Tensiones internas; por Claudio Mardones

Luego de la liberación del ex secretario Legal y Técnico Carlos Zanini y del dirigente Luis D’Elia, el Gobierno redoblará la apuesta pública e insistirá con pedir el desafuero de la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Junto a la virulencia que invierten los voceros de la Casa Rosada para señalar a quienes se oponen a desaforar a su antagonista preferida, también reconocen que las salidas recientes de la cárcel los beneficia, porque actualiza la polarización de Cambiemos contra el kirchnerismo. Sin embargo, detrás del discurso oficial evoluciona una sorda interna dentro del Gobierno, disparada por las consecuencias políticas de haber insistido durante años sobre el castigo penal contra los funcionarios que firmaron el 27 de enero de 2013 el memorándum de entendimiento con Irán. El documento, de tres páginas, nunca llegó a aplicarse, pero abría la posibilidad de colaboración de ese país islámico en la investigación por el atentado contra la AMIA, que mató 84 personas el 18 de julio de 1994. El intento por destrabar el caso implicó un giro determinante en la política exterior de Argentina respecto al atentado y desató las presiones del Estado de Israel y de Estados Unidos. En el frente penal las presiones corrieron por cuenta de las entonces diputadas del PRO, como Laura Alonso y Patricia Bullrich, y del entonces fiscal de la Unidad AMIA Alberto Nisman, que fue hallado muerto en su departamento el 18 de enero de 2015.

LILITA EN LAS SOMBRAS

Las heridas abiertas dentro del Gobierno sobre la audacia del oficialismo respecto al Memorandum, fueron desnudadas esta semana en torno a otro punto del caso AMIA que la Casa Rosada prefiere eludir. Las blanqueó el radical Mario Cimadevilla, ex titular de la Unidad AMIA, que denunció penalmente Garavano por “encubrimiento”. El señalamiento apunta al ministro de justicia por desactivar la querella contra los ex fiscales Eamon Mullen y Jose Barbaccia, acusados de participar del pago de coimas y construir pruebas falsas para desviar la investigación del atentado. Con vehemencia el ex senador radical sostiene que “hay información suficiente para acusarlos, no para absolverlos” y acusó a Garavano de protegerlos. En diálogo con este diario, voceros de la diputada nacional Elisa Carrió explicaron que la chaqueña “no sabía que liberaban a Zanini”, pero confirmó que la ofensiva de Cimadevilla cuenta con su apoyo. “Ella siempre lo bancó y todo lo hecho en la unidad fue en ese sentido”, sentenciaron en nombre de la jefa de la Coalición Cívica y socia menor de Cambiemos, que a principios de febrero ya había lanzado su primer dardo envenenado contra Garavano, cuando le pidió a su abogada, Mariana Stilman, que renunciara a la Unidad AMIA ante la decisión de beneficiar a Mullen y Barbaccia. “No formamos parte ni del amiguismo, ni del nepotismo, ni de encubrimiento judicial alguno”, dijo Carriò en un tono idéntico al que disparó el radical esta semana, por la misma razón.

Por el contrario, dentro de la Casa Rosada interpretan que Cimadevilla “está despechado por que cesó su función en la Unidad AMIA” y dudaron sobre el apoyo de Lilita a la embestida del radical, que resistió su salida del cargo, hasta que el presidente Mauricio Macri respaldó el pedido de Garavano. Cerca del ministro se despegan de impacto negativo sobre la liberación de Zanini y D’Elía y argumentaron que se habría solucionado con la celeridad del proceso, algo que no sucedió. “Las prisiones preventivas deberían enmarcarse más en pautas objetivas, así lo venimos planteando desde justicia 2020. En este caso lo importante es que si han cometido un delito la causa sea elevada a juicio lo antes posible para poder determinar su inocencia o culpabilidad. El revés en todo caso se da dentro de la justicia por las posiciones disímiles qué hay, pero también muestra que los jueces trabajan sin presiones y con total independencia”, espetaron desde la cartera judicial.

EL FACTOR EDWARD

 Las dos liberaciones que los voceros de la Rosada simulan celebrar, pronostica un derrotero judicial declinante para los deseos de Cambiemos. Pero lo que suceda dentro del expediente, originalmente instruido por el juez federal Claudio Bonadìo, no tendrá correlato con el discurso público altisonante que adoptará el Gobierno contra CFK. Una parte de esa artillería ya fue disparada por Garavano y dentro de pocas semanas contará con la presencia del ex juez texano Edward Charles Prado, que esta semana fue confirmado por el Senado norteamericano como nuevo embajador de los Estados Unidos en Argentina. El magistrado, que no registra antecedentes diplomáticos, fue nominado por el mandatario Donald Trump para administrar la relación bilateral con Macri y uno de sus objetivos, según reconoció durante la interpelación que ofreció en el Capitolio, será reclamar justicia en el caso Nisman. “Tuve la oportunidad de viajar a la Argentina en numerosas ocasiones. Di conferencias y participé de talleres en todo el país, e hice amigos dentro de la comunidad jurídica de Argentina”, señaló el ex juez en referencia a Garavano, a quien conoce desde hace años por los programas de intercambio bilaterales en materia judicial promovidos por los Departamentos de Estado y Justicia. “Conozco la importancia del estado de derecho y cuán importante puede ser un Poder Judicial fuerte e independiente para que un país tenga una democracia sólida. Mi intención es continuar trabajando con los abogados y jueces de la Argentina para mejorar el sistema judicial y fortalecer la confianza de la gente en el sistema judicial”, aseguró el flamante diplomático, que agregó otra promesa que pasó inadvertida para la prensa local. “Como hijo de un veterano de la Segunda Guerra Mundial y personalmente, reservista retirado del Ejército, aprecio la importancia de una fuerza militar fuerte y nuestro compromiso con un mundo democrático libre de la amenaza del terrorismo. Nuestro apoyo a las fuerzas militares de Argentina debe continuar”, aseguró Prado para anticipar los intereses de la Casa Blanca y pronosticar una posible ofensiva, bajo bandera estrellada, para borrar cualquier huella del Memorandum.