Un cambio que no respeta las leyes

ARSAT se creó en el año 2006 por la ley 26.092. Durante ocho años, mediante la Ley de Presupuesto, se asignaron recursos a la empresa para proteger las posiciones orbitales, diseñar y fabricar los satélites ARSAT-1 y ARSAT-2. El Plan de la empresa para el período 2015-2035, cuyo primer hito era el ARSAT-3, fue aprobado por la ley 27.208 en el año 2015, luego de que se cumpliera la ley de creación de la empresa. Tres mandatos presidenciales, dos leyes y 600 millones de dólares de inversión: ¿No es evidente que hay que pasar por el Congreso de la Nación para modificar el rumbo de la Política Satelital?

ARSAT, luego del lanzamiento del segundo satélite de la flota el 30 de septiembre de 2015, se transformó en un operador satelital con la capacidad de ofrecer sus servicios en todo el continente Americano, desde la Península Antártica hasta Canadá. Su Plan (aprobado por Ley) además establece que el operador tiene que llevar su flota de dos a seis satélites buscando nuevos mercados para sus servicios. ¿Cual es la necesidad de armar una nueva empresa que compita contra la propia ARSAT con servicios en Argentina?

En tan solo un año y medio de existencia del Ministerio de Comunicaciones, 14 satélites de bandera extranjera fueron autorizados a operar en el país, se suspendió con excusas vagas el desarrollo del Plan Satelital Geoestacionario y se intentó avanzar en una privatización a la cual se llamó con el eufemismo de “asociación estratégica”. Ningún programa, iniciativa o idea nueva.

La reacción de la sociedad fue contundente, principalmente por la ilegalidad en la que esta inmerso este acuerdo y también por lo escandaloso de una asociación innecesaria de estas características con una empresa privada extranjera.  Es hora de que quienes tienen la responsailidad de gobernar y dirigir el rumbo del operador satelital nacional muestren a la sociedad cual es realmente su política en materia de comunicaciones satelitales y que la lleven adelante respetando las leyes de nuestro país.