Walter Correa: “Lo que empezó la dictadura es lo que quiere terminar Milei”

Por: Jorgelina Naveiro

El ministro de Trabajo bonaerense reafirma la posición de rechazo categórico del gobierno provincial a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional. Su lectura política y el debate dentro del PJ.

El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, habló con Tiempo sobre la reforma laboral que impulsa la administración nacional. Reiteró el rechazo categórico al proyecto y aseguró que es “inconstitucional”. También detalló los proyectos de ley que la Provincia presentó como contracara de esa iniciativa -uno para descomprimir el sistema de juicios laborales y otro para regular el trabajo en plataformas digitales- y condenó el intento de derogar estatutos históricos como el del periodista.

Además, el funcionario de Axel Kicillof se metió de lleno en la rosca política. Habló del armado nacional del Movimiento Derecho al Futuro y de la interna por la conducción del PJ bonaerense, donde respaldó el liderazgo del gobernador. “Lo que se tenía que dirimir ya se dirimió el 7 de septiembre”, disparó.

Foto: Edgardo Gómez

–¿Cuáles son los argumentos desde el Ministerio de Trabajo contra la reforma laboral de Milei?

-El gobernador ya fijó posición respecto de la reforma, que atenta contra de los derechos laborales de los trabajadores, que se mete también con la cuestión impositiva y que daña el proceso jubilatorio de los trabajadores. Nosotros desde el Ministerio elaboramos un documento -que se va a presentar en breve- en el que decimos que viola la Constitución Nacional y que ninguno de los 197 artículos que tiene la reforma beneficia al trabajador o a la trabajadora sino todo lo contrario. Lo que hace este gobierno en términos políticos es llevarnos a una neocolonia y, en términos laborales, a un preperonismo donde el trabajador pierde, no tiene derechos. Por esto el rechazo de la provincia es categórico.

-¿Ese documento va a salir en los próximos días?

-Sí. Nosotros lo que planteamos en este documento es que lo que comenzó la dictadura militar en 1976, violando los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, interviniendo los sindicatos, persiguiendo a los trabajadores y trabajadoras, porque de los 30 mil detenidos desaparecidos, más del 60% eran referentes de los trabajadores, es lo que quiere terminar el presidente Milei después de 50 años.

Foto: Edgardo Gómez

-¿Qué opinan de la jornada laboral que propone la reforma?

-Nosotros estamos dispuestos a discutir, pero en el contexto de la realidad. En Europa se disminuyó la jornada semanal y en la jornada se bajó a 40 horas semanales; en Brasil se viene disminuyendo la jornada. Ahora están en 42 horas semanales. El gobierno de Colombia anunció que a partir de este año habrá 40 horas semanales y en Chile ya tienen 40 horas. Bueno, la derecha nos quiere llevar al preperonismo, a la neocolonia, y nosotros en Argentina tenemos la Ley 11.544 que habla de «hasta 48 horas semanales». Discutamos todo lo que tengamos que discutir. La provincia está dispuesta a debatir, pero siempre en el contexto de, como decía Perón, la realidad efectiva.

-En la reforma hay un ataque directo al rol de los gremios. ¿Qué plantean para contrarrestar esto desde la provincia?

-Mi posición como militante peronista es que la columna vertebral del movimiento peronista son los trabajadores y las trabajadoras. Nuestra esencia como peronistas, nuestro acto fundacional, el 17 de octubre, no fue un acto electoral, no fue una rosca política, fue un acto revolucionario en defensa de los derechos, en defensa de un líder que era Juan Domingo Perón. La médula del movimiento son los trabajadores y las trabajadoras y por eso el ataque a sus organizaciones es sistemático desde que asumió Milei y con el mismo criterio que usaba la dictadura militar. Con esta ley, Milei desfinancia, ataca, quiere dividir a las organizaciones sindicales. No les reconoce derechos que están en la Constitución.

Foto: Edgardo Gómez

-Desde Trabajo se presentaron dos proyectos para regular dos ejes de la reforma. Uno para evitar los juicios y otro para regular el trabajo de plataformas. ¿En qué consisten las iniciativas?

-El año pasado presentamos un proyecto de ley que propone la Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial (ICLOP), con la que pretendemos evitar el juicio laboral ya que hoy en la provincia hay un cuello de botella de cien mil juicios laborales. Lo que decimos es que esta instancia obligatoria va a generar en la articulación de ida y vuelta en 45 días la posibilidad de que se resuelvan en instancia administrativa las acreencias que el compañero, la compañera están reclamando desde sus haberes hasta su indemnización. Tenemos estadísticas y también la experiencia del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), cuando funcionaba, que muestran que sirve. Es importante destacar que las tres centrales sindicales, la mayoría de los colegios de abogados de la provincia y un sector importante de pequeñas y medianas empresas apoyan este proyecto. O sea que, ante lo que manifiesta Milei, nosotros le contestamos desde los hechos: esto está presentado en la Legislatura.

-¿Y el proyecto para regular el trabajo de plataformas en qué consiste?

-La reforma de Milei descarta a los trabajadores por medio de plataformas, mientras que nosotros tenemos un proyecto ajustado a las recomendaciones de la OIT. Nosotros participamos -ante la ausencia de la Secretaría de Trabajo de Nación- en la primera plenaria mundial que hizo la organización en la que se debatió por los trabajadores por medio de plataforma y generamos este proyecto conforme a ese criterio.

Foto: Edgardo Gómez

-El proyecto del gobierno nacional plantea la derogación del estatuto del periodista. ¿Cuál es su opinión?

–Hay cuestiones que son emblemáticas, no solamente representa un ataque sistemático a los trabajadores sino que también hay un mensaje político. Y ese mensaje político es el estatuto del periodista, el estatuto del peón rural. Son cuestiones muy propias, muy históricas en las que la derecha no sólo quiere sacar los derechos sino anular una historia de reconocimiento histórico. «

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