El gremio advierte que el agua “es un derecho humano esencial y un bien social que debe estar bajo la órbita del Estado, con gestión profesional y participación activa de sus trabajadores y trabajadoras”.
El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) salió de ese modo al cruce de la Resolución 1198/2025 del Ministerio de Economía, publicada ayer en el Boletín Oficial, que inició el proceso de venta del 90% de las acciones de la compañía al sector privado.
En un comunicado con la firma de su titular, José Luis Lingeri, se afirma que el Gobierno dio a conocer cifras y conclusiones “erróneas” expresando que “la gestión estatal de AySA ha sido ‘ineficiente y costosa’, ubicándola como ‘el segundo peor operador de la región’ en base a un cuadro comparativo”.
“Dicho indicador mide únicamente (el área de) la cobertura, sin considerar la calidad ni la performance en la operación del servicio. De este modo, se inducen conclusiones erróneas que no reflejan el verdadero trabajo y compromiso que día a día sostienen los trabajadores de la empresa”, agrega el escrito gremial.
El sindicato cuestiona además que desde el Gobierno “se mencionan necesidades de inversión por 15.000 millones de dólares y se asegura que el capital privado será la solución”.
“Cabe preguntarse qué grupo empresario estaría dispuesto a invertir semejantes sumas para expandir el servicio, hacia sectores que necesariamente requieren subsidios estatales y que no representan rentabilidad inmediata. La experiencia histórica demuestra que la lógica del mercado no garantiza inclusión, sino que prioriza la rentabilidad por sobre el acceso universal”, afirma el SGBATOS.
El gremio asevera además que “el agua no es una mercancía, es un derecho humano esencial y un bien social que debe estar bajo la órbita del Estado, con gestión profesional y participación activa de sus trabajadores y trabajadoras”.
Afirma asimismo que “sostener que la privatización permitirá llegar a los 5 millones de argentinos sin agua y cloacas carece de sustento real”, y resalta que “en un esquema privatizado, nadie asume la responsabilidad de garantizar el acceso al agua y al saneamiento a la población más vulnerable”.
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