde enero de 2007. Por caso, en septiembre del año pasado, antes de que el expresidente Mauricio Macri reimplantara las retenciones, la tajada que se llevaba el Estado era algo superior a la actual (60,5%). Y en diciembre de 2015, cuando la gestión de Cambiemos derogó todas las retenciones salvo las de soja, era de 66,3%.

Algo similar advierte la consultora Economía y Regiones al analizar el precio efectivo que reciben los exportadores. El cambio en las alícuotas provoca una previsible caída en la competitividad de 14% entre noviembre y diciembre, principalmente en el grano y el aceite de soja. Pero si la foto actual es mala para los productores agrícolas, la película es mucho mejor: los sucesivos aumentos del dólar en relación al peso mejoraron la competitividad 44,5% con relación a 2015 y 7,6% con relación al promedio de toda la era macrista.

El argumento del gobierno es que las alícuotas de los derechos de exportación no subieron y que sólo se eliminó el tope de cuatro pesos por dólar que había fijado la anterior gestión. «Sólo estamos ordenando lo que Macri hizo, no estamos fijando nuevas retenciones», dijo el presidente Alberto Fernández. El propósito oficial es diferenciar entre grandes y pequeños productores, tal como se acordó en el Congreso al modificar el texto original de la Ley de Solidaridad. Ayer, el ministro de Producción, Matías Kulfas, dijo que «lo que viene es una conversación con el sector para segmentar a pequeños productores y generar incentivos para agregación de valor». «

LIQUIDACIÓN
Para esquivar las mayores retenciones, muchos exportadores liquidaron divisas por adelantado. El total de 2019 fue de U$S 23.719 millones (+17%),
según las cámaras CIARA y CEC.