Diez de las 14 provincias argentinas que emitieron bonos en dólares lograron acuerdos con sus acreedores que les permitieron reestructurar esas deudas para evitar la cesación de pagos o para salir de ella. La última fue Buenos Aires, cuyo pasivo en dólares representaba casi la mitad de ese conjunto de jurisdicciones: la administración de Axel Kicillof anunció este miércoles un preacuerdo con GoldenTree Assets Management, el fondo de inversión que posee la mayor parte de sus títulos públicos.

Los papeles bonaerenses dejaron de ser pagados a comienzos de 2020, cuando Kicillof llamó a un canje que fue rechazado por los acreedores. En ese momento totalizaban U$S 7148 millones, aunque a esa suma hay que agregarles alrededor de U$S 650 millones en concepto de intereses impagos.

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De esa manera, después de casi un año y medio de negociaciones y 19 prórrogas al plazo de vencimiento de la propuesta de canje, Buenos Aires se sumó a la huella que ya habían abierto Córdoba, Neuquén, Río Negro, Chubut, Mendoza y Salta. En los últimos meses se unieron Entre Ríos, Jujuy y Chaco. Entre ellas suman unos U$S 13.000 millones.

De las otras cuatro jurisdicciones, hay dos que vienen cumpliendo normalmente sus obligaciones. Son la Ciudad de Buenos Aires, que tiene vigentes dos series de sus bonos Tango por U$S 1060 millones, y Santa Fe, con dos bonos de vencimiento en 2023 y 2027 por U$S 500 millones.

La situación es más complicada para La Rioja, que ya fue demandada en los tribunales de Nueva York por la falta de pago de bonos por U$S 200 millones que caducan en 2025 y pagan tasas de interés altísimas (9,75% anual). En tanto, Tierra del Fuego tiene una situación peculiar: gracias a un fideicomiso formado por regalías petroleras, viene cumpliendo con los pagos trimestrales de su TdF 2027 y ya canceló el 17,5% del capital; así y todo, las autoridades fueguinas abrieron una renegociación, por ahora sin éxito, en la que piden reducir a la mitad las tasas y postergar la amortización al menos hasta 2023.

Discusiones bajo la lupa

Todos los procesos de reestructuración fueron seguidos muy de cerca por el Ministerio de Economía. Para ese fin armó una Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, a cargo de Rafael Brigo, desde la que se bajó línea para una estrategia en común: buscar una reducción en las tasas de interés y un período de tres o cuatro años para iniciar las cancelaciones de capital, siguiendo el modelo de la reestructuración que la Nación logró con sus propios acreedores privados.

De acuerdo a las planillas que manejan Brigo y sus colaboradores, de la deuda por todo concepto que tienen las provincias, que equivale a U$S 24.278 millones, el 65% (U$S 15.824 millones) son bonos bajo legislación extranjera. También hay otros U$S 2479 millones en manos de acreedores privados, correspondientes a letras y otros instrumentos bajo legislación local. Dos tercios de esa deuda con privados (U$S 11.824 millones) fue tomada en el período 2016-2019, imitando la conducta que desde el poder central siguió el macrismo para financiar su déficit con endeudamiento en dólares. 

Para Economía, teniendo en cuenta la escasez de divisas, es esencial disminuir todo flujo de dólares que salga del país en el futuro inmediato. Por eso celebran que las cuatro refinanciaciones logradas el año pasado (por Mendoza, Chubut, Neuquén y Río Negro) hayan significado un alivio financiero de U$S 1028 millones para el período 2020-2024. “Resulta esencial entender las reestructuraciones de deuda provincial en el marco de la disponibilidad agregada de reservas internacionales, entendiendo las implicancias de la restricción externa presente a nivel nacional”, explican los documentos de la Unidad.

Todavía falta

A pesar del anuncio, la renegociación de la deuda bonaerense aún no está cerrada. GoldenTree dio su visto bueno, pero otros fondos de inversión creen que la oferta podría ser mejor. La expectativa oficial es lograr un umbral de aceptación por parte de los tenedores del 75% del capital para que se activen las cláusulas de acción colectiva y el canje sea forzoso para todos los acreedores. El plazo para adherir vence el 13 de agosto.

Si se concreta, los papeles en default serían reemplazados por nuevos bonos con vigencia hasta 2035 y 2037, con tasas de interés más bajas (5,6% anual promedio) y dos años y medio de gracia (hasta marzo de 2024). El cálculo preliminar es que el gobierno provincial se ahorraría en los próximos tres años un monto de U$S 4450 millones, más de la mitad del capital impago.