Desde la Procuración Penitenciaria Nacional alertan un ajuste de trabajadores en el área.
En la misma línea que la promulgación de la Ley de Salud Mental de 2010, dos años después surgió PRISMA, con el objetivo de brindar un abordaje articulado a la lógica de los Derechos Humanos y con la particularidad diferencial de contar con equipos tratantes civiles no dependientes del sistema penitenciario: sobre todo, trabajadores sociales, psicólogos y psiquiatras; pero también talleristas y terapistas ocupacionales, entre otras especialidades.
“Todos eran contratados por el Ministerio de Justicia, o a través de la Universidad de Buenos Aires, pero como sabemos el presupuesto quedó acotado. La alternativa que nos plantearon fue que de manera alternativa y supuestamente temporaria, estos trabajadores fueran contratados vía el Servicio Penitenciario Federal”, describió Liliana Martínez, jefa del área de Salud Mental de la Procuración.
La salud de los internos no quedó al margen del ajuste general en todas las políticas públicas. En ese marco, las contrataciones por parte del Estado están limitadas a excepción de las fuerzas de seguridad. Por eso, el gesto del Servicio Penitenciario de sumar a su plantel a estos profesionales.
“Algunos especialistas que realizan esta labor con la mayor de las responsabilidades entendieron que al tener que ponerse bajo la conducción del Servicio Penitenciario se trastocaba el espíritu del programa por lo que decidieron dar un paso al costado”, explicó Martínez.
La Procuración detectó una importante merma en la cantidad de especialistas que abordaban esta problemática tanto en lugares de encierro de mujeres como de hombres, entre octubre de 2015 y agosto de 2017.
En la actualidad, PRISMA funciona en el ala norte del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza, donde brinda un servicio de contención las 24 horas del día. Sin embargo, la Procuración alertó sobre la posibilidad de que se discontinúen estas guardias.
Qué dice la Ley
El artículo 7 de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 establece que las personas con padecimientos mentales tienen derecho a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada, a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto con resguardo de su intimidad, siendo reconocido siempre como sujeto de derecho, con el pleno respeto de su vida y libertad de comunicación.
Recomendación del procurador
El 12 de septiembre, el procurador penitenciario nacional Francisco Mugnolo presentó formalmente una recomendación al Ministro de Justicia y Derechos Humanos para “que dentro del plazo de los 30 días hábiles se adopten las medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos de PRISMA, que las medidas que se adopten garanticen la efectiva autonomía funcional del programa y que se vean garantizadas las guardias durante las 24hs”.
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