La presentación judicial busca frenar el vaciamiento de ex centros clandestinos, ante el desfinanciamiento y los despidos por parte del gobierno de Javier Milei.
La presentación se realizó en el juzgado federal 3, de Daniel Rafecas, y 12, de Ariel Lijo, a cargo de las causas circuito ABO y ESMA respectivamente. Allí solicitan que se adopten las medidas necesarias para la preservación de los sitios de memoria de la Ciudad de Buenos Aires (“Club Atlético”, el “Olimpo”, “Automotores Orletti”, “Virrey Cevallos” y la Escuela de Mecánica de Armada) y que se garantice “el adecuado y normal desarrollo de las tareas que se venían llevando adelante allí”.
El pedido de no innovar fue presentado por sobrevivientes y querellantes de las causas por crímenes de lesa humanidad cometidos en los campos de concentración que funcionaron en territorio porteño. Estuvieron acompañados por la legisladora porteña Victoria Montenegro (Unión por la Patria), nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo, las diputadas nacionales Myriam Bregman (FIT) y Paula Penacca ((Unión por la Patria), y por abogados querellantes en estas causas, como Pablo Llonto, Luis Zamora y representantes del CELS.
La preservación de los sitios y las tareas de memoria que se realizan allí se vieron interrumpidas en los últimos meses por el desfinanciamiento de las obras públicas y los despidos masivos realizados por la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Alberto Baños, de quien depende la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria.
Esta área, a cargo del cuidado, gestión, señalización y difusión de los espacios, fue una de las más afectadas por los despidos realizados en julio, con 27 trabajadores y trabajadoras echados que se ocupaban de las actividades pedagógicas, de la conservación y preservación de los ex centros clandestinos de detención, arquitectos, personal de mantenimiento, entre otros.
Si bien esta semana se lograron revertir la mayoría de esos despidos porque impedía que los espacios funcionaras, con cada vencimiento de contratos (fueron postergados por tres meses) hay riesgo de que la situación se repita.
La medida de no innovar pedida busca que se prohíba modificar, alterar, destruir o introducir cambios en la construcción edilicia de los sitios y que se adopten las medidas necesarias para mantener en sus puestos de trabajos a las y los trabajadores.
En el texto destacan que el Estado debe garantizar la preservación a los fines de facilitar las investigaciones judiciales y la preservación de la memoria de lo acontecido durante la última dictadura cívico militar. Recuerda también las obligaciones que establece la ley 26.691 a la Secretaría de Derechos Humanos en el mantenimiento, preservación, señalización y difusión de los ex centros clandestinos de detención que funcionan como espacios de memoria y las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino y que están consagrados en la Constitución.
Abrazo solidario
En este contexto, la Comisión de Trabajo y Consenso del ex CCDTyE “Club Atlético” realiza este sábado un abrazo solidario “en apoyo a las políticas públicas de Memoria, contra los despidos y el vaciamiento de los Espacios para la Memoria y la Secretaría de Derechos Humanos”.
Se realizará a partir de las 12 en la Plaza “30.000 Compañeros”, Paseo Colón entre San Juan y Cochabamba, ubicada frente al sitio donde funcionó “Club Atlético”. Habrá música en vivo, una radio abierta, actividades artísticas, rifas, cantina solidaria y visitas guiadas al espacio. En caso de lluvia, se pasa para el domingo.
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