El ex presidente brasileño, su esposa y otras seis personas fueron denunciados por supuestos delitos en el marco de la operación Lava Jato.
Lula, de 70 años y presidente de Brasil entre 2003 y 2010, es investigado en esta causa por supuestamente haber recibido «ventajas indebidas» con la reforma de un apartamento triplex en el balneario de Guaruja (San Pablo) construido por la empresa OAS, una de las principales involucradas en esa red de corrupción, según publicó la estatal Agencia Brasil al igual que otros grandes medios brasileños.
La denuncia, presentada por el Ministerio Público Federal de la ciudad de Curitiba, quedó ahora a decisión del juez federal Sergio Moro, a quien Lula acusó por «abuso de autoridad» ante la comisión de derechos humanos de la ONU.
Los delitos de corrupción y lavado de dinero que los fiscales y la policía federal le atribuyen a Lula están vinculados con un departamento en el balneario de Guarujá, del cual el ex mandatario niega ser el titular pero que estuvo a punto de comprar mediante la cooperativa del sindicato de los bancarios.
El edificio frente al mar fue comprado luego por la empresa de ingeniería OAS, cuyo dueño hizo refacciones en un departamento del cual el ex presidente y su esposa decidieron no comprar.
El dueño de OAS, Leo Pinheiro, que también fue denunciado, se encuentra preso y se ha prestado a un acuerdo de delación premiada ante el juez Moro por haber corrompido políticos en el caso del escándalo de Petrobras.
Entre los denunciados están otros tres ex empleados de la empresa constructora OAS y el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamotto, según una lista de los incriminados por los fiscales de la Operación Lava Jato a la que accedió Télam.
«Desde el 30 de enero pasado Lula hizo públicos documentos que prueban que él no es dueño del apartamento en Guarujá. Lula estuvo una vez en el edificio cuando su familia evaluaba comprar el inmueble. Jamás fue propietario de ese departamento ni durmió una noche en el departamento que desesperadamente el equipo de la Lava Jato intenta atribuirle al ex presidente», publicó el perfil del ex mandatario en Facebook.
Desde el Partido de los Trabajadores, el diputado Paulo Pimenta acusó a los fiscales y al juez Moro de «intentar bloquear electoralmente a Lula para 2018».
«Ellos no se detendrán hasta que no lo dejen ser candidato cuando Lula es la gran alternativa popular del país. Ellos saben que no alcanza con sacar a Dilma Rousseff o anular el PT. Ellos temen el arrastre popular de Lula y esta maniobra judicial es una jugada mediática para modelar el escenario político», dijo Pimenta en una de las primeras reacciones sobre el caso.
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