Uno de los grupos que porfió duramente con el gobierno argentino en el proceso de reestructuración de los bonos de la deuda pública salió a cuestionar la política económica local y a pedir un cambio de rumbo de las autoridades.

Se trata del Exchange Bondholder, en el que se agrupan varios fondos de inversión como Monarch, Paloma Partners, VR Capital y Redwood Capital, entre otros. En un duro comunicado, reclamaron que “Argentina aún no ha empezado a tomarse en serio los compromisos que adquirió con los acreedores durante las negociaciones de la deuda” y exigieron de manera perentoria un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

“Un programa del FMI es la única fuente probable de anclajes políticos y un marco creíble a medio plazo que pueda aportar estabilidad. Sin embargo, el Gobierno parece estar contemplando seriamente la posibilidad de retrasar un acuerdo con el FMI para tener la libertad de continuar con sus políticas insostenibles aún más tiempo”, dice el texto.

La frase parece hacerse eco de ciertos rumores sobre tironeos internos en el Frente de Todos a la hora de fijar la estrategia para renegociar la deuda por U$S 44 mil millones. Esta semana, el negociador argentino ante la entidad, Sergio Chodos, señaló que “no me parece que sea una fatalidad” si el convenio no se cierra para mayo, como lo había estimado el ministro de Economía, Martín Guzmán.

El Exchange Bondholder es uno de los tres grupos en que se habían nucleado los bonistas institucionales con mayor cantidad de títulos argentinos en su cartera. Después de casi cinco meses, durante los cuales consiguieron que Guzmán elevara el valor presente de los bonos ofrecidos de 39% a 54% de su valor nominal, aceptaron canjear sus tenencias por otros títulos con intereses muchos más bajos y cuyos primeros vencimientos de capital recién tienen lugar en 2025. A pesar de que la operación ahuyentaba los temores de un default, la cotización de los nuevos bonos sigue deprimida: desde su emisión bajaron un 30% promedio en dólares. El riesgo país se mantiene en alrededor de 1.500 puntos.

El diagnóstico de Wall Street es que la desconfianza sobre Argentina se mantiene y eso impide que los bonos levanten su precio hasta niveles que permitan hacer una buena diferencia. Por eso, con la asesoría de Dennis Hranitzky (un abogado curtido en este tipo de duelos al más alto nivel), el grupo salió a criticar el actual rumbo económico y marcarle la cancha al gobierno, con apreciaciones que exceden claramente su rol de acreedores.

Entre otras cosas, criticó la emisión monetaria, la pauta inflacionaria oficial del 29%, la limitación a las exportaciones de maíz para asegurar el abastecimiento interno y la reestructuración de la deuda de YPF. También se quejaron el congelamiento de las tarifas de gas y electricidad, justo cuando el gobierno llamó a una audiencia pública para tratar su actualización. En ninguno de esos casos, el comunicado dio señal de interés por las consecuencias internas, para el país y sus habitantes, de tomar o descartar esas medidas.

En todo caso, el acuerdo con el Fondo Monetario que tanto reclaman los acreedores no parece lejano ni mucho menos. El vocero del organismo, Gerry Rice, dijo hace pocos días que “los intercambios entre la Argentina y el equipo del FMI siguen adelante” y que “haremos todo lo que podamos” para cumplir con la meta de cerrar el nuevo programa en mayo.