Según datos difundidos esta semana por el Indec relativos al tercer trimestre de 2020, en un año, se destruyeron 1,9 millones de puestos de trabajo en la Argentina.

La cifra que surge de la Cuenta de Generación de Ingresos (CGII) representa una caída del 9,2% con relación al tercer trimestre de 2019 e incluye tanto a los trabajadores asalariados registrados y no registrados como también a los cuentapropistas.

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

La cifra es inmensa aunque ya está reflejando una recuperación con relación al segundo trimestre del año, cuando el impacto de la pandemia paralizó casi en su totalidad al aparato productivo y los servicios. Allí la destrucción de puestos con relación al mismo período del año anterior había alcanzado los 3,45 millones.

Con todo, a la hora de analizar los datos en forma desglosada, surge que en el segmento de los asalariados registrados la caída en el tercer trimestre fue muy inferior a la registrada en promedio. Allí el retroceso fue del 3,3% cuando en el sector informal se destruyeron casi dos de cada diez puestos (18,8%) y el 12,2% entre los cuentapropistas.

Este solo dato sirve para refutar los argumentos que sostienen que una mayor flexibilización de las relaciones laborales serviría para promover la creación de empleo.

Pero además, en este contexto, dan cuenta al menos en forma parcial del alcance de las medidas que se han tomado para evitar los despidos durante la pandemia. Tanto la prohibición de los despidos y la doble indemnización como su complemento bajo la forma de subsidios a empresas como los ATP.

Sin embargo, los 355 mil puestos registrados que se perdieron en términos netos reflejan, además de los cierres de empresas (alrededor de 17 mil bajas registró la Afip en 2020), los mecanismos de elusión de la normativa que elaboraron las empresas como las renuncias inducidas que ya explican más del 50% de las bajas.

Prórroga

Ante esta situación y en medio de la negociación con el FMI que tiene como uno de sus ejes la austeridad fiscal, el gobierno ya definió el rumbo de profundizar la reconversión de las ATP a las menos onerosas Repro así como seguir disminuyendo la cantidad de empresas beneficiarias por un lado y, por el otro, y  mediante un nuevo decreto publicado ayer  en Boletín Oficial un nuevo decreto que relanza gran parte de la normativa laboral protectoria extraordinaria cuya vigencia expiró o estaba a punto de hacerlo.

El decreto extiende la prohibición de los despidos por 90 días más y ratifica la doble indemnización hasta fin de año aunque  sujeta también a una suerte de sintonía fina en la medida en que, sobre la segunda mitad, ahora, rige un tope de $ 500 mil.

La medida incluye también la extensión de la cobertura de las ART por Covid-19 que, luego de atender más de 213 mil contagios, había quedado sin efecto el 8 de enero último.

Para un lado y para el otro

Así las cosas, y apostando a un rebote de la economía, mientras reduce los fondos destinados al sostenimiento de las empresas el gobierno busca, como contrapartida, desarmar en forma paulatina la normativa protectoria del empleo y las condiciones laborales al mismo tiempo que, según la visión de dirigentes de la Asociación de Abogados Laboralistas, reglamentó la Ley de Teletrabajo en forma regresiva y sin fecha cierta de entrada en vigor.

La decisión de encomendar a la cartera laboral disponer la fecha a partir de la cual empezarán a correr los 90 días para que entre en vigencia contrasta con el cese de la obligatoriedad de las ART para dar cobertura por Covid-19 que expiró 60 días después del 8 de noviembre, cuando se dejó sin efecto el Aislamiento Social para dar lugar al Distanciamiento.

Estas medidas habían cosechado críticas de los laboralistas y los gremios al igual que la resolución que dispuso la suspensión del cese de la dispensa laboral para el cuidado de personas.

En la misma línea, León Piasek, dirigente de la Asociación de Abogados Laboralistas, criticó el alcance del nuevo decreto: “Sigue la prohibición de despidos, que es muy importante, pero este tope que pusieron en la ahora mal llamada ‘doble’ indemnización favorece a los empleadores que, de todas maneras, han despedido durante la prohibición”. Es que, explicó, “el tope de $ 500 mil es muy bajo. Es falso, como dicen, que es para los gerentes. Un trabajador que cobra $ 60 mil con 30 años de antigüedad debería cobrar $ 1,8 millones más, que ahora bajan a $ 500 mil”.

El representante legal de varios sindicatos agregó que “también condiciona acuerdos y retiros voluntarios”.

Por último, opinó: “Si las condiciones de desempleo en el mercado laboral que estuvieron vigentes cuando se estableció la doble indemnización no se han modificado, e incluso se han agravado, no hay ningún fundamento para topear la doble indemnización”.

El gobierno enfrenta otra vez la disyuntiva de la frazada corta. Con la crisis económica en curso y el FMI monitoreando el déficit fiscal resulta una quimera satisfacer los reclamos empresarios sin avanzar sobre los trabajadores. «

Otorgaron $ 228 millones a las obras sociales

La CGT puso el grito en el cielo cuando, desde el ala kirchnerista del gobierno se dio a conocer un proyecto elaborado por el Instituto Patria que promovía una reforma del sistema de salud.

Más allá de los detalles, en líneas generales, y en boca de la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la idea de fondo era “ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

La sola mención del proyecto rápidamente produjo el rechazo de los representantes de la salud privada como Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud, que solicitó una entrevista personal con el presidente, quien desestimó toda forma de estatización.

Del otro lado, los dirigentes de la CGT, mediante un comunicado titulado “La salud de los trabajadores”, reivindicaron las prestaciones de las obras sociales sindicales durante la pandemia y aprovecharon el entuerto para reclamar más fondos para su financiamiento.

El viernes se conoció la resolución 163/2021 de la Superintendencia de Servicios de Salud, que liberó fondos por casi $ 228 millones destinados a “garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de salud” y el pago en tiempo y forma a los prestadores. «