Los demandantes informaron que no pretenden administrar la petrolera, aunque insisten en que el país deposite un respaldo financiero. El gobierno de EE.UU. ratificó su apoyo a la posición argentina.

La presentación coincidió con el respaldo del gobierno de EE.UU. a la Argentina, que solicitó suspender la entrega de las acciones dispuesta por Preska el 30 de junio. El Departamento de Justicia estadounidense ya había apoyado la postura argentina en noviembre de 2024, argumentando que la transferencia de acciones podría afectar intereses estratégicos. Los demandantes, no obstante, rechazan una apelación sin garantía, alegando que sin ella sería difícil ejecutar el fallo si Argentina pierde.
Los fondos buscan un mecanismo para devolver las acciones en caso de recibirlas, según consta en el documento judicial. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito debe decidir ahora si admite la apelación argentina sin el requisito de la garantía. De rechazarla, se abriría la posibilidad de embargar activos del país en el exterior, una medida que el gobierno intenta evitar con el respaldo diplomático de Washington.
El fallo de Preska obliga a Argentina a pagar US$16.000 millones por no haber realizado una oferta pública al expropiar YPF en 2012. El Estado apeló, pero el proceso requiere una garantía para seguir su curso, algo que los demandantes consideran imprescindible. Mientras tanto, el gobierno argentino insiste en que la entrega de acciones afectaría su soberanía energética.
El caso sigue en debate, con la Corte de Nueva York como árbitro clave. La decisión sobre la garantía financiera marcará el rumbo de los próximos pasos, mientras ambas partes ajustan sus estrategias legales. El apoyo de EE.UU. refuerza la posición argentina, pero no garantiza un resultado favorable, en un litigio que ya acumula más de una década.
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