El crimen de Walter Bulacio y el fin de la inocencia en el rock

Por: Sergio Arboleya

El adolescente había ido a ver a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota cuando fue detenido en una razzia en el Estadio Obras. Su muerte expuso prácticas policiales aberrantes. A 35 años de los hechos, la represión estatal vive otra etapa de auge.

“Yo sabía / Yo sabía / que a Walter / lo mató la Policía” es canto, grito de guerra, santo y seña en recitales, canchas y movilizaciones desde que el joven de 17 años murió el 26 de abril de 1991, hace 35 años, en el Sanatorio Mitre. Fue producto de un traumatismo de cráneo por las golpizas recibidas una semana antes en la Comisaría 35° de Núñez, tras una larga y tortuosa noche de detenciones arbitrarias en el contexto de un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el Estadio Obras, en ese mismo barrio.

Los Redondos hacía menos de un año y medio que habían concretado el paso de tocar en Obras debido a la creciente popularidad de una banda de la que Walter era fanático. Junto a un grupo de amigos de Aldo Bonzi, oeste del Conurbano Bonaerense, alquilaron un colectivo para llegar a la zona norte de la Capital y ser parte de otra de las misas rockeras y populares. Algunos ya tenían su entrada comprada y otros, Walter Bulacio entre ellos, iban a adquirirla en las boleterías del estadio.

Ya no había tickets disponibles y pibas y pibes pugnaban por conseguir acceso, a la vez que un gigantesco operativo policial combinaba negocios, racismo y violencia para seguir poniendo en cuestión cualquier noción de lo que se supone es la vida en democracia. Desgraciadamente, más o menos como sucede hoy día.

La razzia en las inmediaciones de Obras y en al menos un bar que no pagaba adicionales a la comisaría levantó a un centenar de personas, varias de ellas menores como Walter, que fueron llevadas a la seccional de la calle Cuba, a poco más de diez cuadras de donde se desarrollaba el recital.

La abogada María del Carmen Verdú, impulsora de la organización CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional), que justamente se conformó a partir del asesinato de Bulacio, señala en su libro Represión en democracia (2009) que “el comisario Miguel Ángel Espósito golpeó a Walter en la cabeza con el machete reglamentario del agente Atienza” mientras el grupo era conducido por un pasillo de la dependencia hacia la denominada “Sala de Menores”, un eufemismo que solamente por un cartel indicador se diferencia de una celda común. En una pared del calabozo, alguno de los pibes escribió: “Jorge, Walter, Kiko, Erik, Leo, Nico, Nazareno, Betu y Héctor. CAIMOS POR ESTAR PARADOS. 19/4/91”, según consta en una fotografía del expediente.

Walter Bulacio.

Hoy, consultada por Tiempo, Verdú indica que “el crimen de Walter impactó fuerte por una serie de circunstancias completamente aleatorias, fundamentalmente su condición de alumno de un colegio secundario de la ciudad de Buenos Aires, lo que llevó a los diarios a titular ‘Agoniza el estudiante detenido en el recital de Los Redondos’. Entonces, esa combinación de estudiante secundario y recital de rock —donde podía estar el hijo o el nieto de la señora que leía el diario mientras le ponían los ruleros en la peluquería— hizo que se generase un impacto muy fuerte a nivel social en sectores que no se venían preocupando tanto por este tipo de situaciones. También resultó determinante que estuvieran empezando a reestructurarse los organismos gremiales del movimiento estudiantil, tanto secundario como universitario, y Walter encarnó la bandera ideal para movilizaciones de 10 mil pibes. Así que el principal balance a 35 años de ese asesinato es el saldo organizativo que generó y la apertura de cierta conciencia en materia antirrepresiva”.

Por su parte, la abogada, escritora y magíster en Criminología Claudia Cesaroni considera que el impacto en torno al asesinato de Bulacio tuvo que ver con el hecho de haber sido visto como “víctima inocente”. “En un contexto de años donde se multiplican cientos de casos de pibes muertos y la justificación es que quisieron robar o huyeron de un control como si eso los hiciera merecedores de ser matados por la policía, la situación de Bulacio es, entre comillas, que él no estaba haciendo nada. Que era inocente, lo que lo convirtió en una víctima atípica”, explica la cofundadora del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC).

Cesaroni advierte que más allá de esa caracterización social para con el crimen de Walter, “es evidente que está lleno de esas víctimas de la violencia estatal y pareciera haber un acuerdo terrible que considera que hay vidas que no valen nada y por eso hay pibes y pibas de los barrios más pobres que padecen el hostigamiento policial del otro Estado, porque el de la escuela, la salud y la vivienda digna no les llegó nunca o les llegó mal”.

