El proyecto que impulsa el ministro de Economía, Sergio Massa, tuvo dictamen en la Cámara de Diputados en febrero de este año y está listo para llegar al recinto en busca de su media sanción.
El proyecto ya tuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Cecilia Moreau, y espera llegar al recinto para obtener media sanción y luego pasar al Senado. Propone la creación de un régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos y otro cambiario específico.
Al respecto, el secretario general de la Asociación Gremial de Computación (AGC), Ezequiel Tosco, afirmó que «es una decisión política muy valiente, que viene a dar respuesta y a ordenar una demanda de hace muchos años».
«El MonoTech permite retener nuestros talentos en el país y, además, al evitar una triangulación financiera, contribuye a la economía nacional y a la acumulación de divisas», destacó Tosco, quien explicó que «se estima que cientos de miles de profesionales que facturan servicios basados en el conocimiento en el exterior se verán beneficiados con esta medida».
Tosco también precisó que «podrán acceder programadores, informáticos, periodistas, docentes universitarios, gamers, arquitectos, guionistas, traductores y todas aquellas trabajadoras y trabajadores que exporten servicios basados en el conocimiento al exterior».
Además señaló: «Los requisitos para incorporarse serán residir en Argentina, ser persona humana y que los ingresos de los últimos 12 meses sean inferiores o iguales a una de las tres categorías dispuestas para el nuevo monotributo de hasta u$s10.000, u$s20.000 o u$s30.000 anuales».
Según el último informe del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) del Ministerio de Economía, «a fines de 2022 se registraron 142.647 puestos de trabajo en informática con un crecimiento interanual del 6,3%».
«Este es el sector más dinámico dentro de los servicios basados en el conocimiento, un área estratégica para el país que crece ininterrumpidamente», indicó el CEP XXI.
Los dispuso el juez Amarante, previo al pago de 30 millones de pesos como garantía.
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