La sobrepoblación carcelaria no se resuelve con traslados

La situación en las cárceles argentinas es crítica. El hacinamiento en los penales federales y bonaerenses no solo es un problema de números: tiene consecuencias directas sobre la salud, la alimentación, el acceso a tratamientos médicos, la circulación de violencia y el incremento del riesgo de torturas y malos tratos. 

En estos días, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) pidió trasladar a Campo de Mayo a los presos condenados por crímenes de la dictadura cívico-militar, con el argumento que en el penal de Ezeiza ya no hay lugar. Es cierto que existe una sobrepoblación preocupante, pero trasladar a 19 personas no soluciona el problema de fondo. Es una medida cosmética, que omite las causas. 

La crisis de sobrepoblación carcelaria no se resuelve con parches. Se resuelve con una política criminal que apunte a reducir el encarcelamiento irracional y que garantice los derechos de las personas privadas de su libertad. Hoy, el SPF aloja a unas 11.800 personas, 800 más de lo que su capacidad permite, según los datos del mismo Ministerio de Justicia de la Nación. La situación es todavía más grave en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se concentra la mayoría de la población penitenciaria.

El rebalse de las cárceles ya impacta en las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires, lugares que no cuentan con infraestructura adecuada para alojar personas. Actualmente, 2.475 personas están detenidas en alcaidías y comisarías porteñas. Son espacios transitorios que hoy, por la saturación del sistema, funcionan como cárceles improvisadas.

El problema es estructural y se profundizó por tres razones principales. La primera es el uso desmedido de la prisión preventiva: el 44% de las personas detenidas en el SPF está sin condena. En la CABA, esta práctica sostiene también la sobrepoblación en comisarías y alcaidías. La segunda es el aumento de las penas cortas: los condenados a menos de tres años, en general por delitos menores, se triplicaron en los últimos doce años (un 263% de incremento). La tercera es la detención como política de seguridad: el abuso de arrestos policiales, sumado a la lentitud judicial, genera que muchas personas permanezcan meses encerradas sin que su situación procesal avance. En la CABA, el 23% de los detenidos está en esta situación.

El panorama en la provincia de Buenos Aires no es mejor. La sobrepoblación en cárceles, alcaidías y comisarías bonaerenses alcanza el 95%. Las personas privadas de la libertad siguen creciendo en forma continua aun cuando hace años no hay lugar para alojar a más personas. La ecuación es simple: entran más personas de las que salen.  El dictado de la prisión preventiva como regla extendida es uno de los puntos que explica el aumento constante de la población detenida. La mitad de las personas a las que se les abre una causa quedan con prisión preventiva.  

La sobrepoblación no es solo una cifra fría. Impacta de lleno en las condiciones de vida: celdas abarrotadas, falta de acceso regular a la comida, restricciones para recibir atención médica o acceder a estudios y trabajos. La gestión penitenciaria en este contexto no solo resulta ineficiente, sino que vulnera de manera sistemática los derechos humanos.

Ante este escenario, trasladar presos de un lugar a otro, construir más cárceles o habilitar más camas no son soluciones reales. Son apenas maniobras para aliviar momentáneamente una presión que seguirá creciendo si no se modifica la lógica de encarcelamiento masivo. La pregunta urgente no es dónde meter a los presos, sino por qué se sigue encarcelando indiscriminadamente, sin políticas que piensen en la proporcionalidad de las penas, en alternativas al encierro y en el respeto a las garantías constitucionales. Resolver el problema de la sobrepoblación carcelaria implica pensar cómo y por qué se deja encerrada a cada vez más personas.

*La autora es coordinadora del equipo de Política criminal y violencia en el encierro del CELS