La vorágine de la crisis cambiaria se llevó puestos los tiempos establecidos en el acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Por eso, el waiver que las autoridades económicas especulaban solicitar a comienzos de 2019, si la situación se complicaba, será pedido en el último trimestre de este año. Y en los hechos el organismo ya lo aceptó incluso antes de que se formulara, autorizando a obrar en disonancia de lo que disponía el pacto aprobado hace menos de dos meses.
En concreto, el waiver (pedido de perdón o de dispensa por el incumplimiento de una de las cláusulas pactadas) estará relacionado con la disminución de las reservas del Banco Central por debajo de los límites convenidos. Ese fue el recurso al que se acudió para iniciar el rescate masivo de las Lebac (letras del BCRA), otra de las exhortaciones que el FMI había formulado en las negociaciones realizadas en Washington y que finalizaron en el otorgamiento del préstamo stand by, el 20 de junio pasado.
El mecanismo aprobado en un principio consistía en que el Tesoro emitiera deuda para rescatar los títulos que le había entregado en préstamo al Central en los últimos años y que el ente regulador usara esos fondos para rescatar las letras. Pero las altas tasas de interés que debió convalidar Hacienda en las últimas colocaciones de bonos, al igual que las que exigieron algunos bancos extranjeros a los que consultó Luis Caputo, titular del BCRA, convencieron al gobierno de que era mejor echar mano a las reservas internacionales. La decisión venía madurando desde hace diez días pero fue tomada recién esta última semana, en coincidencia (se sabe, no hay mucho margen para las casualidades en estos temas) con la visita del staff técnico del FMI, liderado por el italiano Roberto Cardarelli, que llegó para revisar la situación macroeconómica antes de habilitar una nueva cuota del préstamo stand by por U$S 2900 millones.
Bajo la atenta mirada de Cardarelli y sus compañeros de misión, el Central renovó menos del 40% de las letras que vencieron esta semana y así bajó el stock de esos títulos de $ 976 mil millones a $ 649 mil millones. Para absorber el sobrante, el BCRA vendió U$S 981 millones en cuatro subastas y puso a disposición títulos de corto y mediano plazo (Leliq y Nobac, respectivamente) para los bancos, a los que también les subió los encajes. Al mismo tiempo, Hacienda anunció nuevas emisiones de Letes con vencimiento en noviembre y en marzo, con tasas de hasta 3% mensual.
Las medidas no alcanzaron para frenar la cotización del dólar, que esta semana trepó otro 2% y se mostró cómodo por arriba de los 30 pesos. El cierre minorista del viernes fue de $ 30,42. Los analistas estiman que todavía hay unos $ 70 mil millones dando vueltas tras el desarme de las Lebac y por eso esta semana habrá nuevas colocaciones de Letes tratando de disminuir nuevas presiones sobre la divisa.
El saldo de esta historia es que las reservas internacionales quedaron en U$S 54.792 millones. El acuerdo con el Fondo establecía taxativamente que las reservas del Central debían crecer U$S 5500 millones con relación al 4 de junio, fecha de corte para evaluar la situación del banco, y tenían que mantenerse así hasta fin de año. El viernes ese piso fue perforado en U$S 636 millones. Ese es el waiver que deberá pedir Caputo y que Cardarelli seguramente ya le notificó a su directora, Christine Lagarde.
Para subsanar esa falencia, Caputo ya hizo contactos con el Banco de la República Popular China para ampliar el swap de divisas: los asiáticos enviarán yuanes por U$S 4000 millones y Argentina remitirá pesos por una suma equivalente. Se trata de una operación declarativa, que engrosará de manera artificial las reservas de ambos bancos pero no producirá efectos prácticos. Por eso el FMI no la tendrá en cuenta. De todas maneras, la necesidad política de respaldar al gobierno argentino llevará a que el Fondo haga la vista gorda y otorgue el waiver que se solicitará antes de fin de año. «
Sube el pago de intereses
El gobierno celebró una nueva baja del déficit primario. En el informe del Ministerio de Hacienda sobre el balance de la administración pública en el mes de julio se consigna que el saldo negativo fue de $ 14.280 millones y se redujo un 35% con relación al mismo mes del año pasado. En el acumulado de 2018 el rojo fiscal es del 0,9%, un tercio del fijado como objetivo para todo el año. Todo indica que las metas serán sobrecumplidas.
Sin embargo, lo que el gobierno dejó en segundo plano en su relato es que el peso de los intereses de la deuda no para de crecer. Por ese concepto se fueron el mes pasado $ 48.100 millones, un 352% más que el mismo período de 2017. La explicación fue que se realizaron algunos pagos pendientes del mes anterior, al igual que un vencimiento correspondiente a títulos emitidos en enero de este año.
Tanto en la formulación de sus programas como en las rendiciones de cuentas, el gobierno prioriza el resultado primario (ingresos menos egresos), siendo que el financiero (que incluye los intereses de la deuda pública) es el que mejor refleja los flujos de fondos y las disponibilidades netas del gobierno para sus necesidades del gobierno. Como consecuencia del fuerte endeudamiento al que apeló la gestión de Cambiemos desde que llegó al poder, el peso de ambos ítems fue cambiando. Entre enero y julio del año pasado, el déficit financiero fue del 2,8% del PBI, de los cuales el 60% se debía al desequilibrio fiscal. En los siete primeros meses de este año el rojo total fue del 2,4% del PBI, de los cuales 1,5 puntos son por los pagos a acreedores.
