Un crédito blando del Estado salvó la primera privatización de Milei

El Ministerio de Economía tuvo que salir a comprometer $ 56.000 millones en financiamiento del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para que la primera licitación privatizadora que llevó a cabo no fracasara.

Se trató de la licitación de las rutas 12 y 14 (las rutas del Mercosur), además de otros tramos menores incluido el puente Rosario Victoria. Los sobres se abrieron el martes pasado. Autovía Construcciones, del Grupo Cartellone, ganó el tramo principal, que incluía las rutas 12 y 14, mientras que Obrint se quedó con el puente Rosario-Victoria.

Con esos fondos asegurados apenas 48 horas antes de la apertura de los sobres para determinara al ganador de la compulsa, la cartera de Luis Caputo se aseguró que siete empresas presentaran sus ofertas. De todas formas, la cifra es baja respecto del total de 18 firmas que Economía dejó trascender como interesadas en participar.

Pero la principal vía para captar a los privados fue el financiamiento que ofreció el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

La importancia del ingreso del BICE en la compulsa queda claro al corroborar que esos $ 56.000 millones equivalen al 70% del monto que el concesionario debía mostrar como capital para las obras a ejecutar. El BICE presentó un esquema fiduciario de garantía y fondeo para las empresas adjudicatarias con una tasa de interés UVA más un 2% y con plazos de hasta seis años para el repago y un año de gracia. La tasa que cobrará el BICE es menor a la que pagan, por ejemplo, las personas que toman deuda para créditos hipotecarios a 25 o 30 años.

Sin ese fondeo estatal proveniente de un organismo que dirige el propio Ministerio de Economía, interesado en que la licitación tuviera un ganador y no quedara desierta, la compulsa hubiera fracasado. Esto porque el problema de las firmas de obra pública era que no querían poner su propio capital en juego y tampoco conseguían financiamiento a tasas bajas. La causa del problema financiero era la fuerte volatilidad financiera y cambiaria que se observó desde julio, con tasas de interés locales que se fueron por arriba del 100% y un riesgo país en torno de los 1500 puntos básicos. El triunfo del oficialismo en las elecciones de medio término cambió en parte la ecuación (tasas más bajas y menor riesgo país) pero no llegó a tiempo como para impactar en la licitación.

Desde una empresa constructora que no participó en la licitación le dijeron a Tiempo que el ministro Luis Caputo apuró la licitación y el ingreso del BICE para mostrar un «logro» cuando aún no están dadas las condiciones financieras para que el mercado financie un plan de obras viales de esta magnitud.

Eso explicaría por qué Caputo enfatizó en sus redes sociales el hecho de que la entrega a los privados se haría “sin subsidios, con inversión privada y con mejores rutas”. Ese es el relato oficial que no se condice con la realidad. En el mismo sentido se pronunció el ganador del tramo que cubre el puente Rosario-Victoria, de poco más de 60 kilómetros. Franco Gagliardo, titular de la constructora Obrint, aseguró: “No hemos tenido ningún contacto con el banco. Tenemos versiones periodísticas de ese tema. Y en esa misma versión, se habla de un monto muy chico comparado con la inversión que hay que hacer. En la oferta que hicimos, no lo tuvimos en cuenta”.

Causa cuadernos

Tanto el Grupo Cartellone, propietario de la firma Autovía Construcciones, como Obrint están involucradas en la causa cuadernos.

Cartellone es uno de los principales contratistas del Estado involucrados en esa causa que arrancó justamente esta semana y que tiene por principal imputada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Desde un sector del gobierno se impulsó la especie de que esta decisión no era inevitable y que su responsable era el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien flexibilizó al máximo los antecedentes para ofertar en esas concesiones.

La patria contratista que denunció el entonces presidente Raúl Alfonsín sigue tan vigente como hace 40 años.