Los padres y la abuela de Walter se pusieron la causa al hombro y, acompañados por Verdú y la naciente CORREPI (“tuvimos que formar un nuevo grupo porque los organismos de derechos humanos existentes no tomaban como propios los casos de fusilamientos, gatillo fácil, muertes bajo custodia y detenciones arbitrarias”, especifica la abogada), debieron elaborar una larga serie de presentaciones para enfrentar distintas etapas del proceso judicial, entre ellas la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en septiembre de 2003 condenó a la Argentina a indemnizar a la familia y a “concluir la investigación y sancionar a los responsables”.

Gracias a ese fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió continuar con el proceso judicial que finalmente llegó a juicio oral en 2013, cuando el comisario Espósito fue condenado a tres años y medio de prisión en suspenso, por lo que nunca perdió su libertad.

El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado argentino en 2003.

Acerca de ese agotador procedimiento que en los hechos no consiguió modificar para bien los usos y costumbres policiales en materia de abusos y atribuciones, la mentora de CORREPI repone un suceso ligado a la causa que pinta sin eufemismos la lógica imperante.

“Cuando finalmente se llevó a juicio a Espósito y, de acuerdo a la normativa, el presidente del tribunal interroga al imputado sobre sus condiciones personales, le preguntó cuáles eran sus medios de vida llevando años exonerado de la fuerza, a lo que el excomisario respondió que vivía de la pensión de la mujer. ‘Pero cómo, ¿su mujer es viuda de otra persona?’, le insistió el juez, y Espósito le dijo: ‘No, no, la pensión de la Policía Federal’. Y la explicación de esa situación es que al estar exonerado de la Federal, administrativamente cuenta como muerto y entonces la mujer cobraba la pensión y seguía teniendo la obra social. Exactamente lo mismo que si estuviera retirado”.

Desde un presente surcado por el auge de prácticas y políticas represivas, Cesaroni da cuenta de ese retroceso e indica “la ilegalidad que tienen, por ejemplo, los operativos donde se les pide el DNI a las personas. Pero existe una institucionalidad que sostiene y habilita esa ilegalidad”.

La autora de libros como Masacre en el Pabellón Séptimo y 1973-1983: Crecer en tiempos turbulentos. Diarios y recuerdos, ejemplifica al respecto que “en el tema de la baja de la edad de punibilidad no solamente no hemos sido capaces de construir un consenso para derogar una ley de la dictadura sino que ahora llegó un gobierno filo-fascista capaz de imponer una baja aún mayor y le cumple el sueño húmedo a la derecha”.

Con similar perspectiva, Verdú aporta que “inclusive desde el punto de vista normativo, sobre todo en estos últimos dos años de la mano de las políticas de Milei y su banda, todas las facultades represivas han sido ampliadas al infinito con leyes, decretos y resoluciones. Objetivamente las policías tienen todavía mayor cantidad de facultades discrecionales para interceptar personas, identificarlas, revisarles las pertenencias, preguntarles a dónde van o de dónde vienen y, si se les da la gana, detenerlas, lo cual claramente implica que la situación está peor”.«

“Con Milei, las policías tienen todavía mayor cantidad de facultades discrecionales para detener personas”.



La familia Bulacio y una herida que nunca se cerró

“Me pasé más de 30 años de mi vida peleándome con el Indio porque en esto Los Redondos solamente sirvieron para joder y no aparecieron ni una sola vez”, resume María del Carmen Verdú acerca del popular grupo que Walter quiso ir a ver a Obras.

Dos años después del asesinato de Bulacio, el conjunto emitió una solicitada que se difundió en la revista Pan y Circo y en el programa radial Piso 93 de la Rock & Pop.

“Desde siempre hemos preferido no televisar nuestros sentimientos, así como tampoco propiciar vínculos institucionales que actúen como mediadores en nuestras relaciones de exclusivo carácter emotivo… Reclamos como el que hoy nos ocupa son una pulseada de todos los días, de muchos años, y no de ambigüedades ni de conversaciones condicionadas por el lugar que se ocupará en la estampita social… Deberemos reunir una inmensa cantidad de amor. Deberemos proteger nuestro sistema emocional, pues el amor está desamparado donde la política es la que manda”, expresaba la carta abierta de Los Redondos en una declaración mucho más larga, pero enteramente críptica.

En abril de 2001 y entrevistada por la colega Analía Crivello para el suplemento Sí del diario Clarín, María Ramona Armas de Bulacio (fallecida en 2014 a los 85 años) se refirió con dolor al hecho de que Solari dedicara “Juguetes perdidos” a la memoria de Walter en unos recitales de Los Redondos en Montevideo: “Los Redonditos fueron unos malditos porque cuando estábamos velando a Walter ni siquiera una flor mandaron. Y también son raros porque los chicos viven para ellos pero no les importan nada”, resumió con rabia.

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