La sequía es el cisne negro de la economía argentina. No tanto porque fue sorpresiva sino por su profundidad y consecuencias: afectará, y mucho, al nivel de actividad, a los ingresos fiscales y el valor de las exportaciones.

Además, cayó sobre números de la economía que ya venían complicados desde antes, por la persistente inflación y una disminución, cada vez más notoria, del impulso de la actividad.

En el gobierno oscilan entre remarcar que se trata del peor evento climático de su tipo de los últimos 100 años y relativizar sus efectos concretos. Ayer, el ministro de Economía, Sergio Massa, mostró esa fluctuación al remarcar ambas facetas en una entrevista radial.

Pero lo cierto es que los efectos de la sequía serán profundos. Uno de los cálculos más escuchados sobre la caída de la actividad económica fue el que hizo dos semanas atrás la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que grosso modo ubicó ese daño en unos 3 puntos del Producto Interno Bruto (PIB, la riqueza generada en el país a lo largo de un año), equivalente a unos U$S 19.000 millones (casi 4 billones de pesos al tipo de cambio mayorista del viernes pasado).

La BCR detalló que esta caída en valor estaría compuesta por unos U$S 14.140 millones (3 billones de pesos) perdidos en los granos de soja, maíz y trigo que no se cosecharán porque los cultivos se malograron por la falta de agua, y otros U$S 5000 millones derivados del “efecto pobreza”: como la cosecha será menor, los emprendimientos agropecuarios demandarán menos contratistas para levantarla, menos fletes para transportarla y menos servicios financieros para comercializarla. Y, en simultáneo, los productores reducirán sus consumos de bienes.

Respecto a las exportaciones, la BCR calculó una merma de unos U$S 14.000 millones en relación a lo que se proyectó al momento de la siembra de soja y maíz. En 2022, el conjunto de la actividad agropecuaria exportó por unos U$S 55.000 millones. Se trata de un golpe muy fuerte contra una economía que tiene por uno de sus principales problemas la falta de dólares.

Como consecuencia de esa retracción en las ventas externas de granos y subproductos, la recaudación por retenciones podría caer en medio billón de pesos, dijo la BCR. Para tener una magnitud del derrumbe hay que considerar que, en 2022, ese impuesto dejó en las arcas del Estado 1,65 billones de pesos.

Pero la caída de la actividad económica por la sequía podría implicar una merma en los ingresos fiscales por otros $ 750.000 millones por la menor recaudación de ganancias, IVA y otros tributos vinculados al movimiento económico.

La titular del FMI.
Foto: AFP

Presión devaluatoria

Para Hernán Letcher, economista y referente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la sequía tiene múltiples impactos. “Pega en distintos aspectos: en el PIB del sector, en el PIB del resto de los sectores de la economía en la medida que no se tenga dólares para atender su demanda, en tensiones cambiarias (e inflacionarias) y en el desafío de cumplir las metas de reservas y fiscal exigidas por el FMI”, dijo a Tiempo.

La tensión cambiaria es la que picó en punta. La dolarización de carteras se vio con claridad en marzo, luego de un febrero relativamente tranquilo. Los dólares financieros, que se consiguen con los bonos que cotizan en pesos y dólares, pegaron un salto fuerte.

El llamado contado con liquidación (CCL, operación por la cual los dólares terminan depositados en una cuenta en el exterior), saltó un 10,14% en solo los primeros 15 días de este mes. La operación de pesificación de los bonos en dólares en manos de los organismos estatales redujo algo la presión y el precio terminó bajando un 3,3% en el cierre del jueves 23, último día hábil de la semana.

En tanto, el dólar MEP (mercado electrónico de pagos: los dólares quedan depositados en una cuenta local) rebotó casi un 9% en el mismo lapso, la primera quincena de marzo. Luego retrocedió un 3,35% por el anuncio del canje de bonos pergeñado por Economía.

Estos porcentajes contrastan con la suba del 10% del dólar mayorista a lo largo de febrero y marzo.

Fuentes oficiales apuntaron que el dinero para dolarizar salió de fondos comunes de inversión nominados en pesos. En la Argentina, el grueso de estos fondos está invertido en bonos. A lo largo de febrero y la primera semana de marzo, crecieron a un ritmo promedio de $ 45.000 millones semanales. El 8 de ese mes, sumaban $ 2,35 billones. Pero a partir de ese momento, el flujo de pesos que alimentó esta variante de inversión cayó radicalmente. Sumaron $ 20.769 millones en esa semana y luego a apenas $ 14.716 millones en la siguiente.

En la entrevista de ayer, los periodistas de radio Mitre le plantearon tres veces a Massa la necesidad de una devaluación brusca del peso. El ministro respondió que no está en sus planes hacer eso y que, por el contrario, apuesta a la estabilidad del conjunto de variables macroeconómicas, que se verían alteradas por una devaluación importante.

Massa relativizó el impacto de la sequía en el tipo de cambio y aseguró que con la finalización del gasoducto Néstor Kirchner más las compras más baratas de gas licuado en el exterior se producirá un ahorro de U$S 3800 millones. Y a ello sumó los portes de los bancos multilaterales, de los que espera entre U$S 1700 y U$S 2400 millones por encima de lo presupuestado en este año.

Alternativa

Claudio Lozano, exdirector del Banco Nación y exintegrante del Frente de Todos, observó que “la situación que plantea la sequía indica que uno tiene que renegociar todas las metas del acuerdo con el Fondo Monetario y, en tanto no se haga, se debe incumplir el acuerdo».

El economista -que es precandidato a presidente por Unidad Popular- expresó que no alcanza con que el FMI entienda que la Argentina no va a cumplir con las metas de reservas. “No tiene sentido que se mantenga el objetivo del déficit en el 1,9%”, aseguró al evaluar que la caída de la actividad y de las exportaciones derivarán en una menor recaudación. “El gobierno se compromete a multiplicar la reducción del gasto y al hacerlo, no hace otra cosa que profundizar la caída de la actividad, es decir se hace más profunda y se acentúa el cuadro recesivo y la recaudación cae aún más”, explicó.

Lozano advirtió que la decisión de pesificar los bonos en poder de los organismos estatales «es la forma que tiene el gobierno para cumplir el acuerdo» porque los objetivos son dos: reducir la brecha entre el dólar oficial y los paralelos y financiar el déficit. «El FMI propone un suicidio político al gobierno», concluyó.